“Si la Primera Enmienda encierra un principio fundamental, es que el gobierno no puede prohibir la expresión de una idea simplemente porque dicha idea le parezca ofensiva o desagradable a la sociedad”
—William J. Brennan, juez del Tribunal Supremo.
Cuando Sol Goldstein se enteró de que el partido Nacional Socialista (nazi) de Estados Unidos iba a organizar una marcha en Skokie, Illinois, en 1977, se sintió indignado.
Sol era un superviviente del Holocausto; uno de los casi 6.000 que hoy viven en Skokie, un tranquilo vecindario a las afueras de Chicago conocido por su gran población de judíos. Muchos residentes, como Goldstein, fueron testigos durante la Segunda Guerra Mundial de la tortura y matanza de sus familiares a manos de los nazis. Por ello, la idea de ver manifestantes luciendo cruces gamadas y botas militares era difícil de soportar.
Goldstein organizó a la comunidad judía para impedir que el ayuntamiento concediera a los nazis un permiso para marchar. De este modo, Goldstein demandó al partido Nacional Socialista de Estados Unidos y fue el principal testigo de la batalla legal que se desató entre la agrupación nazi y el municipio. Sin embargo, a pesar de su testimonio, que daba cuenta de la vida en el campo de concentración y de cómo le afectaría ver los símbolos de la Alemania nazi desplegados por su ciudad, la comunidad judía no pudo impedir que el ayuntamiento les concediera el permiso necesario para marchar.
En una serie de decisiones judiciales que llegaron hasta el Tribunal Supremo, todos los tribunales fallaron a favor de los nazis. Los distintos fallos sostenían que los nacionalsocialistas estaban amparados en el derecho constitucional de manifestarse y de mostrar cruces gamadas y otros símbolos.
Por su parte, los ciudadanos de Skokie estaban devastados. Ellos creían que el propósito del gobierno era protegerlos de los nazis y fanáticos. ¿Cómo podía suceder esto?
“El Congreso no aprobará ninguna ley […] que coarte la libertad de expresión o de prensa; o el derecho del pueblo…” — Constitución de Estados Unidos, Primera Enmienda (1791)
La Primera Enmienda
La Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos prohíbe al gobierno federal limitar la libertad de expresión o castigar a alguien por lo que haya dicho. En un principio, la Enmienda fue concebida con el fin de proteger el discurso político e que el gobierno clausurara periódicos que expresaran disidencia. Sin embargo, a lo largo del tiempo, el Tribunal Supremo ha interpretado que dentro del discurso protegido también se encuentran comprendidas las marchas, protestas y otras formas de conducta expresiva. El concepto también se ha ampliado a lenguaje de odio y a la conducta ofensiva. Esto significa que no importa cuán ofensivas sean las ideas de una persona o cuán molestas sean sus imágenes, la Primera Enmienda protege a la persona en su derecho a ser escuchada.
Esta es la razón por la que la ciudad de Skokie expidió el permiso a los nazis para marchar. Negarles el derecho a agruparse hubiese sido igual a prohibirles hablar. Ese también es el motivo por el cual aún son legales los mensajes cargados de odio y las organizaciones radicales continúan siendo legales.
Limitar el poder del gobierno
Los fundadores del país desconfiaban del poder del gobierno. La Primera Enmienda fue ratificada justo después de la Constitución con el fin de abordar la preocupación popular sobre la posible supresión que pudiera ejercer el gobierno sobre los disidentes políticos.
“La libertad de expresión es un pilar principal de un gobierno libre”, afirmó Benjamin Franklin, uno de los fundadores y autores de la Constitución. “Cuando se quita este apoyo, la constitución de una sociedad libre se disuelve”.
Como explica Burton Caine, profesor de Derecho de la Universidad de Temple, Filadelfia, una vez que se intenta determinar qué discurso es admisible y qué discurso no lo es, surge la pregunta: ¿Quién es el censor? El poder del gobierno para castigar a las personas por lo que dicen “ha sido utilizado a lo largo de la historia, en todo el mundo” para acabar con los disidentes y dañar a las minorías políticas. Sin embargo, los fundadores nos protegieron de esto, concluye Caine.
La única manera de proteger verdaderamente la libertad de expresión es protegerla para todos, incluso para aquellos cuyas opiniones nos parecen inaceptables. De ese modo, sin importar quien ascienda al poder, el derecho a la libertad de expresión de los manifestantes políticos y de las minorías no puede ser reprimido.
