INFORMACION DE FONDO
Informe del Departamento de Estado sobre la Trata de Personas
(2008)
Publicado el 4 de junio de 2008
Traducción extraoficial de la sección concerniente a México
– Inglés
Original
México (Grupo 2 de la Lista de Observación)
México es un país de importante origen, tránsito
y destino de personas que son sujetos a la trata de seres
humanos para ser objeto de explotación sexual comercial
y trabajo forzado. Un gran número de mujeres, niñas
y niños mexicanos son objeto de tráfico interno
para ser explotados sexualmente, frecuentemente sacados
con engaños de regiones rurales hacia zonas urbanas
fronterizas y turísticas mediante ofertas falsas
de empleo. Al llegar al destino, muchos de ellos son golpeados,
amenazados y forzados a prostituirse. De acuerdo con el
gobierno mexicano, hasta 20,000 niños son víctimas
de explotación sexual comercial en México
cada año, especialmente en zonas turísticas
y fronterizas. El turismo sexual, incluyendo el que involucra
a menores, tiene una tendencia a la alza, en especial en
áreas turísticas como Acapulco y Cancún,
y en ciudades fronterizas del norte como Tijuana y Ciudad
Juárez. Los pedófilos extranjeros que realizan
turismo sexual proceden en su mayoría de los Estados
Unidos, Canadá y Europa Occidental. La gran mayoría
de las víctimas que proceden de otros países
que son llevadas a México para su explotación
sexual vienen de América Central, particularmente
de Guatemala, Honduras y El Salvador; muchos de ellos están
en México de tránsito hacia los Estados Unidos
y, en menor medida, hacia Canadá y Europa Occidental.
Algunos menores de edad centroamericanos que viajan solos
por México para reunirse con familiares en los Estados
Unidos caen víctimas de tratantes, particularmente
cerca de la frontera guatemalteca. Las víctimas de
Sudamérica y el Caribe, de Europa Oriental y de Asia
también son llevadas a México para explotación
sexual o laboral, o en tránsito hacia los Estados
Unidos. Redes de crimen organizado llevan a mujeres y niñas
mexicanas a los Estados Unidos para ser explotadas sexualmente.
Hombres y niños mexicanos son traficados desde el
sur hacia el norte de México para realizar trabajos
forzados. Los centroamericanos, en especial los guatemaltecos,
han sido sujetos de explotación para producción
agrícola en el sur de México. Hombres, mujeres
y niños son traficados hacia los Estados Unidos para
labores forzadas, especialmente en la agricultura.
El gobierno de México no cumple completamente con
los estándares mínimos para lograr la eliminación
de la trata de personas; sin embargo, está realizando
esfuerzos importantes para lograrlo. El gobierno federal
ha demostrado su determinación por combatir la trata
de personas al promulgar una legislación amplia contra
la trata, destinando recursos financieros para construir
refugios para víctimas, e incrementando la recolección
de información entre agencias federales con respecto
a los patrones de la trata. De cualquier modo, el alto número
de víctimas de la trata en México continúa
siendo una preocupación seria, y los esfuerzos del
gobierno por castigar a los culpables y a las autoridades
cómplices de esta actividad continúan siendo
inadecuados, al igual que la protección y asistencia
a las víctimas.
Recomendaciones para México
Incrementar los esfuerzos por procesar y castigar a los
tratantes por sus crímenes; aumentar la asistencia
a las víctimas; luchar contra la complicidad de funcionarios
públicos; formalizar procedimientos para identificar
a las víctimas en sectores vulnerables; expandir
capacitación contra la trata para jueces y agentes
de procuración de justicia, y financiar al igual
que aplicar adecuadamente la nueva ley federal contra la
trata.
Procesamiento Legal
El gobierno de México aumentó los esfuerzos
por investigar y llevar a juicio a los tratantes de seres
humanos durante el periodo de este informe. En noviembre
de 2007, el gobierno mexicano promulgó una legislación
amplia para prohibir todas las formas de trata de personas
a nivel federal. La nueva ley conlleva penas de entre seis
y 12 años de prisión, además de cuantiosas
multas, que pueden aumentar el rango de penas a nueve a
18 años en prisión si la víctima es
menor de edad o padece de sus facultades mentales. Si el
acusado es un funcionario público, las penas aumentan
en 50 por ciento, e incluyen la destitución del cargo.
Además de la nueva ley federal, los Artículos
201 al 204 del código penal mexicano criminalizan
la corrupción de menores, la prostitución
infantil, y la pornografía infantil, con penas de
entre cinco y 10 años de cárcel. Todas las
penas citadas son lo suficientemente estrictas y exceden
aquellas prescritas para otros crímenes como la violación.
