¿Qué está haciendo el Departamento de Justicia con Respecto al Telemercadeo Fraudulento?
Desde fines de la década del 70, el Departamento de Justicia ha demostrado un interés sostenido y creciente en enjuiciar los casos de telemercadeo fraudulento. En especial, desde 1992, el Departamento ha invertido tiempo y recursos significativos en investigar y enjuiciar el telemercadeo fraudulento por todos los Estados Unidos. En dos operaciones secretas significativas, Operation Disconnect y Operation Senior Sentinel, el Departamento inició acciones penal contra más de 1.300 telemarketers fraudulentos. Muchos de estos casos han tenido como resultado sentencias que incluyeron no solo tiempos de encarcelación significativos, sino también órdenes o restituciones y confiscaciones significativas para maximizar la recuperación de las pérdidas sufridas por las víctimas.
El Departamento también ha presentado numerosas acciones civiles en años recientes contra empresas que han violado las normas de la Comisión Federal de Comercio que regula a los telemarketers. Dichas acciones han resultado en la imposición de penalidades civiles y numerosas órdenes judiciales que prohíben las tácticas comerciales injustas. La personas que violan dichas órdenes están sujetas a sanciones por desacato que consisten en multas o encarcelamiento.
Asimismo, el Departamento tiene fuerte interés en ampliar sus esfuerzos educativos y de prevención asociados al telemercadeo fraudulento. Además de participar en con debates y reuniones constantes con organizaciones públicas y del sector privado empeñadas en combatir el telemercadeo fraudulento, ha financiado proyectos para capacitar a fiscales e investigadores, asistir a las víctimas del telemercadeo fraudulento e instruir al público en general sobre el problema.
Coacción
El Departamento de Justicia lleva a cabo litigaciones tanto penales como civiles para combatir el telemercadeo fraudulento. Las Fiscalías Federales en todo el país, así como la Sección de fraudes de la División de lo Penal del Departamento, han tenido éxito en enjuiciar muchos casos penales contra telemarketers fraudulentos en la década del 90. La Oficina de Litigación pertinente al Consumidor de la División de lo Penal, la que conduce tanto litigaciones civiles como penales en casos asociados a consumidores, también ha enjuiciado casos de telemercadeo fraudulento, según se detalla a continuación.
En una acusación formal de telemercadeo fraudulento típico en el que un jurado federal emitiría un veredicto, el Departamento de Justicia incluye acusaciones de violación de leyes de orden penal, tales como el fraude telegráfico (18 U.S.C. § 1343), fraude postal (18 U.S.C. § 1341) y asociación delictuosa para cometer fraude telegráfico y postal (18 U.S.C. § 371). Cada una de estas leyes conlleva una pena máxima de cinco años de prisión. Debido a que los propietarios y operadores de ardides de telemercadeo suelen utilizar el producto del ardid para promover el ardid -- por ejemplo, pagar los costos de sus actividades comerciales de telemercadeo, tales como el pago de sueldos y alquilar y compras de "pistas" y "pequeños obsequios" -- el Departamento, cada vez más, incluye acusaciones de violación de las leyes federales de lavado de dinero (18 U.S.C. §§ 1956 y 1957). Cada una de estas últimas leyes conlleva una pena máxima de veinte años y diez años de prisión, respectivamente, y proporciona al Departamento el fundamento para obtener la confiscación de los bienes de los telemarketers. En ciertos casos en los que los telemarketers fraudulentos han engañado a los bancos al solicitar cuentas de comerciante para procesar los cargos de tarjeta de crédito de las víctimas, el Departamento también ha acusado a los telemarketers de fraude a institución financiera (18 U.S.C. § 1344). Dicha ley conlleva una pena máxima de 30 años de prisión.
