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En acción por el agua potable de Estados Unidos

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Por Joel Beauvais

Nuestra nación tiene un historial de progreso importante en la promoción de la salud pública conforme a la Ley de Agua Potable Segura. Pero la escasez de agua en el oeste, las inundaciones por el clima extremo en el medio oeste y el sudeste, y los recientes problemas de calidad del agua en Flint, Michigan, han hecho que la atención nacional se centre en el agua potable de Estados Unidos. Como país, podemos y debemos hacer más para asegurarnos de que cada estadounidense tenga acceso a agua potable segura. En la EPA estamos comprometidos a trabajar junto con nuestros socios gubernamentales, las comunidades y las partes interesadas para fortalecer los sistemas de agua potable de la nación. Es por eso que hoy anunciamos los próximos pasos de esa iniciativa. A partir del próximo mes, la EPA liderará una serie de compromisos para conformar un plan de acción nacional para el agua potable, que se publicará a fin de año. Además, el Consejo de Asesores en Ciencia y Tecnología del Presidente (PCAST) ha comenzado un nuevo estudio de la ciencia y la tecnología pertinentes para garantizar la seguridad del agua potable de la nación.

EL PROGRESO QUE HEMOS LOGRADO

Con la atención pública legítimamente centrada en la calidad del agua potable en las comunidades de todo el país, vale la pena recordar cuánto hemos avanzado en el suministro de agua potable limpia y segura. Antes de que el Congreso aprobara la Ley de Agua Potable Segura en 1974 (lo que otorgó a la EPA la autoridad y los fondos para actuar y ratificar el papel fundamental de los estados y las municipalidades), más del 40 por ciento de los sistemas de agua potable de nuestra nación no cumplían ni siquiera con los estándares de salud más básicos.

Hoy, más de 300 millones de estadounidenses dependen de 152,000 sistemas públicos de agua potable y, colectivamente, beben más de mil millones de vasos de agua del grifo cada día. Nuestra agencia ha establecido estándares para más de 90 contaminantes, y nuestros datos de cumplimiento muestran que más del 90 por ciento de los sistemas de agua de la nación cumplen sistemáticamente dichos estándares. El agua limpia es la fuente de vida de comunidades saludables y animadas, y de la economía de nuestra nación. Asegurarnos de que todos los estadounidenses tengan un acceso confiable a agua potable segura es fundamental, y es una de las principales tareas de la EPA.

En el transcurso de los años, mediante el Fondo revolvente estatal de agua potable establecido por el Congreso en 1996, USD 30 mil millones en préstamos con bajo interés han financiado proyectos de infraestructura que entregan agua potable a miles de comunidades en todo el país. Esto ha complementado el financiamiento local y estatal de infraestructura de agua potable, especialmente en las comunidades de bajos recursos y donde el riesgo de salud pública es más elevado.

Y, en relación con esto, nuestra Ley de Agua Limpia es un enorme avance para proteger los valiosos recursos de agua de nuestra nación, incluidos los pequeños arroyos que son la fuente de agua potable de 117 millones de estadounidenses (más de un tercio de la población del país).

Hasta aquí hemos avanzado. Pero aún nos queda mucho trabajo por hacer.

DESAFÍOS NUEVOS Y PENDIENTES

La crisis en Flint, Michigan, ha puesto en primer plano los desafíos que enfrentan muchas comunidades de todo el país, incluidos el de las tuberías de plomo que conducen su agua potable y el de la inconsistente información disponible al público sobre la calidad del agua potable. Al mismo tiempo, a medida que las nuevas tecnologías mejoran nuestra capacidad de detección, estamos encontrando nuevos contaminantes en nuestra agua, provenientes de productos químicos industriales, productos farmacéuticos y otras fuentes que pueden poner en riesgo la salud pública.

Y la ciencia ahora muestra que el cambio climático (especialmente los efectos de clima extremo y sequía que origina) está exigiendo aún más a los recursos hídricos y creando incertidumbre en muchas regiones del país.

En algunas áreas, la contaminación amenaza las fuentes aguas arriba, como ríos y lagos, que alimentan nuestros sistemas de agua potable. Cientos de miles de estadounidenses se quedaron sin suministro de agua potable debido a un derrame químico en Charleston, West Virginia, y a una floración de algas nocivas en el lago Erie que afectó el agua potable de Toledo, Ohio. Necesitamos proteger nuestras fuentes de agua potable, y la Ley de Agua Limpia es fundamental para este propósito.

