El Departamento de Justicia anunció el lunes que ha entablado un pleito que alega que un administrador de propiedad en Chicopee, Massachusetts, vulneró la ley de Vivienda Justa al someter a inquilinas al acoso sexual. 

La demanda, que se presentó ante el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Massachusetts, alega que Salazar dos Santos, administrador de propiedades residenciales de alquiler en Chicopee, Massachusetts, acosó sexualmente a inquilinas en múltiples ocasiones desde al menos el 2008.

Según la demanda, dos Santos, sometió a las inquilinas a contacto sexual no deseado, lo que incluyó coaccionarlas a practicar sexo oral y tocar partes íntimas de sus cuerpos. Más aún, la demanda alega que dos Santo expuso sus genitales a inquilinas, encerró a inquilinas en su oficina, realizó ofertas implícitas de conceder beneficios tangibles –tales como planes de pago del alquiler, a cambio de participar en actos sexuales con él— y amenazó a inquilinas que resistieron o que se opusieron a su acoso sexual no deseado. Se alega que los dueños de las propiedades, dos fideicomisos familiares, son responsables de la conducta de Salazar dos Santos.

«Ninguna mujer que busque una vivienda segura y asequible debe enfrentarse a solicitudes de sexo, avances sexuales, toques no deseados y amenazas. Tales conductas abusivas por parte de propietarios y administradores de propiedad vulneran las leyes federales y conmocionan la conciencia de todos», declaró Eric Dreiband, el Fiscal General Auxiliar de la División de Derechos Civiles. «La ley de Vivienda Justa protege a las inquilinas del acoso sexual y amenazas a manos de sus proveedores de vivienda, y el Departamento de Justicia trabajará con determinación para hacer que depredadores como este rindan cuentas y para obtener alivio para las víctimas».

«Nadie debe verse forzado a realizar favores sexuales o de otra forma soportar el acoso sexual a cambio de una vivienda», afirmó Andrew E. Lelling, el Fiscal Federal para el Distrito de Massachusetts. «El acoso sexual es, en virtud de la ley de Vivienda Justa, ilegal, y especialmente durante un período de mayor desocupación y estrés financiero, mi oficina trabajará sin tregua para hacer cumplir esta ley, con el fin de proteger a mujeres trabajadoras y otras personas que se ven sometidas a este tipo de conducta».

El pleito de hoy pide daños monetarios para compensar a las víctimas, sanciones civiles para vindicar el interés público y una orden judicial que impide futura discriminación. La demanda contiene alegaciones de conducta ilegal; tales alegaciones deben ser probadas ante un tribunal federal.

El pleito de hoy es el vigésimo que se ha presentado desde que se lanzó, en el 2017, la Iniciativa contra el Acoso Sexual en la Vivienda del Departamento de Justicia. La iniciativa representa un esfuerzo por combatir el acoso sexual en la vivienda. Está dirigida por la División de Derechos Civiles y cuenta con el apoyo de las Fiscalías Federales por todo el país. Hace poco, el Fiscal General  este reafirmó este compromiso al instruir al Departamento de Justicia que implemente todas las herramientas de aplicación de la ley disponibles contra cualquiera que intenta aprovechar la crisis de COVID-19 acosando sexualmente a personas que necesitan una vivienda. El objetivo de la iniciativa del Departamento es abordar el acoso sexual por parte de propietarios, administradores de propiedad, trabajadores de mantenimiento, prestamistas y otras personas que controlan la vivienda. Como parte de la iniciativa, el Departamento de Justicia desarrolló un mensaje de interés público «con subtítulos en español» y formó un grupo de trabajo conjunto con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. para combatir el acoso sexual en la vivienda.

Solo en este último año, el Departamento entabló más pleitos por acoso sexual –ocho– que en cualquier otro año. Los veinte pleitos entablados en los últimos tres años demuestran el compromiso del Departamento con hacer cumplir activamente la ley de Vivienda Justa para así poner fin a la conducta depredadora y vindicar los derechos de las personas que están siendo abusadas por sus propietarios y administradores de propiedad. Los pleitos se han entablado en diferentes estados por todo el país, desde California hasta Massachusetts, de Alabama a Kentucky, en comunidades rurales y centros urbanos, en edificios de apartamentos y casas móviles, en casas al tipo de mercado y viviendas subsidiadas. El Departamento de Justicia seguirá persiguiendo estos casos por todo el país y, en su caso, colaborará con asociaciones federales, estatales y locales para llevar a los responsables a la justicia.

La ley federal de Vivienda Justa prohíbe la discriminación en la vivienda por motivos de raza, color de piel, religión, origen nacional, género, discapacidad o estado familiar. Para más información acerca de la División de Derechos Civiles y las leyes que hace cumplir, vaya a http://www.justice.gov/crt-espanol.

Cualquier individuo en Massachusetts que cree haber sido víctima de acoso sexual o de otro tipo de discriminación en la vivienda en propiedades que pertenecen o que son administradas por dos Santos, o que tenga información adicional que podría ser relevante a este caso, puede comunicarse con la Unidad de Derechos Civiles de la Fiscalía Federal llamando al 888-221-6023 o enviando un correo electrónico a USAMA.CivilRights@usdoj.gov.

Personas por todo el país pueden informar a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de casos de acoso sexual y otras formas de discriminación en la vivienda llamando al (800) 896-7743 o entregando un informe en línea.

Descargar la demanda  (en inglés)