Asimismo, de acuerdo con una ley promulgada en 1994 como parte de la Ley de Ciudadanos de Edad Avanzada contra las Estafas de Mercadeo (Senior Citizens Against Marketing Scams Act) (18 U.S.C. § 2326), los tribunales federales pueden imponer una pena adicional de hasta cinco años en los casos en que se ha cometido fraude postal, telegráfico o bancario en conexión con la realización telemercadeo, y puede imponer una pena adicional de hasta diez años de prisión, si el delito tuvo como objetivo a personas de 55 años de edad o más o si victimizó a diez o más personas de 55 años de edad o más. A partir de marzo de 1998, la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos está estudiando, actualmente, si aumentar las directrices para sentencias en casos de telemercadeo fraudulento.
Los telemarketers suelen llevar a cabo prácticas injustas que pueden no llegar a ser contravenciones penales, pero que, de todas maneras, perjudican a los consumidores. En dichos casos, la Oficina de Litigación pertinente al Consumidor suele iniciar litigaciones civiles a pedido de la Comisión Federal de Comercio. Dichos casos tienen como objetivo hacer valer las normas de la Comisión Federal de Comercio [Federal Trade Commission (FTC)] que regulan la conducta de los telemarketers. La FTC tiene una norma, la Norma de Ventas por Telemercadeo, que se refiere directamente a los telemarketers. También cuenta con normas, como la Norma de Franquicias, que regula las prácticas de cualquier persona, incluyendo telemarketers, que venda oportunidades de franquicias.
Estas acciones de coacción tienen varias finalidades. En primer lugar, obtienen órdenes judiciales que prohíben la tergiversación de hecho y declaraciones falsas, y exigen que el telemarketer acate la norma de la FTC pertinente. Esto suele acarrear el cierre de operaciones de la empresa. Las empresas que siguen operando deben proporcionar información más completa y precisa a clientes potenciales. En segundo lugar, dichas acciones pueden lograr sanciones civiles o el resarcimiento del consumidor por parte de los infractores, constituyendo formas de disuasión que también pueden beneficiar a las víctimas. En tercer lugar, las personas sujetas a órdenes judiciales corren el riesgo, en estos casos, de acusaciones de desacato civil o penal al tribunal, si desobedecen dichas órdenes. La Oficina de Litigación pertinente al Consumidor y la FTC, a través de la "Operación 'Scofflaw'", término en inglés utilizado para personas que hacen caso omiso de la ley, buscó y obtuvo penas de prisión contra personas que desacatan dichas órdenes.
"Operation Disconnect"
La operación "Operation Disconnect", anunciada el 4 de marzo de 1993, fue la primera operación secreta de alcance nacional que la FBI llevó a cabo contra el telemercadeo fraudulento.
En la operación "Operation Disconnect", agentes secretos de la FBI simularon la venta de una máquina que permitiría a los telemarketers fraudulentos marcar hasta 12.000 llamadas por hora. Dicha máquina hubiera mejorado sustancialmente la capacidad de los ardides de telemercadeo de contactar a grandes cantidades de víctimas potenciales en todos los Estados Unidos. Persuadiendo a los telemarketers fraudulentos de que necesitaban saber exactamente cómo realizaban sus negocios de telemercadeo - incluyendo información específica sobre sus técnicas de telemercadeo más exitosas - los agentes secretos pudieron obtener muchas admisiones perjudiciales y reveladoras de los telemarketers sobre la naturaleza fraudulenta y delictiva de sus actividades comerciales. Como resultado de la operación "Operation Disconnect", varias centenas de telemarketers fraudulentos fueron enjuiciados con éxito y, en algunos casos, recibieron penas de hasta diez años de prisión.
Operation Senior Sentinel
La operación "Operation Senior Sentinel", anunciada el 7 de diciembre de 1995, fue la segunda -- y, hasta la fecha, la mayor -- operación secreta de alcance nacional dirigida al telemercadeo fraudulento.