Esta protección se volvió más evidente durante la era de los derechos civiles, cuando los distintos tribunales defendieron el derecho de manifestantes como Martin Luther King Jr. de marchar contra la injusticia y la segregación racial. A pesar de la oposición de los gobiernos locales, los discursos pacifistas de King, las sentadas y las protestas fueron posibles porque la Primera Enmienda restringe la autoridad de esos gobiernos para impedirlos. En muchos casos, anticipando la lógica que permitiría que los nazis marcharan en Skokie, los tribunales determinaron que los municipios no podían negarles a quienes se manifestaban por los derechos civiles que marcharan tan solo porque no les gustaba lo que estas personas decían.
De la calle a la red
En la actualidad, la mayor parte del discurso racista y ofensivo ocurre en Internet. Las redes sociales como Twitter y Facebook enfrentan dificultades para manejar lenguaje de odio en línea, y grupos como el Southern Poverty Law Center (Centro Legal para la Pobreza Sureña, en inglés), un grupo de defensa de los derechos civiles, y la organización de defensores de los musulmanes Muslim Advocates (en inglés), han documentado durante años lenguaje de odio y el racista en línea y han luchado contra ello.
Con todo, al igual que en Skokie, los distintos tribunales han protegido sistemáticamente los derechos de aquellos que realizan comentarios que incitan al odio y que publican imágenes racistas, siempre y cuando su lenguaje no traspase la línea y se convierta en amenazas creíbles de violencia.
El discurso que conduce a la violencia no se encuentra protegido
Sin embargo, a pesar de la Primera Enmienda, los tribunales no protegen toda expresión. La prueba es si el discurso puede derivar en conducta violenta o en otras acciones ilegales. Básicamente, los tribunales han resuelto que si alguien realiza una amenaza directa contra otra persona o si incita a un grupo a cometer un acto inminente de violencia, esa expresión no se encuentra amparada por la ley y, en consecuencia, el gobierno tiene autoridad para intervenir.
Así, por ejemplo, cuando el líder del Ku Klux Klan, una organización racista blanca, pronunció un discurso en Ohio instando a la venganza contra los negros, los judíos y el gobierno de Estados Unidos, el Tribunal Supremo entendió que, puesto que esta persona no estaba amenazando a nadie en particular, no podía ser arrestado por incitar a la violencia.
Pero cuando el Klan amenazó específicamente a una familia negra de Virginia, el Tribunal Supremo consideró que la Primera Enmienda no protegía sus acciones y el gobierno podía, en consecuencia llevar ante la justicia a los ofensores.
Tal como señaló una vez el juez Oliver Wendell Holmes Jr.: “la protección más rigurosa de la libertad de expresión no podría proteger a un hombre si este gritara falsamente ‘fuego’ en un teatro y causara el pánico”. El punto de Holmes: Cuando se genera un “claro y real peligro” para otros mediante las expresiones, estas no se encuentran amparadas por la ley.
Marcar el límite “nunca ha sido fácil y nunca lo será”, afirma John Shuford, quien enseña resolución de conflictos en la Universidad Estatal de Portland en Oregón, y es el fundador del Centro de Investigación de Políticas y Estudios sobre el Odio. “Tenemos que aceptar al a veces desagradable orador y la a veces desagradable premisa de que las personas pueden decir cosas que lastiman y que son incendiarias”, sostiene. Pero también debemos reconocer que cuando las personas traspasan el límite, cuando “van demasiado lejos”, están infringiendo la ley.
Luchar contra el lenguaje ofensivo
La pregunta según Shuford, entonces, es la siguiente: “¿Cómo abordamos de la mejor manera el discurso controvertido, quizá ofensivo, incendiario, pero que no necesariamente cruza la línea de lo que de otro modo sería considerado conducta ilegal?”
La respuesta es el debate intenso, y la idea de que la mejor manera de combatir ideas con las que no se concuerda es proponer las propias.
En esta competencia de ideas, el gobierno no prohíbe el discurso con el que disiente, sino que, por el contrario, garantiza que todos puedan hablar y confrontar las ideas que consideren ofensivas. Al defender los derechos individuales, este enfoque garantiza que todos puedan expresar sus opiniones, sin importar quién esté en el poder.
La comunidad de Skokie no pudo impedir que los nazis obtuvieran su permiso para marchar, pero sí podían asegurarse de que no fueran los únicos en ser escuchados. El municipio trabajó con la comunidad judía en la construcción de un museo del Holocausto para conmemorar a aquellos que habían muerto. De este modo, se aseguraron de que las personas siempre tuvieran presente qué es lo que ocurre cuando la ideología racista no encuentra oposición.