La nueva ley contra la trata de personas también
contempla servicios para las víctimas e instituye
una comisión de agencias federales que tiene la autoridad
de pedir fondos para instaurar la nueva ley y un programa
nacional para prevenir la trata de personas. La Secretaría
de Gobernación ha sido nombrada recientemente la
agencia líder en esta comisión, que se ha
estado reuniendo de manera informal. En febrero de 2008,
el Procurador General de la República conformó
una nueva unidad de fiscales contra la trata, llamada la
Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra
las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), después
de que una unidad de policía con ese propósito
fue desmantelada al cambiar la administración presidencial
a principios de 2007. FEVIMTRA llevará todos los
casos federales de trata de personas excepto aquellos que
involucren al crimen organizado; éstos últimos
los seguirá llevando la Subprocuraduría de
Investigación Especializada contra la Delincuencia
Organizada de la Procuraduría General de la República.
Desde junio de 2007, el gobierno federal ha arrestado a
siete personas sospechosas de trata sexual. No se han reportado
sentencias o castigos a tratantes. No hubo esfuerzos por
investigar o procesar crímenes de explotación
laboral, a pesar de los reportes sobre mexicanos, centroamericanos
y otros ciudadanos extranjeros que son sujetos de explotación
laboral en México.
En el sistema federal de México, los gobiernos estatales
han tenido un papel significativo en la procuración
de justicia en el combate a la trata de personas. Típicamente
se cita la jurisdicción federal en los casos que
involucran al crimen organizado o en casos de trata internacional
o transnacional; por lo tanto, se requiere de leyes estatales
contra la trata para procesar los casos a nivel local. Los
31 estados de México y el Distrito Federal prohíben
en los códigos penales algunos aspectos de la trata
de personas. Desde abril de 2008, cinco estados: Chihuahua,
Guerrero, México, Sonora y Zacatecas han promulgado
leyes contra la trata. El estado de Chihuahua ha iniciado
seis procesos legales relacionados con la trata de personas
desde que se promulgó la ley estatal en enero de
2007. En un caso, una acusada fue sentenciada a 11 años
en prisión por cargos estatales de trata de personas
por atraer con engaños a niños para tener
relaciones con su coacusado, un ciudadano estadounidense.
El ciudadano estadounidense fue sentenciado a nueve años
en prisión por la violación de un niño
de 10 años. En otro caso que involucró la
explotación sexual de menores, un ciudadano estadounidense
que pagaba a menores por sexo oral no pudo ser procesado
porque las víctimas, que eran niños, supuestamente
habían “aceptado” realizar el acto. Más
capacitación contra la trata de personas ayudaría
a las agencias de procuración de justicia a identificar
a las víctimas en el esquema de la nueva ley federal
de México, y a reconocer que las víctimas
de la trata, particularmente los menores de edad, no pueden
acceder a su propia explotación.
Durante el periodo que se reporta, el gobierno mexicano
hizo esfuerzos importantes por cooperar con el gobierno
de los Estados Unidos en investigaciones sobre trata transfronteriza.
Desde 2005, un programa conjunto de México y E.U.,
conocido como Iniciativa de Seguridad y Operación
contra Traficantes (OASISS, por sus siglas en inglés),
ha facilitado el intercambio de información entre
fiscales de ambos lados de la frontera, con la meta de identificar,
priorizar y proceder legalmente contra culpables de trata
de seres humanos y tráfico de personas. El año
pasado, en coordinación con agencias de procuración
de justicia estadounidenses, el gobierno mexicano llevó
a cabo ocho operaciones para rescatar a más de 90
víctimas potenciales de situaciones de trata. Se
aumentó el entrenamiento contra la trata brindado
por el gobierno a oficiales públicos, y el gobierno
también recibió apoyo en capacitación
de los Estados Unidos y de organizaciones internacionales.
Durante el periodo que se reporta, un sospechoso de abusar
de menores fue extraditado de los Estados Unidos a México
en 2006 y permaneció en una cárcel de Cancún,
en espera de su proceso legal. El gobierno de México
cooperó con los otros gobiernos en investigaciones
de casos de trata de personas en los Estados Unidos, Guatemala,
El Salvador y Argentina durante el mismo periodo. También
es destacable el apoyo del gobierno mexicano a una investigación
de turismo sexual llevada a cabo por E.U. que involucra
a un ciudadano estadounidense en Ciudad Juárez; el
acusado ha sido convicto y sentenciado en los Estados Unidos.
