Temas Bilaterales
Informe sobre Trata de Personas 2012
MEXICO (Nivel 2)
México es un país grande de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual o de trabajo forzoso. Se considera que los grupos más vulnerables a la trata de personas en México son las mujeres, los niños, los indígenas, las personas con discapacidades físicas y mentales y los migrantes indocumentados. Se explota a mujeres y niños mexicanos con fines sexuales tanto en México como en los Estados Unidos, atraídos por oportunidades falsas de empleo o promesas engañosas de relaciones románticas. Asimismo, hombres, mujeres y niños mexicanos son sometidos al trabajo forzoso en la agricultura, el servicio doméstico y la construcción, y obligados a mendigar en las calles en México y en los Estados Unidos. La mayoría de las víctimas extranjeras del trabajo forzoso y la servidumbre sexual provienen de Centroamérica y Sudamérica, especialmente de Guatemala, Honduras y El Salvador. No obstante, también se han encontrado en México víctimas de trata procedentes del Caribe, Europa Oriental, Asia y África; algunas de esas personas se dirigían a los Estados Unidos. Hubo informes continuos de organizaciones de la sociedad civil acerca de grupos delictivos organizados que obligaron a menores y migrantes a prostituirse y a trabajar como sicarios, vigilantes y contrabandistas de drogas. En el sur de México, hombres, mujeres y niños centroamericanos, especialmente guatemaltecos, son sometidos a trabajos forzosos, sobre todo en la agricultura, el servicio doméstico y las ventas ambulantes, y obligados a mendigar. En México persistió el turismo con fines de explotación sexual de menores, especialmente en las zonas turísticas como Acapulco, Puerto Vallarta y Cancún, así como en las ciudades fronterizas del norte como Tijuana y Ciudad Juárez. Muchos de los turistas involucrados en la explotación sexual de menores provienen de los Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, aunque también hay algunos ciudadanos mexicanos entre ellos. En ciertas partes del país, las amenazas de violencia de las organizaciones delictivas obstaculizan la capacidad del gobierno y la sociedad civil para luchar eficazmente contra la trata de personas.
El gobierno de México no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas; sin embargo, hace esfuerzos considerables por lograrlo. Durante el año de este informe, las autoridades mexicanas aprobaron reformas constitucionales sobre la trata, reforzaron los empeños de capacitación y concienciación; y aumentaron significativamente las condenas por trata a nivel nacional y estatal, logrando la condena de al menos 14 acusados de trata de personas. Sin embargo, dada la magnitud del problema de trata en México, el número de investigaciones, procesamientos, condenas y sentencias por ese delito siguió siendo bajo. Asimismo, fueron insuficientes los fondos asignados por el gobierno a los servicios que se dan a las víctimas. La identificación de las víctimas de trata y la coordinación entre dependencias siguieron siendo irregulares. Si bien las autoridades mexicanas reconocen que la trata de personas es un problema grave, las ONG y los representantes del gobierno informan que algunos funcionarios públicos toleran la trata de personas y, en ocasiones, son cómplices de ella, lo cual dificulta los esfuerzos por combatirla.