Mientras tanto, los datos de la EPA muestran que se necesitarán al menos USD 384 mil millones en mejoras de aquí al 2030 para mantener, mejorar y reemplazar miles de millas de tuberías y miles de plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento y sistemas de distribución de agua que componen la infraestructura de agua de nuestro país. Y, si los gobiernos locales y estatales no se deciden a hacer estas inversiones y, en cambio, las demoran y postergan, reconstruir nuestra infraestructura de agua solo será más costoso.

Con demasiada frecuencia, los desafíos de infraestructura más difíciles se encuentran en comunidades de minorías (tanto grandes como pequeñas) de bajos recursos, donde la insuficiencia de ingresos públicos e inversiones ha permitido que muchos sistemas de agua se deterioren (por antigüedad y por negligencia), y donde los ciudadanos carecen de los recursos y de la información precisa y oportuna sobre la calidad de su agua para hacer algo al respecto.

Estos son grandes desafíos y la EPA reconoce que nadie puede abordarlos solo.

EN ACCIÓN: COMPROMETER A SOCIOS Y PARTES INTERESADAS CLAVE EN UN PLAN DE ACCIÓN NACIONAL POR EL AGUA POTABLE SEGURA

Es por eso que estamos lanzando un compromiso estratégico conjunto con socios y partes interesadas clave (que incluyen gobiernos estatales, tribales y locales, servicios públicos de agua potable, y partes interesadas en la salud pública, el medio ambiente y la comunidad) para desarrollar e implementar un plan de acción nacional que aborde los desafíos críticos y las oportunidades que tenemos por delante en relación con el agua potable.

La EPA ya ha intensificado su trabajo con los programas de agua potable estatales, con un enfoque prioritario en la implementación de la Norma sobre el Plomo y el Cobre federal, incluida la instrucción de que el personal de la EPA se reúna con los funcionarios de cada estado para asegurarse de que estén abordando el problema de los altos niveles de plomo e implementando plenamente la norma actual.

Hemos enviado cartas a cada gobernador y a cada comisionado estatal de medio ambiente y/o salud de los estados que implementan la Ley de Agua Potable Segura, instándolos a trabajar con la EPA en acciones para fortalecer las protecciones contra el plomo, así como en un conjunto más amplio de prioridades críticas para mantener nuestra agua potable segura. Estamos haciendo un seguimiento, con todos y cada uno de los estados, de las acciones para aumentar la protección de la salud pública, la transparencia y la responsabilidad.

Ahora estamos dando el siguiente paso. En las próximas semanas, la EPA lanzará un compromiso específico con entes correguladores estatales, servicios públicos regulados y partes interesadas no gubernamentales que son clave en los problemas prioritarios relacionados con la implementación de la Ley de Agua Potable Segura. El foco de ese compromiso incluirá lo siguiente:

  • Avanzar la implementación de la Ley de Agua Potable Segura de próxima generación: identificar las oportunidades clave y empezar a trabajar en los próximos pasos críticos para fortalecer y modernizar la implementación federal y estatal de las reglamentaciones y programas de la Ley de Agua Potable Segura, como las formas de aumentar la transparencia y la responsabilidad por los datos públicos.
  • Abordar la justicia ambiental y la equidad en el financiamiento de la infraestructura: identificar medidas adicionales que los gobiernos federales, estatales, tribales y locales, así como los servicios públicos, pueden tomar para asegurarse de que los desafíos de infraestructura de agua potable de las comunidades de bajos recursos y los sistemas pequeños con problemas de justicia ambiental se prioricen y aborden debidamente, incluidas acciones como: aumentar la información, compartir y replicar las mejores prácticas, y desarrollar la capacidad de la comunidad.
  • Fortalecer las protecciones contra el plomo en el agua potable: priorizar las oportunidades de colaborar y progresar en la implementación de la Norma sobre el Plomo y el Cobre actual (especialmente en las comunidades con problemas de justicia ambiental), y ampliar y fortalecer las oportunidades para que las partes interesadas se comprometan a apoyar el desarrollo de una norma revisada.
  • Estrategias para los contaminantes emergentes y no regulados: desarrollar e implementar enfoques mejorados mediante los cuales la EPA, los gobiernos estatales, tribales y locales, y los servicios públicos y otras partes interesadas, puedan trabajar juntos para priorizar y abordar los desafíos que presentan los contaminantes emergentes y no regulados, como las toxinas de las algas y los compuestos perfluorados (PFC).

