Por Gina McCarthy

El presidente Obama recién firmó un proyecto bipartidista para reformar la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA, por sus siglas en inglés), la primera actualización importante de un estatuto medioambiental en 20 años.  Estas son buenas nuevas para el medio ambiente y la salud de todas las personas en Estados Unidos.

La Ley TSCA primero fue aprobada en 1976 para ayudar a mantener las sustancias químicas peligrosas fuera del mercado y evitar el enfermar a la gente. En aquel entonces, los expertos en salud ya sabían que ciertas sustancias químicas podrían ocasionar serios impactos a la salud, inclusive el cáncer, defectos congénitos y daños al sistema reproductivo.

Mientras la intención de la ley TSCA original fue acertada, no cumplió con sus objetivos al no otorgar a la EPA la autoridad que necesitábamos para realizar la labor.

Se hizo patente que sin cambios importantes a la ley, la EPA no podría tomar las acciones necesarias para proteger a la gente de las sustancias químicas tóxicas. Diversas partes interesadas, incluyendo la industria, los detallistas, los expertos de salud pública y ambientalistas, reconocieron estas deficiencias y empezaron a exigir reformas sustanciales a la ley.

Hoy, en una culminación de años de esfuerzos de ambas partidos, el presidente Obama firmó un proyecto que logra estas reformas.

La ley actualizada le otorga a la EPA las autoridades que nosotros necesitamos para proteger a las familias en Estados Unidos de los efectos a la salud de las sustancias químicas peligrosas. Doy la bienvenida a esta legislación bipartidista como un paso importante a favor de la protección de la salud de los estadounidenses. Y en la EPA, estamos excitados de poder trabajar a favor de su implementación.

La Ley Frank R. Lautenberg de Seguridad Química para el Siglo XXI (H.R. 2576) se convirtió en realidad tras años de ardua labor por parte tanto de demócratas y republicanos en la Cámara de Representantes y el Senado de EE.UU., así como del personal de la EPA que proveyó asistencia técnica significativa. Aplaudo a todos por su empeño y por lograr que esto sucediera. Es histórico, y mejorará las vidas de las personas en Estados Unidos.

Estaba previsto que la TSCA fuera una de las leyes medioambientales fundamentales de nuestra nación. En términos de su potencial para un impacto positivo, debería de estar catalogada a la par de la Ley de Agua Limpia y la Ley de Aire Limpio, que desde los años 70, han dramáticamente mejorado la calidad del agua y ayudado a limpiar hasta el 70 por ciento de la contaminación del aire de nuestra nación. Pero no ha sido así.

Cuarenta años después de que la TSCA entrara en vigor, todavía hay decenas de miles de sustancias químicas en el mercado que nunca han sido evaluadas para su seguridad, debido a que la TSCA no lo requería. Y la legislación original estableció requisitos analíticos que eran casi imposibles de cumplir, atando las manos de la EPA—aun cuando la ciencia demandaba acción sobre ciertas sustancias químicas.

Los daños de la inacción nunca han sido más evidentes que en el caso del asbesto, una sustancia química conocida por ocasionar el cáncer tras décadas de investigaciones.

Durante la primera administración Bush, la EPA trató de prohibir el asbesto bajo la TSCA, pero la norma fue derogada en los tribunales. En los 40 años de historia de la ley, solo un número ínfimo de las decenas de miles de sustancias químicas en el mercado cuando la ley fue aprobada han sido revisadas para sus impactos a la salud y solo 5 han sido prohibidas.

Debido a que la EPA no tenía la potestad para actuar sobre las sustancias químicas peligrosas, las familias estadounidenses han permanecido vulnerables a los impactos serios a la salud. A la misma vez, algunos estados han tratado de cerrar la brecha para proteger la salud de sus ciudadanos, pero las normas de estado por estado no son un sustituto para un programa nacional fuerte que proteja a todos en Estados Unidos. Los fabricantes químicos, los minoristas de productos para el consumidor, y otros en la industria concuerdan: la reforma era imprescindible.

He aquí algunos puntos sobresalientes:

• La nueva ley requiere a la EPA evaluar las sustancias químicas existente con metas claras y ejecutables. Bajo la antigua ley, decenas de las miles de sustancias químicas ya en existencia en el 1976 estaban consideradas en cumplimiento, sin ningún requisito ni un itinerario para la EPA revisar su seguridad. La EPA ahora tiene el requisito de priorizar y evaluar sistemáticamente las sustancias químicas conforme a un itinerario específico y ejecutable. Dentro de pocos años, el programa de sustancias químicas de la EPA tendrá que evaluar al menos 20 sustancias químicas a la vez y comenzar otra revisión de sustancias químicas tan pronto que se haya completado una.

• Bajo la nueva ley, la EPA evaluará sustancias químicas puramente en base a los riesgos que representan para la salud. La antigua ley era tan onerosa que prevenía a la EPA de tomar acción para proteger la salud pública y el medio ambiente—aun cuando una sustancia química representaba una amenaza conocida a la salud. Ahora, la EPA evaluará la seguridad de una sustancia química basándose puramente en los riesgos a la salud que esta representa—incluyendo aquellos para los grupos vulnerables como niños y ancianos, y los trabajadores que usan las sustancias químicas diariamente como parte de sus trabajos—y entonces tomar los pasos para eliminar cualquiera de los riesgos irrazonables que encontremos.

• La nueva ley provee una fuente consistente de fondos a la EPA para desempeñar estas nuevas responsabilidades. La EPA ahora podrá cobrar hasta $25 millones al año en tarifas de usuarios a los manufactureros y procesadores de sustancias químicas, suplementados por el presupuesto congresional para pagar estas mejoras.

En fin de cuentas: la ley es una enorme victoria para la salud pública, y la EPA está deseosa de comenzar el trabajo.