Recomendaciones para México: Enjuiciamiento El gobierno de México continuó su labor de aplicación de la ley contra la trata de personas durante el período del presente informe; aumentó el número de condenas de delincuentes acusados de trata con fines de explotación sexual, aunque se mantuvo bajo en comparación con el número de casos investigados. No se informó de condenas por trabajo forzoso. La ley federal mexicana de 2007 relativa a la trata de personas prohíbe todas las formas de trata y estipula penas de seis a 18 años de prisión. Una cláusula de esa ley puede dar importancia al consentimiento de las víctimas mayores de 18 años, incluso cuando ese consentimiento se haya conseguido mediante amenaza, secuestro o fraude, lo cual dificulta el enjuiciamiento de los tratantes cuando la víctima puede haber consentido al principio en participar en una actividad. En abril de 2011, el gobierno promulgó reformas que elevaron la trata a nivel de delito grave, lo cual permitió la detención preventiva de supuestos tratantes, y estableció mayores protecciones para la identidad de la víctima. En el sistema federal de México, los gobiernos estatales investigan y enjuician los casos de trata que suceden totalmente dentro del país, salvo en los casos donde hay delincuencia organizada, trata transnacional o funcionarios públicos implicados, y los casos que tienen lugar en territorios bajo administración federal. Los 32 estados mexicanos han aprobado algunas reformas al código penal contra la trata, aunque el contenido y la eficacia de esas reformas varían, y no todas las reformas declaran ilícitas todas las formas de trata. Dieciocho estados tienen leyes específicas contra la trata, y tres de ellos han logrado condenas conforme a esas leyes. Las incongruencias entre los códigos penales estatales y las leyes sobre la trata de personas causaron confusión entre las fuerzas del orden y problemas en los enjuiciamientos interestatales. La policía federal mantuvo una unidad pequeña para investigar los delitos de trata y contrabando de personas, y algunos estados también contaron con unidades policiales que investigaron los delitos de trata, específicamente, la trata con fines de explotación sexual. La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), adscrita a la Procuraduría General de la República, maneja los casos federales de trata en los que estén implicados tres sospechosos o menos, mientras que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), también adscrita a la Procuraduría General de la República, investiga los casos donde hay más de tres sospechosos. La coordinación de las fuerzas del orden entre las diferentes dependencias de gobierno y la recopilación de datos sobre las actividades contra la trata de personas fueron deficientes. Según informes de funcionarios y ONG, ciertos enjuiciamientos e investigaciones se demoraron mientras las autoridades resolvían cuáles fiscales tenían la jurisdicción, lo que afectó tanto al caso como a la víctima. Los recursos y el personal de estas unidades dedicadas siguieron siendo limitados. Las autoridades mexicanas a nivel federal y estatal condenaron durante el año a catorce tratantes de personas con fines de explotación sexual. No hubo informes de condenas por trabajo forzoso. En 2011, la FEVIMTRA investigó 67 casos de trata de personas, pero no informó acerca de cuántos enjuiciamientos inició, y tampoco condenó ni sentenció a ningún tratante. En 2011, la SIEDO logró sus primeras condenas por trata de personas; cuatro delincuentes por trata con fines de explotación sexual recibieron sentencias de 14,5 a 16,5 años de prisión, mientras que otros tratantes acusados del mismo delito fueron condenados en los Estados Unidos. La Procuraduría General de la Ciudad de México condenó a cuatro delincuentes acusados de trata de personas, quienes recibieron sentencias de seis a doce años de prisión. Varios estados también enjuiciaron casos de trata de personas. En Puebla, las autoridades informaron de tres condenas por ese delito; en Chiapas, de dos; y en Yucatán, de una; las sentencias oscilaron entre diez y catorce años de prisión. Esto representa un aumento con respecto al año anterior, cuando la FEVIMTRA consiguió una condena y los fiscales de la Ciudad de México lograron cuatro. Funcionarios del gobierno, las ONG y otros observadores siguieron informando que la corrupción entre servidores públicos relacionada con la trata fue una preocupación importante, especialmente entre el personal policial y judicial local y los servicios de inmigración. Se informó de algunos funcionarios que aceptaron o extorsionaron sobornos, incluso en forma de servicios sexuales, falsificaron los documentos de identidad de las víctimas, disuadieron a las víctimas de trata de no denunciar los delitos, exigieron relaciones sexuales a las víctimas o no informaron de casos de prostitución de menores ni de otras actividades de trata de personas ocurridos en lugares con oferta comercial de sexo. Los fiscales de Puebla informaron que se investigó a cuatro funcionarios sospechosos de cometer delitos de trata, pero no se supo de enjuiciamientos ni de condenas de funcionarios públicos