WASHINGTON, D.C. - La Administración de Correcciones de Puerto Rico [Puerto Rico Administration of Corrections (PRAC)] acordó construir un sistema seguro de aprovisionamiento de agua potable, con un costo estimado de 1 millón de dólares, para proporcionar agua potable segura a la comunidad rural de La Sapia, en Orocovis, Puerto Rico, para solucionar contravenciones a un decreto por consentimiento acordado en 1997, anunciaron hoy el Departamento de Justicia y la Agencia de Protección Ambiental [Environmental Protection Agency (EPA)]. Además, la PRAC pagará una sanción de 500,000 dólares por violaciones del acuerdo de 1997, que resolvieron alegaciones sobre violaciones por la PRAC de la Ley de Agua Limpia [Clean Water Act] al verter aguas residuales contaminadas de cuatro prisiones en aguas de Puerto Rico.
Para asegurar el cumplimiento, el acuerdo obliga a la PRAC a:
Realizar las tareas necesarias detalladas para completar el proyecto de La Sapia de acuerdo a una agenda especificada;
Contratar a un inspector de campo para supervisar el cumplimiento y presentar informes de situación regular a la EPA; y
Depositar un total de 3 millones de dólares en dos cuentas en custodia dedicadas, respectivamente, al financiamiento del proyecto La Sapia y al pago de las sanciones en caso de cualquier contravención futura.
"Este acuerdo elimina la disposición de aguas servidas sin tratamiento y protege a las aguas locales", dijo Alan J. Steinberg, Administrador Regional de la EPA. "Ahora estamos en la recta final de lo que ha sido un esfuerzo concertado por parte de la EPA para que la PRAC cumpla".
"El acuerdo avanza nuestro compromiso para hacer cumplir las leyes que garantizan que las aguas de Puerto Rico estén limpias y sean seguras para la comunidad local", dijo Sue Ellen Wooldridge, Secretaria de Justicia Adjunta para la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia. "Los requerimientos de agua potable segura del acuerdo de hoy están diseñados para garantizar que la PRAC cumpla con sus obligaciones para con la gente de Puerto Rico según el acuerdo de 1997". Como resultado de las acciones de coacción de la EPA y del Departamento de Justicia para este caso, la PRAC ha gastado ya millones de dólares para cerrar en forma permanente las plantas de tratamiento de aguas servidas de tres prisiones que no funcionaban correctamente (Campo Penal Guerreo, Campo Penal Zarzal y Campo Penal Guavate), para construir conexiones desde dos de esas prisiones al sistema de tratamiento regional de aguas servidas de la Autoridad de Acueductos y Cloacas de Puerto Rico [Puerto Rico Aqueduct and Sewer Authority], y para mejorar un sistema de bombeo de aguas servidas en una cuarta prisión (Complejo Correccional Las Cucharas).
El acuerdo de hoy tiene la forma de un decreto por consentimiento propuesto, el cual fue interpuesto en el Tribunal Federal de Distrito del Distrito de Puerto Rico. El acuerdo está sujeto a un período de 30 días para comentarios del público y aprobación final del tribunal. Durante ese período, el decreto por consentimiento también podrá examinarse en el portal del Departamento de Justicia en http://www.usdoj.gov/enrd/open.html. Para obtener más información sobre cuestiones relacionadas con el agua, visite http://www.epa.gov/ebtpages/water.html.
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