Buenos días. Es un placer estar aquí.
Antes que nada, quiero agradecerle al Gobernador de Isleta Pueblo, Robert Benavidez y al Fiscal Federal Greg Fouratt por celebrar esta conferencia tan importante. También me gustaría agradecer a Diane Humetewa, la Fiscal Federal para Arizona, Brett Tolman, el Fiscal Federal para Utah, y Troy Eid, el Fiscal Federal para Colorado. Su trabajo en Territorio Indígena es de gran importancia y son reconocidos como líderes destacados en este campo por muchas personas, entre ellas sus colegas en el Departamento de Justicia. Por último, quiero agradecer a mi amigo John Gillis y a sus colegas en la Oficina de Víctimas del Delito por su patrocinio de esta conferencia.
Y también quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí. El trabajo que realizan de parte de las víctimas del delito en Territorio Indígena es servicio público en su mayor expresión. La labor que realizan es crucial para la salud y el bienestar de sus comunidades. Como saben por experiencia propia, enfrentamos muchos desafíos en Territorio Indígena, entre ellos delitos violentos, violencia doméstica, metanfetamina, tráfico de personas, amenazas potenciales a la seguridad nacional y delitos contra niños.
Si bien los desafíos de seguridad pública en Territorio Indígena son de gran magnitud, la realización de conferencias como esta son un paso importante en el camino para superar esos desafíos. Nos dan la oportunidad de unirnos, compartir ideas y aprender sobre soluciones reales a nuestros problemas en común. Esta conferencia no es la excepción. Como demuestra el ambicioso programa de la conferencia, ustedes están tratando muchas de nuestras inquietudes más urgentes.
Me interesa asistir a conferencias como esta porque me dan la oportunidad de conocer a los hombres y mujeres que se dedican a la difícil tarea de mantener seguros a los Estados Unidos y asistir a las víctimas de la delincuencia. En el Departamento de Justicia, somos plenamente concientes de que el dolor de las víctimas no termina inmediatamente después de que se comete un delito. Todo lo contrario, la víctima de ese delito sigue sufriendo durante la investigación, el juicio posterior y en muchos casos años después. Los delitos por lo general son actos rápidos y discretos: un disparo emitido o una cartera arrebatada. Pero los efectos pueden perdurar, con horas y días pasados en camas de hospital o en el teléfono intentando recuperar una identidad robada. En pocas palabras, nuestro sistema de justicia no siempre le hace la vida fácil a la víctima.
La misión del Departamento de Justicia no se limita ni se debe limitar únicamente a atrapar y enjuiciar a delincuentes. Para llevar justicia, también debemos tomar medidas concretas para asegurar que las personas victimizadas por la delincuencia sean tratadas como personas, no solo como evidencia en una investigación.
Como resultado, nuestro trabajo no puede terminar con el arresto del delincuente. También debemos brindar toda la ayuda que podamos para contribuir a la reconstrucción de la vida de las víctimas. No solo estoy hablando del Departamento de Justicia, sino que hablo, de manera más general, sobre la necesidad de que toda la sociedad reconozca el valor de ayudar a reconstruir la vida de las víctimas a las que ustedes sirven. Los recientes logros del Departamento en el fortalecimiento de la justicia criminal en Territorio Indígena y la protección de los intereses de las víctimas de la delincuencia son evidencia de que comprendemos esta necesidad y estamos comprometidos a hacer algo al respecto.
Hoy me complace anunciar que el Departamento está otorgando más de 50 millones de dólares para ayudar a comunidades tribales de un total de 100 millones de dólares otorgados a comunidades tribales en 2008. Este dinero adicional apoyará a su desarrollo de estrategias de justicia criminal y la creación y administración de sus propias soluciones a los diversos desafíos que enfrentan sus comunidades. Estamos comprometidos a trabajar como sus asociados en estas iniciativas.
Esta financiación incluye más de 38 millones de dólares otorgados por la Oficina sobre Violencia contra la Mujer en apoyo a programas que ayudan a las víctimas, entre ellos el Programa de Asistencia Legal para Víctimas, un programa diseñado para aumentar la disponibilidad de servicios legales para víctimas de agresión, acoso y violencia doméstica.
También brindaremos subsidios por un total que supera los 3 millones de dólares a gobiernos tribales para ayudar a implementar el registro de delincuentes sexuales y programas de notificación y más de 8 millones de dólares para prevenir la delincuencia juvenil y mejorar los sistemas tribales de justicia juvenil.
Se otorgarán fondos adicionales por un valor de 7 millones de dólares para ayudar a las tribus a construir y renovar correccionales, mientras que otros 5 millones de dólares apoyarán al Programa de Asistencia a Tribunales Tribales, destinado a ayudar a sistemas de justicia tribal.
Con la amenaza de la metanfetamina en mente, se otorgarán más de 3 millones de dólares para ayudar a controlar y prevenir delitos asociados a la distribución y el consumo de alcohol y sustancias controladas en comunidades tribales.
