El presidente de una intermediaria con sede en el Condado de Miami-Dade, Fla., y el ex-contralor de una empresa de telecomunicaciones con sede en el Condado de Miami-Dade se declararon ambos culpables en conexión con sus papeles en una conspiración para pagar y ocultar más de 1 millón de dólares a ex-funcionarios del gobierno de Haití.
Juan Díaz, 51, de Miami, se declaró culpable hoy en Miami ante el Juez Federal de Distrito José E. Martínez de un cargo de conspiración para realizar pagos corruptos a un funcionario gubernamental extranjero con la finalidad de lograr ventajas comerciales para tres empresas de telecomunicaciones distintas del Condado de Miami-Dade brindadas por la empresa de telecomunicaciones estatal de la República de Haití, Telecommunications D'Haiti, en violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero [Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)] y las leyes contra el lavado de dinero. De acuerdo con los documentos de la declaración de culpabilidad, Díaz pagó y ocultó 1,028,851 dólares en sobornos a ex-funcionarios del gobierno de Haití cuando era intermediario de tres empresas privadas de telecomunicaciones durante la conspiración.
Antonio Pérez, 51, de Miami, se declaró culpable ante el Juez Martínez el 27 de abril de 2009, a un cargo de conspiración para la realización de pagos corruptos para una de las tres empresas de telecomunicaciones del Condado de Miami-Dade a Telecommunications D'Haiti, en violación de la FCPA y de leyes contra el lavado de dinero. Pérez era el contralor de la empresa de telecomunicaciones entre marzo de 1998 y, aproximadamente, enero de 2002. De acuerdo con los documentos de la declaración de culpabilidad, se pagaron aproximadamente 674,193 dólares en sobornos del empleador de Pérez a ex-funcionarios del gobierno de Haití a lo largo de la conspiración, la cual continuó hasta 2003.
De acuerdo con el expediente judicial, las empresas de telecomunicaciones del Condado de Miami-Dade firmaron una serie de contratos con Telecommunications D'Haiti, los cuales permitían que los clientes de las empresas realizarán llamadas telefónicas a Haití. Díaz y Pérez admitieron que conspiraron con las empresas para realizar "pagos adicionales" a través de una empresa fantasma perteneciente a Díaz y al entonces Director de Relaciones Internacionales de Telecommunications D'Haiti y el entonces Director General de Telecommunications D'Haiti. A cambio por estos pagos, se alega que las autoridades del gobierno extranjero otorgaron una variedad de ventajas comerciales a las empresas de telecomunicaciones del Condado de Miami-Dade, incluidos la emisión de tarifas de telecomunicaciones preferenciales, reducción de la cantidad de minutos por las que se debía pagar y otorgamiento de una variedad de créditos hacia sumas debidas.
En conexión con su declaración de culpabilidad, Díaz admitió que entre noviembre de 2001 y octubre de 2003, él y sus co-conspiradores utilizaron la empresa fantasma con la única finalidad de aceptar sobornos y luego lavar dichos sobornos a los entonces funcionarios gubernamentales de Haití. Díaz admitió que nunca proveyó ni tuvo la intención de proveer mercaderías o servicios legales de la empresa fantasma a terceros. Díaz admitió que se quedó con 73,824 dólares como comisiones por el lavado de los sobornos.
En conexión con su declaración de culpabilidad, Pérez admitió que entre noviembre de 2001 y enero de 2002, en nombre de su empleador, ofreció pagar y ayudó a procesar "pagos adicionales" al entonces Director de Relaciones Internacionales de Telecommunications D'Haiti. Pérez admitió que ayudó a pagar 36,375 dólares en "pagos adicionales" durante este periodo. Pérez también admitió que ayudó a ocultar los pagos a través del uso de la empresa fantasma de Díaz y al registrar los pagos como "servicios de consultoría".
En la emisión de la sentencia, Díaz y Pérez enfrentan, cada uno, un máximo de cinco años en prisión y una multa de 250,000 dólares o el doble de la ganancia bruta, de los anteriores, el que resulte mayor. La investigación del gobierno sigue en curso.
El Departamento de Justicia expresa su gratitud al gobierno de Haití por proveer asistencia esencial en reunir pruebas durante esta investigación. En particular, la unidad de inteligencia financiera de Haití, la Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF), el Bureau des Affaires Financières et Economiques (BAFE), un componente especializado de la Policía Nacional Haitiana, y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública proporcionaron cooperación y coordinación significativas en esta investigación en curso.
Estuvieron a cargo de la acusación en los casos la Fiscal Federal Auxiliar Aurora Fagan de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida, la Abogada Litigante Nicola J. Mrazek de la Sección de Fraude de la División Criminal y el Abogado Litigante Kevin Gerrity de la Sección de Confiscación de Bienes y Lavado de Dinero de la División Criminal. La Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal también proporcionó asistencia en este caso. Los casos fueron investigados por la Oficinal Local de Miami de la División de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos [IRS Criminal Investigation (IRS-CI)].
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