En cada una de estas áreas, trabajaremos junto con nuestros socios y las partes interesadas para establecer una agenda estratégica e identificar e implementar acciones prioritarias a corto plazo que podamos llevar a cabo en los próximos meses. Al final de este año, publicaremos un resumen de nuestro progreso y un plan de acción nacional para el futuro.

Al mismo tiempo, el Consejo de Asesores en Ciencia y Tecnología del Presidente (PCAST) está comenzando un nuevo estudio de la ciencia y la tecnología pertinentes para garantizar la calidad del agua potable de la nación. El PCAST pedirá a la EPA, a otras agencias relevantes y a una gran variedad de expertos, que aporten ideas sobre inversiones en nuevas tecnologías e infraestructura para proteger los recursos de agua potable, detectar contaminantes, mejorar el tratamiento para eliminar contaminantes y patógenos, y desarrollar una infraestructura mejorada para el futuro. Luego de esta revisión, el PCAST recomendará acciones que el gobierno federal puede llevar a cabo, junto con las ciudades y los estados, para promover la aplicación de la mejor ciencia y tecnología disponibles en la seguridad del agua potable. Esto se basa en iniciativas actuales de la Administración para aprovechar el poder de la tecnología existente y de vanguardia para impulsar la innovación en el suministro de agua.

Es nuestro deber para con nuestros hijos y las generaciones futuras tomar medidas ahora y desarrollar acciones futuras para garantizar que todos los estadounidenses tengan un acceso asequible a agua de alta calidad, cuando y donde la necesiten. Estamos ansiosos por asociarnos con el público y las partes interesadas en el desarrollo de este plan.

Nota del editor: Los puntos de vista aquí expresados tienen como objetivo explicar la política de la EPA. No modifican los derechos ni las obligaciones de nadie.

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Moving Forward for America’s Drinking Water

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By Joel Beauvais

Our nation’s record of progress in advancing public health under the Safe Drinking Water Act is significant.  But too little water in the West, flooding from extreme weather in the Midwest and Southeast, and the recent water quality issues in Flint, Michigan have rightly focused national attention on America’s drinking water.  As a country, we can and must do more to make sure that every American has access to safe drinking water.  EPA is committed to working together with our governmental partners, communities and stakeholders to strengthen the nation’s drinking water systems. That is why, today, we are announcing the next steps in that effort.  Beginning next month, EPA will lead a series of engagements to inform a national action plan on drinking water, to be released by the end of the year.  In addition, the President’s Council of Advisors on Science and Technology (PCAST) has begun a new study of the science and technology relevant to ensuring the safety of the nation’s drinking water.

THE PROGRESS WE’VE MADE

With public attention rightly focused on drinking water quality in communities across the country, it’s worth remembering how far we’ve come in providing clean safe drinking water.  Before Congress passed the Safe Drinking Water Act in 1974 – granting EPA the authority and the funding to take action and affirming the leading role of states and municipalities – more than 40 percent of our nation’s drinking water systems failed to meet even the most basic health standards.

Today, over 300 million Americans depend on 152,000 public drinking water systems and collectively drink more than one billion glasses of tap water each day.  Our agency has established standards for more than 90 contaminants, and our compliance data show that more than 90 percent of the nation’s water systems consistently meet those standards.  Clean water is the lifeblood of healthy, vibrant communities and our nation’s economy.  Making sure that all Americans have reliable access to safe drinking water is essential, and a core task for EPA.

Over the years, through the Drinking Water State Revolving Fund established by Congress in 1996, $30 billion in low-interest loans have supported infrastructure projects that are delivering drinking water to thousands of communities across the country.  This has supplemented local and state finance of drinking water infrastructure – especially in low-income communities and where public health risk is the highest.

And, relatedly, our Clean Water Rule is a major step forward to protect our nation’s precious water resources, including streams that are the source of drinking water for 117 million Americans – over one third of the country’s population.

We’ve come so far.  But our work is far from done.

NEW AND REMAINING CHALLENGES

The crisis in Flint, Michigan has brought to the forefront the challenges many communities across the country are facing, including from lead pipes that carry their drinking water and uneven publicly-available information around drinking water quality.  At the same time, as new technology advances our detection ability, we’re detecting new contaminants in our water from industrial chemicals, pharmaceuticals, and other sources that can pose risks to public health.