En la operación "Operation Senior Sentinel", agentes e investigadores federales, quienes se habían hecho cargo de números de teléfono de víctimas reiterativas de ardides de telemercadeo (o establecido identidades secretas de víctimas), grabaron miles de ofrecimientos fraudulentos y engaños y conversaciones de telemarketers fraudulentos. El valor de dichas grabaciones resultó ser incalculable en la determinación de cuáles eran los ardides que más merecían una investigación penal y la provisión de pruebas para órdenes de allanamiento y acusación penal e informaciones asociadas a la contravención delictiva federal. Hasta la fecha, la operación "Operation Senior Sentinel" ha logrado la acusación formal de 1.000 telemarketers fraudulentos de una variedad de delitos federales. En algunos casos, las penas impuestas en los procesos judiciales logrados por la operación "Operation Senior Sentinel" han llegado a 14 años de prisión o más.
Investigaciones y acciones civiles
El Departamento de Justicia tiene la autoridad de pedir interdictos civiles y desagravio asociado contra ardides en curso con la intención de defraudar, y de lograr otros tipos de acción civil asociados al telemercadeo fraudulento. Asimismo, la Comisión Federal de Comercio y los procuradores generales de estado pueden dirigirse al tribunal federal e imponer acciones civiles para hacer valer la Regla de Ventas por Telemercadeo de la FTC.
El Departamento suele trabajar con la Comisión Federal de Comercio en esfuerzos coordinados relativos a casos entablados tanto por la FTC como por el Departamento, así como en casos entablados por diversas autoridades estatales. Ejemplos de los mismos incluyen las operaciones "Operation Telesweep" (dirigida a vendedores de oportunidades de negocios), "Trade Name Game" (dirigida a la venda de oportunidades de negocios asociadas a marcas conocidas) y "Eraser" (dirigida a empresas de reparación de crédito). Cada una de estas empresas-objetivo, las cuales operan, principalmente, a través de números 800 y publicidad en Internet, vendían productos o servicios a las personas que llamaban, sin cumplir con las leyes y reglas que exigen transacciones justas con los consumidores. En muchos casos, la simple presentación del caso acarreó el cese de operaciones de la empresa, al darse cuenta sus operadores de que no podían obtener ganancias si cumplían con la ley. En otros casos, las operaciones de empresas continuaron; sin embargo, las mismas se vieron obligadas a proporcionar informaciones más completas y precisas a los consumidores.
La educación pública y la prevención
El Departamento de Justicia tiene gran interés en asegurar que el público cuente con protección contra los ardides fraudulentos como el telemercadeo fraudulento. Reconoce que puede promover dicho interés no sólo llevando a los tribunales los casos correspondientes y obteniendo condenas y sanciones contra los telemarketers, sino también promoviendo programas educativos y de prevención eficaces para el público en general. Para tal fin, por ejemplo, el Departamento,a través de su Oficina de Asistencia Judicial [Bureau of Justice Assistance (BJA)] y su Oficina para Víctimas del Delito [Office for Victims of Crime (OVC)], financia proyectos asociados al telemercadeo fraudulento.
Además, ocasionalmente, el Departamento emite informes y prepara declaraciones públicas asociadas al telemercadeo fraudulento. Por ejemplo, en noviembre de 1997, el Departamento compartió la dirección de un Grupo de Trabajo sobre el Telemercadeo Fraudulento bilateral entre Estados Unidos y el Canadá, y emitió un informe al Presidente y el Primer Ministro del Canadá sobre el asunto del telemercadeo fraudulento bilateral. En febrero de 1998, representantes del Departamento y otras organizaciones públicas también declararon ante la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos, la que emite directrices para jueces federal con relación a las condenaciones en casos delictivos asociados al telemercadeo fraudulento. Finalmente, el Departamento suele emitir comunicados de prensa en casos y asuntos asociados al telemercadeo fraudulento.
Publicaciones oficiales del Departamento de Justicia
Grupo de Trabajo sobre el Telemercadeo Fraudulento Estados Unidos-Canadá, Informe sobre el telemercadeo fraudulento bilateral (noviembre de 1997))
Declaraciones del Departamento de Justicia
Testimonio ante el Comité Selecto del Senado de los Estados Unidos para Asuntos de la Vejez (marzo de 1996)
Testimonio ante la Comisión de Condenas de los Estados Unidos (febrero de 1998) |