Many Colombian port workers labor under subcontracting arrangements that can be abusive.

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Just after 6 a.m., a container ship docks at the Buenaventura port in Colombia. At the gate, José shows the receipt for his daylong health insurance coverage to a man behind a makeshift desk. “Okay, you have work today,” says the man.

On paper, this man is José’s employer. But in practice, he has no control over wages or working conditions. He is a so-called “briefcase contractor” – a third-party subcontractor who has no office and owns no equipment. He controls nothing but who works that day.

For putting his safety at risk in a hazardous job without training, José will make less than the daily legal minimum wage of USD $7.45.  Depending on the task, he may have to divide his pay with other workers. He doesn’t have health insurance beyond the one-day policy he bought to work in the port, and no one pays into a pension fund on his behalf. Affiliating with a union will do him little good. How can he bargain effectively for better pay or safer working conditions when his “employer” is little more than a gatekeeper with a briefcase? Yet tomorrow, José will do it all again. In a town with few opportunities, he needs the work.

I’ve met hundreds of workers like José since the Department of Labor’s Bureau of International Labor Affairs sent me to Embassy Bogotá as a labor attaché a year ago. One of my main responsibilities is to monitor and facilitate compliance with the Colombian Action Plan Related to Labor Rights, to help ensure that the government is living up to its commitments to protect the rights of workers as a U.S. trading partner.

Every day I work closely with Colombian government officials, workers, and employers to fight labor violations and find solutions − and we often do. A big part of my job is to encourage clear, formal worker-employer relationships, relationships in which workers can exercise their basic labor rights and get paid the salaries and benefits they’re entitled to by law.

I focus particularly on ports and four other priority sectors identified in the labor action plan: palm, sugar, mines and flowers. In each of these sectors, we see some progress, but we also find workers like José, entangled in intricate, sometimes abusive, subcontracting arrangements. The arrangements have shifted over time, from exploitative cooperatives to other subcontracting forms that have the same effect of undermining rights.

Colombia has been cracking down on abusive cooperatives since the early days of the Labor Action Plan. And Colombia has just issued a new regulation to try to do the same for other abusive subcontracting arrangements. This is an important step. But it will be critical to ensure its implementation. This is where I can help, together with our embassy team and an International Labor Organization technical assistance project – funded by ILAB – that helps the Colombian Ministry of Labor find and fight this kind of abusive subcontracting.  That is where the power of our presence on the ground is indispensable, helping to move forward.

Our ongoing work, five years after the labor action plan was penned, is more important than ever.  Progress has not been easy, but we will keep fighting to ensure that Colombian workers are treated fairly and that our trading partner’s labor commitments are upheld.

Brenna Dougan is a labor attaché with the department's Bureau of International Labor Affairs.

Informes Sobre el Terreno desde Colombia

Por Brenna Dougan

Justo pasadas las 6 de la mañana atraca un buque portacontenedores en el puerto colombiano de Buenaventura. En la puerta del muelle, José le muestra su recibo de cobertura de seguro médico por un día al hombre que está detrás de un improvisado escritorio.  “Okey”, le dice el hombre. “Hoy tienes trabajo”.

Muchos trabajadores de puertos colombianos laboran bajo formas de subcontratación que pueden ser abusivos.

En teoría, este hombre es el empleador de José. Pero en la práctica, no tiene control ni sobre los salarios ni sobre las condiciones laborales. Él es un llamado “contratista de maletín” -un tercerista sin oficina ni propiedad sobre equipos. El no controla nada sino quien trabaja ese día.

Por poner su seguridad en riesgo, en un trabajo riesgoso y sin formación, José ganará menos del salario mínimo legal diario equivalente a unos $7.45. Dependiendo de la tarea, puede que tenga que dividir sus ganancias con otros trabajadores. No tiene seguro médico más allá de la póliza de un día que compró para poder trabajar en el puerto, y nadie le abona el pago de su pensión. Su afiliación a un sindicato no le hará mucho bien. ¿Cómo puede negociar con efectividad por un mejor salario o condiciones de trabajo más seguras cuando su ‘empleador’ es poco más que un portero provisto de un maletín? Pero José volverá a hacerlo de nuevo mañana. En una ciudad con pocas oportunidades, necesita trabajar.

Yo he conocido a cientos de trabajadores como José desde que hace un año la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales (ILAB) del Departamento de Trabajo me envió a trabajar en la embajada en Bogotá como agregada laboral. Una de mis responsabilidades principales es monitorear y facilitar el cumplimiento con el  Plan de Acción de Colombia y Estados Unidos para Derechos Laborales para ayudar a asegurar que el gobierno, como socio comercial de Estados Unidos, esté respondiendo a su compromiso de proteger los derechos de los trabajadores.

Todos los días me mantengo en estrecha colaboración con funcionarios del gobierno colombiano, con trabajadores y con empleadores para luchar contra violaciones laborales y para encontrar soluciones, que a menudo logramos. Una gran parte de mi trabajo consiste en alentar relaciones claras y formales entre trabajadores y empleadores; unas relaciones en las que los trabajadores puedan ejercer sus derechos laborales básicos, y reciban los salarios y beneficios a los que por ley tienen derecho.

Me enfoco en puertos, y los otros cuatro sectores prioritarios identificados en el plan de acción laboral: palma de aceite, azúcar, minas y flores. En cada uno de estos sectores vemos avances pero también encontramos trabajadores como José enmarañados en formas de subcontratación problemáticos y a veces abusivos. Las formas de subcontratación han cambiado con el tiempo, de cooperativas explotadoras a otras formas de subcontratación que tienen el mismo efecto de debilitar los derechos.

Colombia ha estado luchando contra las cooperativas abusivas desde los primeros días del plan de acción laboral. Y el país acaba de emitir una nueva regulación para tratar de hacer lo propio contra otras formas de subcontratación abusivos. Este es un paso importante. Pero será fundamental que se garantice su aplicación. Y es aquí donde podemos ayudar, junto con nuestro equipo de la embajada y el proyecto de asistencia técnica de la Organización Internacional de Trabajo, con fondos de ILAB, que ayuda al Ministerio de Trabajo de Colombia a descubrir y luchar contra las prácticas abusivas de subcontratación.  Es ahí donde, para ayudar a que se avance, el poder de nuestra presencia sobre el terreno es indispensable.

Nuestro trabajo en curso, luego de cinco años de rubricarse el plan de acción laboral, es más importante que nunca. El progreso no ha sido fácil pero seguiremos luchando para asegurar que los trabajadores colombianos sean tratados justamente y para que se cumplan los compromisos laborales de nuestro socio comercial.

Brenna Dougan es agregada laboral con la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales del Departamento de Trabajo.