A pesar de mostrar progreso en la procuración de
justicia contra la trata de personas, otras prioridades
y preocupaciones de seguridad en México, junto con
el límite de recursos, continúan complicando
las investigaciones contra los tratantes. La corrupción
entre los funcionarios públicos, especialmente el
personal de procuración de justicia a nivel local
y el personal de inmigración, sigue siendo una preocupación
seria; se reportó que algunos funcionarios aceptan
o exigen sobornos, desalientan la denuncia o ignoran la
prostitución infantil al igual otras actividades
de trata de seres humanos en burdeles y sitios del comercio
sexual. El gobierno de México puede mejorar la procuración
de justicia con esfuerzos importantes para luchar contra
la complicidad por parte de funcionarios públicos.
Más entrenamiento para los funcionarios sobre la
nueva ley federal contra la trata también ayudaría
a estos esfuerzos, además de la capacitación
a funcionarios estatales y locales sobre las diferencias
entre el tráfico y la trata de personas.
Protección
El gobierno de México mantuvo el modesto nivel de
protección a las víctimas que ofrecía
el año anterior, y continuó apoyándose
en organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales
para brindar la mayoría de la asistencia a las víctimas
de la trata. Para abordar la necesidad reconocida de dedicar
refugios para las víctimas de la trata de seres humanos,
el Congreso de México asignó 7 millones de
dólares en enero de 2008 para construir dos refugios
para víctimas hombres, mujeres y niños. El
gobierno, a través del la agencia del Desarrollo
Integral de la Familia, también opera refugios para
niños que han sido víctimas de cualquier forma
de violencia, incluyendo a víctimas de la trata.
El gobierno ofrece a las víctimas que son ciudadanos
extranjeros alternativas legales a la repatriación
a países donde pueden enfrentar dificultades o represalias.
Sin embargo, la mayoría de las víctimas que
son ciudadanos extranjeros siguen siendo deportadas dentro
de un periodo de 90 días. El gobierno autoriza la
expedición de visas humanitarias renovables con vigencia
de un año para víctimas que asistan en el
proceso legal contra los tratantes. Nueve víctimas
de trata de personas recibieron este tipo de visas durante
el periodo que se reporta. Muchas víctimas en México
tienen miedo de identificarse o de publicar sus casos por
temor a represalias de sus tratantes, muchos de los cuales
son miembros de redes de crimen organizado. Si bien, los
recursos del gobierno en esta área están limitados,
instaurar un programa confiable de testigos protegidos en
casos de trata de personas puede ayudar a asegurar el bienestar
físico de víctimas que son testigos y garantizar
su testimonio en un juicio. En 2007 no hubo ningún
reporte confirmado de víctimas que fueran penalizadas
por ilegalidades cometidas como resultado directo de ser
objeto de trata de personas. El gobierno actualmente no
cuenta con procedimientos formales para identificar a víctimas
de la trata entre sectores vulnerables, como mujeres prostituidas
en burdeles, o un mecanismo para canalizar a las víctimas
a ONGs especializadas para su cuidado. Sin embargo, el Instituto
Nacional de Migración reportó que se incrementó
la capacitación contra la trata a sus agentes durante
el periodo que se reporta, y se desarrollaron lineamientos
para identificar a víctimas de la trata, particularmente
menores de edad, entre los inmigrantes detenidos. El Instituto
Nacional de Migración también creó
un grupo de trabajo en cada estado de la República
para abordar la trata de personas a nivel estatal. Las autoridades
de inmigración canalizaron a 78 víctimas extranjeras
de la trata a la Organización Internacional para
la Migración el año pasado.
Prevención
Tanto el gobierno federal como los estatales fortalecieron
sus esfuerzos de prevención. La Comisión Nacional
de Derechos Humanos está tomando parte activa en
el entrenamiento para identificar a víctimas de la
trata y ha establecido 10 centros en todo el país
para su atención, la mayoría a lo largo de
las fronteras norte y sur. Está aumentando la concientización
en este tema entre funcionarios de gobierno y el público,
y altos funcionarios enfatizaron la necesidad de combatir
a la trata de seres humanos. Con apoyo de ONGs y de organizaciones
internacionales, el gobierno patrocinó diversos seminarios
y sesiones de entrenamiento para aumentar la conciencia
pública al respecto. La colaboración del gobierno
con ONGs y organizaciones internacionales en los esfuerzos
contra la trata aumentaron el año pasado, pero se
reporta que no se hace de manera equitativa entre las agencias
federales involucradas. El gobierno tomó medidas
para reducir la demanda de actos sexuales mediante el procesamiento
legal a nivel estatal de individuos, incluyendo a ciudadanos
extranjeros, que cometen actos sexuales con niños.
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