Por Cynthia Giles *

Esta semana, la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés), publicó su plan estratégico final que esboza las prioridades de la agencia para los próximos cuatro años que incluyen la aplicación y el cumplimiento de las leyes ambientales. Cuando se publicó el borrador del plan el pasado noviembre, recibimos miles de comentarios públicos que recalcaban la importancia de un programa tenaz de aplicación que responsabilice a los contaminadores y que desaliente las violaciones de las leyes ambientales. Estoy completamente de acuerdo.

Ahora que tenemos una mejor idea del presupuesto de la EPA, hemos hecho algunos ajustes a las cifras descritas en el plan. Aunque son pronósticos – y los resultados reales a menudo son más altos que los pronósticos – una mayor certidumbre del presupuesto nos ha permitido aumentar algunos de los resultados esperados. El plan estratégico final refleja el compromiso de la EPA a una aplicación vigorosa  de las leyes ambientales en los asuntos judiciales que tienen un mayor impacto en la protección de la salud pública y el medio ambiente.

Nuestro compromiso es evidente en asuntos judiciales recientes. Apenas anunciamos a acuerdo con Anadarko que recupera una cifra récord de $4,400 mil millones para financiar limpiezas ambientales en cientos de comunidades a través de la nación. Tonawanda Coke tiene que pagar $12.5 millones en multas criminales y $12.2 millones en pagos de servicios a la comunidad, como resultado de su conducta criminal de descargar sustancias químicas tóxicas en las comunidades aledañas. Un acuerdo con Alpha Natural Resources requiere que la empresa invierta unos $200 millones para instalar y operar sistemas de tratamientos de aguas residuales para reducir las descargas de contaminación que afectan a comunidades en cinco estados a través de la región de los montes Apalaches, junto a una penalidad récord de $27.5 millones diseñada para desalentar a otras empresas de violaciones similares.

Y estos ejemplos son apenas del mes pasado. Nuestro informe de Resultados Anuales del 2013 demuestra que la misma estrategia está pagando sus dividendos. Al centrarnos en los asuntos judiciales mayores y de mayor impacto requiere una inversión considerable y un compromiso a largo plazo. Pero esta es la manera correcta de invertir nuestros recursos para alcanzar resultados tangibles y duraderos para el público. Esta estrategia significa que por necesidad el número total de asuntos judiciales tenderá a ser menor que en años anteriores, particularmente en tiempos de presupuestos limitados. Nuestro compromiso a la aplicación de las leyes permanece igual de fuerte, mientras nos centramos en el trabajo que hace la mayor diferencia para proteger la salud pública y el medio ambiente.

Los nuevos programas ayudarán a reforzar las prácticas tradicionales de la aplicación de las leyes ambientales que aún es vital para reducir la contaminación. La Nueva Generación de Cumplimiento (conocida en inglés como Next Generation Compliance o NextGen) añade herramientas nuevas para apoyar una aplicación tenaz de las leyes y un aumento en el cumplimiento de estas. Informes electrónicos modernizados nos ayudan a encontrar con mayor rapidez a los violadores severos. La tecnología moderna de monitorización nos ayuda a identificar problemas de contaminación graves y a elaborar soluciones eficaces. El aumento en la transparencia – el enfoque de unos recientes acuerdos en unos casos judiciales de quema de gases residuales en los que se le exigió a las empresas que llevaran a cabo monitoreo en el perímetro de sus facilidades y que publicaran los resultados en el Internet – ha probado ser una herramienta poderosa para el cumplimiento y la reducción de la contaminación, particularmente en las comunidades agobiadas donde más se necesita.

Las opiniones del público contribuyeron a fortalecer el plan estratégico. El plan aclara que la aplicación rígida de las leyes ambientales es el eje central de la protección ambiental. Esta continuará siendo una prioridad principal mientras enfrentamos los asuntos judiciales mayores y de mayor impacto y utilizamos la última tecnología para cumplir con nuestro compromiso con el público estadounidense.

Cynthia Giles es la administradora adjunta de la EPA en la Oficina de Aplicación y Cumplimiento del Derecho Ambiental, donde dirige los esfuerzos de la EPA para aplicar las leyes ambientales de la nación y fomentar la justicia ambiental. Giles tiene más de 30 años de servicio en los sectores público, privado y sin fines de lucro. Tiene una licenciatura de la Universidad de Cornell, un doctorado en leyes de la Universidad de California en Berkeley y una maestría en administración pública de la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard.

* (Traducido al español por Rey Rivera)