En el Departamento de Justicia, la Sección de Vivienda y Cumplimiento de la Ley Civil de la División de Derechos Civiles entabla acciones legales en representación de los Estados Unidos para velar por el cumplimiento de la Ley de Vivienda Justa (en inglés), la cual prohíbe discriminación por motivo de raza, color de piel, religión, origen nacional, sexo, incapacidad y condición familiar. La ley autoriza al Departamento de Justicia a entablar acciones judiciales cuando las investigaciones muestran evidencia de un patrón o práctica de discriminación ilegal en el acceso a la vivienda.

En 1991, la División de Derechos Civiles estableció un programa de prueba de vivienda justa dentro de la Sección de Vivienda y Cumplimiento de la Ley Civil y empezó a operar en 1992. La prueba consiste en el uso de individuos quienes, sin intención de alquilar o comprar una casa, apartamento u otra vivienda, fingen ser presuntos compradores o arrendatarios de bienes raíces con el objeto de conseguir información que pueda indicar si un proveedor de vivienda está cumpliendo con las leyes de vivienda justa. El interés principal del programa de prueba de vivienda justa de la Sección ha sido descubrir la discriminación ilegal en la vivienda por motivo de raza, origen nacional, incapacidad o condición familiar. La Sección también tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento del Título II de la Ley de Derechos Civiles del 1964 (en inglés), la ley sobre alojamientos públicos de la nación y, de vez en cuando, ha puesto a prueba a lugares de alojamiento público.

La Sección se vale de varios medios para lograr llevar a cabo la prueba en las comunidades locales, incluyendo contratos con organizaciones privadas para la vivienda justa, contratos con individuos y utilizando empleados del Departamento de Justicia que no son abogados, en todo el país. Los empleados del Departamento de Justicia son voluntarios que han sido entrenados para participar como ejecutores de prueba. Desde 1992, el programa de prueba ha reclutado y entrenado a más de 1000 empleados de varios componentes del Departamento de Justicia de todas partes de la nación para que participen como ejecutores de prueba.

En los últimos 16 años, el Departamento de Justicia ha entablado 85 casos de patrón y práctica de discriminación gracias a la evidencia directa del programa de prueba de vivienda justa. La gran mayoría de casos entablados hasta la fecha se basan en la evidencia de la prueba que incluye alegaciones de que agentes presentaban falsa disponibilidad de la unidades de alquiler u ofrecían términos y condiciones diferentes tomando como fundamento la raza y/o origen nacional y/o la condición familiar del presunto comprador o arrendatario. Se han resuelto 82 casos de los 85 casos radicados. De los 82 casos resueltos, el Departamento de Justicia ha recuperado más de $12,000,000, incluyendo más de $2,000,000 en multas civiles y más de $10,500,000 en otras indemnizaciones por daños y perjuicios.

El Departamento de Justicia ha demostrado que esta prueba puede ser una herramienta útil para investigar las prácticas del mercado de vivienda y documentar la discriminación ilegal en el acceso a la misma. El programa de prueba ha mejorado la capacidad del Departamento de Justicia para identificar y objetar a prácticas discriminatorias en el acceso a la vivienda que aún persisten en el alquiler y venta de viviendas.