And science now shows that climate change – especially the extreme weather and drought impacts it brings – are placing added stress on water resources and creating uncertainty in many regions of the country.

In some areas, pollution threatens upstream sources like rivers and lakes that feed into our drinking water.  Hundreds of thousands of Americans were cut off from drinking water because of a chemical spill in Charleston, West Virginia and a harmful algal bloom on Lake Erie that impacted the drinking water for Toledo, Ohio.  We need to protect our drinking water sources and the Clean Water Rule is critical to that effort.

Meanwhile, EPA data show that at least $384 billion in improvements will be needed through 2030 to maintain, upgrade and replace thousands of miles of pipe and thousands of treatment plants, storage tanks and water distribution systems that make up our country’s water infrastructure.  And if local and state governments do not lean into these investments and instead defer and delay, rebuilding our water infrastructure will only become more expensive.

Too often, the toughest infrastructure challenges are found in low-income, minority communities – both large and small – where inadequate revenue and investment have left many water systems crumbling from age and neglect, and where citizens lack the resources and timely and accurate information about their water quality to do something about it.

These are big challenges and EPA recognizes that no one can tackle them alone.

MOVING FORWARD – ENGAGING KEY PARTNERS AND STAKEHOLDERS ON A NATIONAL ACTION PLAN FOR SAFE DRINKING WATER

That’s why we’re launching a concerted, strategic engagement with key partners and stakeholders – including state, tribal and local governments, drinking water utilities, and public health, environmental and community stakeholders – to develop and implement a national action plan to address the critical drinking water challenges and opportunities before us.

EPA has already intensified our work with state drinking water programs with a priority focus on implementation of the federal Lead and Copper Rule, including directing EPA staff to meet with officials from every state to make sure they’re addressing any high lead levels and fully implementing the current rule.

We sent letters to every governor and every state environmental and/or health commissioner of states that implement the Safe Drinking Water Act, urging them to work with EPA on steps to strengthen protections against lead and on a broader set of critical priorities to keep our drinking water safe.  We’re following up with each and every state on actions to increase public health protection, transparency and accountability.

We’re now taking the next step forward.  In the coming weeks, EPA will launch a targeted engagement with key state co-regulators, regulated utilities, and nongovernmental stakeholders on priority issues related to implementing the Safe Drinking Water Act.  The focus of that engagement will include:

  • Advancing Next Generation Safe Drinking Water Act Implementation:  Identify key opportunities and initiate work on critical next steps to strengthen and modernize state and federal implementation of Safe Drinking Water Act regulations and programs, including ways to increase public data transparency and accountability.
  • Addressing Environmental Justice and Equity in Infrastructure Funding:  Identify additional steps federal, state, tribal and local governments, and utilities can take to better ensure that drinking water infrastructure challenges of low-income environmental justice communities and small systems are being appropriately prioritized and addressed, including through increased information, sharing and replicating best practices, and building community capacity.
  • Strengthening Protections against Lead in Drinking Water: Prioritize opportunities to collaborate and make progress on implementing the current Lead and Copper Rule, particularly in environmental justice communities and expand and strengthen opportunities for stakeholder engagement to support the development of a revised rule.
  • Emerging and Unregulated Contaminant Strategies:  Develop and implement improved approaches through which EPA, state, tribal and local governments, utilities and other stakeholders can work together to prioritize and address the challenges posed by emerging and unregulated contaminants such as algal toxins and perfluorinated compounds (PFCs).

In each of these areas, we will work together with our partners and stakeholders to set a strategic agenda and identify and implement priority, near-term actions we can take in the coming months.  By the end of this year, we will release a summary of our progress and a national action plan for the future.

At the same time, the President’s Council of Advisors on Science and Technology (PCAST) is beginning a new study of the science and technology relevant to ensuring the Nation’s drinking-water quality.  PCAST will seek input from EPA, other relevant agencies, and a wide range of experts on ideas on investments in new technology and infrastructure to protect drinking water resources, detect pollutants, advance treatment to remove contaminants and pathogens, and develop improved infrastructure for the future.  Following this review, PCAST will recommend actions the federal government can take, in concert with cities and states, to promote application of the best available science and technology to drinking-water safety.  This builds on current efforts by the Administration to draw on the power of existing and breakthrough technology to boost innovation in water supply.

We owe it to our kids today and to future generations to take steps now and develop future actions to ensure that all Americans have affordable access to high-quality water when and where they need it.  We look forward to partnering with the public and stakeholders in the development of this plan.

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