acusados de complicidad con la trata en 2011. Las ONG señalaron que algunos funcionarios públicos mexicanos no distinguieron correctamente entre los delitos de contrabando de extranjeros, prostitución y trata de personas, y que muchos de ellos no conocen las leyes sobre trata. También se informó que algunos funcionarios amenazaron con enjuiciar a las víctimas de trata como cómplices para obligarlas a denunciar a sus tratantes. Algunas dependencias del gobierno federal impartieron capacitación sobre la lucha contra la trata de personas a sus propios empleados y a oficiales de otras dependencias, a menudo asociadas con las ONG, organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros. La FEVIMTRA informó haber capacitado a centenares de funcionarios en materia de trata de personas en 2011. El gobierno federal de México siguió colaborando con el de los Estados Unidos en las investigaciones de casos de trata entre ambas fronteras. Protección El gobierno de México llevó a cabo intentos limitados por identificar y ayudar a las víctimas de trata en 2011. La mayoría de los servicios se prestaron solamente a las mujeres víctimas de la trata con fines de explotación sexual. El gobierno continuó colaborando con las ONG, las organizaciones internacionales y los gobiernos extranjeros para prestar asistencia a las víctimas, y dependió de estas asociaciones para financiar y prestar la mayor parte de los servicios y la asistencia especializada que se ofreció a las víctimas de trata. Los agentes mexicanos de inmigración siguieron implementando un sistema para identificar a las víctimas potenciales de trata y remitirlas a los proveedores servicios de asistencia, como las ONG. No obstante, algunas ONG criticaron la capacidad del gobierno para identificar con precisión a las víctimas de trata. La mayoría de los estados carecieron de procedimientos formales para distinguir a las víctimas de trata del resto de las poblaciones vulnerables, como los trabajadores migrantes y las personas dedicadas a la prostitución. No hubo estadísticas completas sobre el número de víctimas de identificadas durante el año. La FEVIMTRA informó haber identificado a 89 víctimas en 2011, mientras que el Instituto Nacional de Migración (INM) informó de 29 víctimas, y las autoridades de Baja California y la Ciudad de México identificaron a 13 y 29 víctimas respectivamente. Esto representa una disminución con respecto a 2010, cuando las autoridades informaron haber identificado a por lo menos 259 víctimas. Tanto el Instituto Nacional de Migración (INM) como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contaron con mecanismos para remitir a las víctimas de trata a los servicios de asistencia, aunque la capacidad de los funcionarios para efectuar esas remisiones varió según la región del país. En septiembre de 2011, el Presidente estableció una nueva dependencia, Províctima, para asistir a las víctimas de todos los delitos, y asignó los fondos e instalaciones de otras dependencias del gobierno, la FEVIMTRA entre ellos, para apoyarla. Províctima facilita asistencia médica y psicológica, así como información y asesoramiento durante los procesos jurídicos, por medio de catorce centros de ayuda en todo el país, pero no proporciona refugio. Algunos observadores señalaron que la falta de claridad acerca de la división de responsabilidades entre la FEVIMTRA y Províctima, y la falta de estructura orgánica de la nueva dependencia, podría afectar negativamente la calidad de los servicios que se presta a las víctimas de trata. La ausencia de centros de Províctima en las zonas de delincuencia elevada, como son las ciudades de la frontera norte, obstaculizó la prestación de servicios. La FEVIMTRA siguió operando un refugio de alta seguridad en la Ciudad de México, dedicado a proteger a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y de otros actos violentos, como el secuestro, y a las mujeres cuyos familiares fueron asesinados o desaparecieron. No se permitió a las víctimas salir del refugio sin estar acompañadas; según el gobierno, esto fue por razones de seguridad. Algunas ONG informaron que el refugio alojó a las víctimas durante períodos de hasta tres meses. Durante el año, el refugio coordinó servicios médicos, psicológicos y jurídicos para 97 personas, pero no queda claro cuántas de ellas eran víctimas de trata. Los servicios mexicanos de bienestar social mantuvieron refugios generales para menores de trece años víctimas de la violencia, pero no se contó con estadísticas acerca del número de víctimas de trata alojadas en esos refugios durante el período de este informe. El gobierno siguió brindando apoyo a una red nacional de refugios y centros de atención de emergencia para las mujeres víctimas de la violencia, pero pocos de estos refugios ofrecieron atención especializada a las víctimas de trata. Algunas víctimas fueron atendidas en refugios operados y financiados por las ONG, las organizaciones internacionales y ciertos grupos religiosos, y en 2011, los funcionarios remitieron a algunas víctimas a dichos refugios. Según las ONG, en ciertas regiones del país, los servicios prestados a las víctimas siguieron siendo insuficientes