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lunes 21 de noviembre de 2005

El Procurador General Abbott demanda a Sony BMG en el primer caso por un estado contra programas clandestinos “spyware” en computadoras

La tecnología escondida supuestamente causa que las computadoras sean más vulnerables a los virus electrónicos y a la piratería informática

AUSTIN – El Procurador General de Texas Greg Abbott hoy demandó a Sony BMG Music Entertainment en la primera acción legal tomada por un estado contra Sony por instalar programas de computadora ilícitos “spyware”. La demanda del estado fue presentada bajo la ley estatal contra programas clandestinos de 2005. Se alega que la empresa instaló tales programas clandestinos en millones de discos compactos (CDs) de música en español e inglés que los consumidores introducieron en sus computadoras, lo que puede comprometer su funcionamiento.

Formulario de queja de consumidor

En su demanda la Procuraduría General alega que la empresa, cuya sede está en Nueva York, violó una nueva ley de Texas que protege a los consumidores contra los clandestinos programas de computadora. La empresa logró esto utilizando tecnología nueva en ciertos discos compactos de música, para instalar en las computadoras de los consumidores archivos que esconden otros componentes electrónicos instalados por Sony. Este componente secreto de “cobertura” se instala sin el conocimiento de los consumidores y puede causar que sus computadoras sean vulnerables a virus informáticos y a otras formas de ataque electrónico.

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Demanda contra Sony BMG
Lista de artistas de Sony BMG

Discos de Sony BMG

Declaraciones engañosas



“Sony ha tomado parte en una versión de engaño tecnológico contra el consumidor al esconder archivos secretos en sus computadoras”, dijo el Procurador General Abbott. “Los consumidores que compraron un disco compacto de Sony pensaron haber comprado música. En lugar de esto, recibieron clandestinos programas “spyware” que pueden dañar una computadora, hacerla susceptible a viruses y exponer al consumidor a la posibilidad de que le roben su identidad”.

Sony insiste en su página Internet que ha retirado del mercado todos los discos compactos afectados. Sin embargo, investigadores de la Procuraduría General pudieron comprar varios discos en tiendas de Austin tan recientemente como el domingo por la tarde.

Según la página Internet de Sony, la empresa recientemente distribuyó millones de discos compactos en 52 discos compactos de varios artistas. Los discos compactos contenían archivos incrustados utilizados para proteger los discos compactos contra la producción de copias – o también conocida como tecnología XCP. Los archivos le indican al consumidor que acepte un acuerdo de usuario para instalar el reproductor de audio de Sony. Al entrar en el acuerdo, que según Sony es la única forma para que el consimidor pueda escuchar los discos compactos en su computadora, el usuario no se da cuenta de que la empresa secretamente instala archivos en secciones electrónicas correspondientes al programa de Microsoft Windows de la computadora. Los consumidores no pueden detectar y remover tales archivos.

Sony BMG alega en su página Internet que la tecnología de XCP simplemente previene la producción ilegal de copias sin límite, que es de otra forma pasiva y no recopila información personal sobre el usuario de la computadora. Sin embargo, la investigación de la Procuraduría General sobre dicha tecnología reveló que se mantiene escondida y activa en todo momento después de la instalación, aún cuando el reproductor de Sony está inactivo, lo cual crea preocupaciones sobre su verdadero propósito.

La demanda de la Procuraduría General también alega que se instala un archivo “fantasma” para ocluir los archivos de XCP, lo cual dificulta que el usuario remueva tales archivos desde su computadora.

Además, informes publicados recientemente por los medios de comunicación alegan que virus creados recientemente que explotan este archivo se han estado expendiendo. Un usuario que no está familiarizado con la instalación y retiro de esta tecnología de su computadora podría enfrentar a nuevos riesgos de seguridad y posiblemente al robo de su identidad.

El Procurador General está solicitando penas civiles de 100,000 dólares por cada violación de la ley, y reembolso por gastos legales y costos de investigación debido a que se alegan violaciones a la Ley de Protección al Consumidor Contra Programas Clandestinos de Computadora (Consumer Protection Against Computer Spyware Act) de 2005.

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