Se entregará más de 1 millón de dólares para ayudar a las tribus a fortalecer sus sistemas de justicia juvenil al garantizar que los jóvenes que violen la ley sean responsabilizados por sus delitos.
Y, por último, se otorgarán 500,000 dólares a través del programa de Servicios de Asesoría y Religiosos para Víctimas de la Delincuencia en Territorio Indígena. Este dinero ayudará a financiar muchos programas que están siendo de gran ayuda en Territorio Indígena.
Pero, además de aportar dólares, el Departamento de Justicia se enorgullece de brindar otros tipos de apoyo. Por ejemplo, nuestra Fuerza de Tarea de Violencia contra la Mujer del Territorio Indígena se reunió recientemente por primera vez en Washington. La fuerza de tarea, compuesta de organizaciones tribales de violencia doméstica y agresión sexual, gobiernos tribales y organizaciones nacionales tribales, está asistiendo al Instituto Nacional de Justicia y la Oficina sobre Violencia contra la Mujer en el desarrollo y la implementación de un proyecto de investigación sobre violencia contra mujeres indígenas, que incluye violencia doméstica, violencia en las relaciones amorosas, agresión sexual y acoso. El programa evaluará la eficacia de la respuesta federal, estatal y tribal a este tipo de violencia.
Este apoyo y asociación es el centro de nuestra estrategia colectiva para luchar contra la delincuencia en los Estados Unidos. Y, a nivel personal, es importante para mí porque sé que funciona.
Antes de ser designado como Subsecretario de Justicia de los Estados Unidos, tuve el privilegio de servir como Fiscal Federal para Connecticut. En ese puesto, tuve el placer de trabajar de cerca con muchos representantes destacados de las fuerzas del orden público locales, estatales y tribales. Esas interacciones me recordaron constantemente que, para la mayoría de las personas, los agentes locales y tribales son el rostro de las fuerzas del orden público. A ellos recurren en caso de emergencia: así como también lo hacen durante un desastre natural o después de un delito.
Pero eso no significa que ustedes tengan que lidiar solos con problemas de delincuencia. La coacción es más eficaz cuando trabajamos todos juntos, y la asociación entre las fuerzas del orden público locales y el Departamento de Justicia es un elemento crucial para lograr el éxito.
Esa asociación incluye a fuerzas del orden público tribal, y su labor es de extrema importancia en esta lucha. Dado que millones de personas dependen de sus servicios y su protección, no es una exageración decir que las fuerzas del orden público tribales son cruciales para la seguridad de nuestro país. Los servicios policiales en Territorio Indígena son de carácter único. Sus agencias de coacción son responsables de patrullar más de 55 millones de acres de territorio. El nivel de coordinación y cooperación que forma parte de su rutina diaria supera ampliamente el nivel que necesitan la mayoría de las agencias de coacción.
Sabemos que la escasez y los cambios de personal, y la necesidad de contratar y capacitar constantemente a nuevos empleados puede afectar seriamente el presupuesto y la gestión de una agencia de coacción. También sabemos que estos desafíos a menudo son exacerbados por las amplias zonas geográficas que algunos de ustedes patrullan. Según el Congreso Nacional de Indígenas Estadounidenses, solo hay 2,380 agentes del Buró de Asuntos Indígenas [Bureau of Indian Affairs (BIA)] y agentes uniformados para servir aproximadamente a 1.4 millones de indígenas en los 48 estados hacia el sur.
Por ejemplo, el Departamento de Seguridad Pública de la Nación Navajo y el Departamento de Policía de Reno en Nevada tienen aproximadamente el mismo número de agentes y sirven poblaciones de tamaño similar. Pero los agentes navajo son responsables de 22,000 millas cuadradas, en vez de las 57 millas cuadradas de Reno. Por lo que reconocemos y apreciamos la gran responsabilidad que conlleva patrullar un área tan vasta.
El Departamento también reconoce el papel crucial que muchas de sus agencias desempeñan en la protección de las fronteras de los Estados Unidos. La Nación Tohono O’Odham comparte una frontera de 75 millas con México. Esta zona es remota y la geografía es dura. Yo lo sé porque - con asistencia de Diane - he sobrevolado esta zona y visto con mis propios ojos los desafíos que representa para las fuerzas del orden público. Es habitual que la policía Tohono O’Odham confisque miles de libras de drogas ilegales ingresadas de contrabando a los EE.UU. desde México a lo largo del año, junto con cientos de armas ilegales.
Para contribuir con esta labor, el mes pasado, el Departamento anunció subsidios por un total de casi 15 millones de dólares a 80 departamentos de policía tribales y gobiernos en 22 estados a través del Programa de Subsidios para Recursos Tribales de la Oficina de Servicios de Policía con Orientación Comunitaria [Community Oriented Policing Services (COPS)]. De hecho, desde 1995, COPS ha otorgado más de 329 millones de dólares en apoyo a agencias indígenas estadounidenses de coacción.
Todos sabemos que algunos de los desafíos que sus comunidades enfrentan reflejan los desafíos que las comunidades no tribales también enfrentan. Un buen ejemplo es la metanfetamina.