en vista del importante número de víctimas de trata. Además, se informó que algunos refugios para migrantes y víctimas de la violencia doméstica se rehusaron a alojar a las víctimas de trata por temor a las represalias de la delincuencia organizada. En octubre de 2011, las autoridades detuvieron y comenzaron a investigar al director de un refugio para víctimas de la violencia doméstica en Ciudad Juárez. El refugio recibía cierto financiamiento del estado. Según se informó, el director está acusado de trata de personas, detención ilícita y abuso sexual de mujeres y niñas detenidas contra su voluntad en el refugio. El gobierno no ofreció suficientes servicios de refugio para víctimas de sexo masculino. Durante el año, los consulados mexicanos en los Estados Unidos identificaron y asistieron a un número desconocido de víctimas, y las autoridades proporcionaron servicios limitados a algunas víctimas mexicanas de trata que fueron repatriadas. Aunque las autoridades alentaron a las víctimas a ayudar en las investigaciones y los enjuiciamientos por trata de personas, muchas víctimas en México temieron darse a conocer como tales o solicitar remedios judiciales por temor a las represalias de los tratantes o por falta de confianza en las autoridades. Algunos grupos de la sociedad civil informaron que las autoridades locales amenazaron con detener a las víctimas acusándolas de complicidad si se negaban a atestiguar contra sus tratantes. En México, los enjuiciamientos de acusados de la trata de personas han dependido casi enteramente del testimonio de víctimas o testigos. Las víctimas de trata y los testigos siguieron teniendo pocos incentivos para participar en los procedimientos judiciales, debido al número reducido de condenas y sentencias por trata, y a que no se ha dado ninguna indemnización por daños a ninguna víctima. Además, como en México el programa de protección de testigos se mantuvo en su etapa inicial y no proporcionó protección suficiente, muchas víctimas temieron por su seguridad. Los extranjeros víctimas de trata pudieron recibir la condición legal de refugiados, y una directiva del INM exigió a los agentes de inmigración que ofrecieran a los extranjeros víctimas de trata la opción de permanecer en México, independientemente de la decisión de atestiguar contra sus tratantes. Sin embargo, las ONG y las organizaciones internacionales informaron que estas alternativas legales a la deportación no se ofrecieron con frecuencia en la práctica. Señalaron que algunos agentes entregaron a las víctimas identificadas al INM para su deportación por falta de condición legal, o que los agentes no identificaron a las víctimas como tales, las alojaron en los centros de detención del INM y, después, las deportaron. Muchas de las víctimas extranjeras, después de haber atestiguado, optaron por regresar a su país de origen, en algunos casos debido a la falta de refugios adecuados o de información acerca de sus derechos. Según el INM, en 2011, once víctimas de trata identificadas como tales obtuvieron la residencia legal en México, mientras que trece víctimas fueron repatriadas y cinco casos seguían en espera de una solución. No obstante, de las 98 víctimas extranjeras identificadas por el INM y la FEVIMTRA en 2010, y cuyas solicitudes de residencia estaban pendientes a principios de 2011, no quedó claro a cuántas se les permitió permanecer en el país. Prevención
Los gobiernos federal y estatal continuaron el año pasado sus intentos por prevenir la trata de personas. Una comisión sobre la trata, integrada por diversas dependencias, coordinó los esfuerzos del gobierno federal y estuvo a cargo de implementar el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Sin embargo, el gobierno redujo la asignación para el programa del equivalente a 4,2 millones de dólares a 313.000 dólares por razones presupuestarias. Las ONG y las organizaciones internacionales criticaron a las autoridades por la reducción y lamentaron la falta de información sobre la implementación del programa. El gobierno participó en diversas actividades de concienciación por medio de anuncios por radio y televisión, y por otros medios. Algunos estados establecieron o mantuvieron sus propios comités contra la trata de personas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también mantuvo alianzas regionales con las ONG y con entidades del gobierno en 13 estados, e informó de la capacitación que recibieron más de 20.000 personas en materia de la trata en 2011, entre ellas, funcionarios, empleados del sector turístico y empresas del transporte. Las autoridades llevaron a cabo actividades de concienciación sobre el turismo con fines de explotación sexual de menores e informaron que habían investigado algunos casos del mismo; no obstante, el gobierno no informó haber enjuiciado ni condenado a ningún turista involucrado en explotación sexual infantil. Algunas ONG denunciaron que ciertos funcionarios locales corruptos permitieron la explotación sexual comercial de menores. No se supo de ningún esfuerzo por reducir la demanda del trabajo forzoso ni por sancionar a los reclutadores o intermediarios cómplices de la trata de personas