WASHINGTON -- A continuación una traducción extraoficial de una Declaración Explicativa emitida por la Casa Blanca el 26 de febrero en relación con la certificación de drogas extendida a México:

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DECLARACION EXPLICATIVA, MEXICO

México logró progresos significativos contra los narcóticos en 1998. Basándose en los compromisos presidenciales de mayo de 1997, Estados Unidos y México organizaron una Estrategia Binacional contra las Drogas -- publicada en febrero de 1998 -- que identificó 16 áreas de cooperación para reducir el consumo producción y tráfico de drogas ilícitas. Posteriormente en 1998, los dos países elaboraron las Medidas de Efectividad de Desempeño de la Estrategia a fin de guiar su aplicación y proveer los medios de supervisar el progreso. Las Medidas fueron aprobadas formalmente durante la visita del presidente Clinton a México en febrero de 1999. El Grupo de Contacto de Alto Nivel para el Control de Drogas de Estados Unidos y México y la Plenaria de Altos Funcionarios de Aplicación de la Ley siguieron siendo el foro principal para coordinar la cooperación bilateral contra los narcóticos.

Las agencias del gobierno de Estados Unidos tienen relaciones de trabajo productivas con sus colegas del gobierno de México en toda una gama de programas contra los narcóticos. Los dos gobiernos han establecido numerosos mecanismos tanto formales como informales para promover buena comunicación y coordinación.

Los obstáculos más graves a la cooperación bilateral contra los narcóticos y la efectividad de las agencias mexicanas en el combate contra los principales carteles de las drogas se relacionan con la debilidades institucionales, tales como la falta de recursos y entrenamiento adecuados y la extensa corrupción relacionada con los narcóticos. El gobierno de México tomó en 1998 varias medidas importantes para abordar estos problemas. Por ejemplo, por primera vez la Oficina del Procurador General de la República (PGR) puso en práctica un proceso intensivo de selección de reclutas en las agencias de aplicación de la ley así como para todo el personal designado para ocupar puestos delicados. Este grado de selección finalmente se aplicará a todo el personal de la PGR. Este tipo de reformas, junto con las actividades de entrenamiento bilaterales, ayuda a crear confianza entre las autoridades de ambos gobiernos, lo que conduce a una mejor cooperación bilateral.

Durante 1998 el gobierno de México también tomó medidas para poner en práctica importantes reformas legislativas para aumentar los esfuerzos contra el narcotráfico y el crimen organizado. Entre estas medidas están la presentación de una legislación que regula la propiedad decomisada a fin de permitir el decomiso de bienes y la coparticipación, la modernización del código de procedimientos penales de México para facilitar el enjuiciamiento de los traficantes de drogas, y la reducción de la capacidad de los empleados despedidos por corrupción de poder ser restablecidos mediante apelación. En un esfuerzo para mejorar el profesionalismo y aumentar las capacidades, los funcionarios mexicanos de aplicación de la ley participaron en 1998 en varios programas de entrenamiento bilaterales creados para mejorar la tramitación de pruebas, vigilancia electrónica, decomiso de bienes, detección de drogas e investigación de fraude.

Durante 1998, las autoridades mexicanas arrestaron a numerosos traficantes de drogas incluso a Jesús y Luis Amezcua (grandes traficantes de metanfetaminas cuya extradición solicita Estados Unidos), 20 miembros de la organización de Amado Carrillo Fuentes (el cartel de Juárez), el ex comandante militar de Baja California, y dos jefes de la Policía Federal Judicial. Entre las condenas y sentencias principales de 1998 están las del ex zar de las drogas, el general del ejército Gutiérrez Rebollo (sentenciado a casi 14 años por delitos que incluyen tenencia y transporte ilegales de armas de fuego y abuso de autoridad), y Ernesto "Don Neto" Fonseca Carrillo (sentenciado a 11 años de prisión por acusaciones de delitos de drogas, además de la condena que ya cumple por el asesinato de un agente de la DEA en 1985). Más de 10.000 ciudadanos mexicanos y 255 extranjeros fueron arrestados por acusaciones relacionadas con las drogas.

Sobre la base de la legislación y regulaciones aprobadas en 1996 y 1997, el gobierno de México hizo progresos el año pasado en detectar y enjuiciar casos de lavado de dinero. La Unidad de Investigación Financiera establecida en el Ministerio de Finanzas de México continuó colaborando estrechamente con sus contrapartes del gobierno de Estados Unidos en investigaciones de lavado de dinero, y proveyó indicios, seguimiento y acceso a testigos. Con información y apoyo técnico de Estados Unidos, el gobierno de México aumentó en 1998 los decomisos de bienes de narcotraficantes, incluso un decomiso de 250 millones de dólares relacionado con Alcides Ramón Magaña en Cancún. El primer enjuiciamiento de México por lavado de dinero demostró un progreso alentador en 1998.

El gobierno de México mantuvo sus programas de interceptación y erradicación masivas en 1998. Por ejemplo, personal mexicano militar y de aplicación de la ley decomisó 22,6 toneladas métricas de cocaína y más de 1.000 toneladas métricas de marihuana. Erradicó en una temporada completa de cosecha aproximadamente 9.500 hectáreas de adormidera y 9.500 hectáreas de cannabis. El gobierno de México continuó cooperando con el gobierno de Estados Unidos en interceptar envíos de drogas en el curso de 1998. Por ejemplo, en un caso importante, el gobierno de México decomisó tres toneladas de cocaína de un barco de traficantes que fue forzado a atracar mediante la acción coordinada del Servicio de Guardacostas y la Armada de México. Además, la cooperación bilateral, mediante el uso de las capacidades aéreas de Estados Unidos para detectar y observar vuelos de drogas, aumentó en 1998.

Ambos gobiernos reconocen que queda mucho por hacer para desmantelar los principales carteles internacionales de drogas, que representan una amenaza tan grave para ambos países. Las organizaciones criminales que tienen sus bases en México están bien financiadas y son violentas y ponen en grave riesgo al personal mexicano militar y de aplicación de la ley. La persistente influencia corruptora de estos grupos es también una preocupación importante para el gobierno de México.

El presidente Zedillo ha subrayado públicamente su compromiso de combatir el narcotráfico y fortalecer las instituciones mexicanas de aplicación de la ley. Reafirmó este compromiso ante los funcionarios de Estados Unidos, incluso en una reunión que sostuvo en junio de 1998 con el presidente Clinton en la Sesión Especial sobre Drogas de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En febrero de 1999 el gobierno de México anunció una importante iniciativa de seguridad pública que intensificará notablemente los esfuerzos nacionales contra las drogas. No obstante la austera situación presupuestaria, el presidente Zedillo ha ordenado que el gobierno de México invierta hasta 500 millones de dólares, en los próximos tres años, en mejorar la capacidad del país de interceptar envíos de drogas, combatir a las principales organizaciones de narcotraficantes y las influencias corruptoras de estas organizaciones en los sectores público y privado. La iniciativa requiere también un gran esfuerzo para combatir el crimen y la violencia en las calles.

El gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México han desarrollado cuidadosamente relaciones positivas de trabajo, y la buena voluntad que resulta de esos esfuerzos seguirá siendo esencial a medida que ambos gobiernos continúan enfrentando la amenaza común del narcotráfico internacional.

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