El año pasado, COPS y el Buró de Asuntos Indígenas unieron sus fuerzas para abordar temas de concienciación y prevención sobre metanfetamina. A través de esta asociación, se realizaron 16 eventos de capacitación y concienciación sobre laboratorios clandestinos en comunidades tribales de todo el país. Cada evento brindó capacitación para agentes de las fuerzas del orden público y ciudadanos sobre las mejores estrategias que sus comunidades pueden usar para luchar contra la metanfetamina. Mediante esta asociación, también se financiaron otras 12 sesiones de 3 días en salones de clases y laboratorios realizadas en el centro de capacitación del BIA aquí en Albuquerque. Esa iniciativa hizo que más de 550 agentes recibieran capacitación sobre coacción y seguridad asociadas a la metanfetamina.
El Departamento también financió un programa de capacitación en el trabajo contra las drogas para más de 350 agentes tribales y agentes de policía e investigadores criminales del BIA. Esta capacitación ayudó a darles a los participantes el conocimiento y las destrezas necesarias para formar coaliciones en su comunidad y entre agencias para luchar contra las drogas.
Otra amenaza reconocida por esta conferencia como una amenaza que tanto las comunidades tribales como las no tribales enfrentan son los delitos contra los niños. Bajo el Proyecto Niñez Segura, trabajamos junto con colegas estatales, locales y tribales para proteger a nuestros niños de predadores. Nuestra estrategia integral incluye prevención, coacción y registro de delincuentes sexuales, un área que sé que es de especial interés para muchos de ustedes.
En julio de 2006, el Congreso aprobó la Ley de Protección y Seguridad Infantiles Adam Walsh, que incluyó la Ley de Registro y Notificación de Delincuentes Sexuales [Sex Offender Registration and Notification Act (SORNA)]. Esta ley estableció nuevos requisitos de registro de delincuentes sexuales y una nueva oficina para implementar la ley: la Oficina de Sentencias, Monitorización, Aprehensión, Registro y Rastreo de Delincuentes Sexuales [Sentencing, Monitoring, Apprehending, Registering and Tracking (SMART)]. Las leyes anteriores no incluían a delincuentes sexuales condenados en tribunales tribales o a quienes ingresaban a tierras tribales después de ser condenados en otra zona. Y, debido a eso, algunos delincuentes sexuales consideraban que las reservas tribales eran un refugio para ellos.
La Oficina SMART está trabajando con las tribus para modificar esta situación. Bajo SORNA, las tribus que no están bajo la ley pública 280 pueden elegir funcionar como una jurisdicción con registro de delincuentes sexuales o delegar esta responsabilidad al estado. La fecha límite para esta decisión fue el 27 de julio de 2007. De 212 tribus elegibles, 197 eligieron asumir las responsabilidades de registro de delincuentes sexuales.
La implementación de SORNA ha planteado diversos temas en las tribus, entre ellos la capacidad informática, los recursos financieros, la jurisdicción, la responsabilidad de coacción y el desarrollo de códigos tribales. La Oficina SMART ha estado trabajando con los sectores de liderazgo de agencias federales, agencias estatales y tribus con la intención de resolver estos temas.
Por ejemplo, muchas tribus están preocupadas por los requisitos tecnológicos necesarios para registrar y rastrear a delincuentes sexuales. Para tratar esta inquietud, la Oficina SMART está desarrollando un Registro Centralizado de Delincuentes Sexuales para Territorio Indígena. Esta herramienta se está creando para brindarles a las tribus indígenas un sistema de registro de delincuentes sexuales completamente funcional.
Cada tribu que elija utilizar el registro centralizado tendrá su propio portal público, un portal administrativo privado y una base de datos. El portal público estará disponible en el Internet para que el público pueda buscar a delincuentes sexuales y recibir notificaciones sobre delincuentes sexuales que viven en sus vecindarios.
El portal privado administrativo será un sitio seguro que podrá ser usado por miembros autorizados de la tribu para agregar, editar y eliminar información sobre delincuentes sexuales registrados. Además, las tribus que usen el registro centralizado de delincuentes sexuales participarán automáticamente en el portal público nacional de delincuentes sexuales Dru Sjodin.
La Oficina SMART está trabajando incansablemente para asegurarse de que todas las tribus cuenten con las herramientas y los recursos para ayudar a hacer que el Territorio Indígena sea un lugar más seguro para los niños. Si cree que hace falta hacer algo más para apoyar sus iniciativas en este tema para proteger a los niños, le pedimos que nos avise.
Al encarar el futuro, confío en que la relación entre el Departamento de Justicia y el Territorio Indígena seguirá fortaleciéndose y que juntos progresaremos en nuestra misión compartida de hacer que nuestras comunidades sean más seguras. En esta misión, al igual que en todas nuestras iniciativas, dependemos de nuestros asociados a nivel comunitario y en las fuerzas del orden público tribales, estatales y locales. Admiro enormemente su compromiso con las víctimas de la delincuencia y con la seguridad pública de sus comunidades. Les pido que sigan trabajando así y se cuiden mucho.
Gracias.
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