Buenos días, Presidente Conyers, Miembro Smith y Miembros del Comité. Gracias por la oportunidad de comparecer ante ustedes hoy para destacar la labor y las prioridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. También deseo agradecerles por el apoyo que le brindan al Departamento. Sé que puedo contar con su apoyo continuo y valoro su reconocimiento a la misión del Departamento y el trabajo importante que realizamos.
El Departamento es responsable por garantizar la seguridad pública contra amenazas tanto extranjeras como domésticas; asegurar que se administre justicia de manera justa e imparcial para todos los ciudadanos de los Estados Unidos; prestar asistencia a nuestros asociados estatales y locales, y defender los intereses de los Estados Unidos de acuerdo con la ley.
Como atestigüé durante mis audiencias de confirmación hace unos meses, nos impondremos un conjunto de metas muy específicas:
Primero, trabajaremos en fortalecer las actividades del gobierno federal que protegen al pueblo estadounidense contra el terrorismo, y lo haremos de acuerdo con la letra y el espíritu de la Constitución. Permítanme aclarar: no necesitamos sacrificar nuestros principales valores para garantizar nuestra seguridad. La adherencia a los Principios de la Ley fortalece la seguridad al privar a las organizaciones terroristas de sus principales herramientas de reclutamiento. Los Estados Unidos deben ser un modelo para el mundo. Lideraremos a través de la fortaleza, lideraremos a través de la sabiduría, lideraremos a través del ejemplo.
Segundo, trabajaremos en restaurar la credibilidad del Departamento, afectada por alegatos de interferencia política indebida. Las decisiones asociadas a la aplicación legal y las acciones personales no deben estar contaminadas por el partidismo. Bajo mi administración, el Departamento de Justicia servirá a la causa de la justicia, y no a los intereses efímeros de la política.
Tercero, trabajaremos para dar nuevo ímpetu a las misiones tradicionales del Departamento. Sin jamás bajar la guardia en la lucha contra el terrorismo global, el Departamento también debe abrazar su papel histórico en la lucha contra la delincuencia, la protección de los derechos civiles, la preservación del medio ambiente y en asegurar la justicia en el mercado.
Al tratar de estas prioridades a lo largo de los próximos años, espero contar con el apoyo continuo de este Comité y del Congreso, como un todo, para asegurar que se implemente un enfoque sistemático con cada una de las prioridades descritas como objetivo.
Seguridad Nacional: Labor Contra el Terrorismo desde el 11/9
La más alta prioridad del Departamento es proteger a los Estados Unidos contra actos de terrorismo. El Departamento de Justicia ha mejorado significativamente su capacidad de identificar, penetrar y desmantelar complots terroristas como resultado de una serie de reformas estructurales, el desarrollo de nuevas herramientas de inteligencia y aplicación legal, y una nueva mentalidad que valora la información compartida, la comunicación y la prevención.
Me comprometo a seguir ampliando nuestra capacidad de disuadir, detectar y desmantelar complots terroristas e identificar a células terroristas que buscarían perjudicarnos. Y me comprometo a hacerlo de acuerdo con los Principios de la Ley y los valores estadounidenses. Seguiremos desarrollando inteligencia, identificando amenazas nuevas y emergentes y utilizando la gama completa de herramientas y capacidades que el Departamento posee en sus componentes de inteligencia y aplicación legal.
Las amenazas que enfrentamos no conocen fronteras. Por lo tanto, si bien nuestra concentración está puesta en proteger la seguridad de los ciudadanos de los Estados Unidos aquí, en nuestro país, ahora más que nunca, existe una conexión crítica entre nuestra seguridad nacional y la creación de instituciones del sector judicial sostenibles en estados emergentes, insolventes o fallidos y en ambientes de pos-conflicto. Nuestra labor de lucha contra el terrorismo se beneficia al promover la cooperación del sector judicial internacional, maximizando la influencia de EE.UU. con respecto al desarrollo de políticas y procedimientos legales extranjeros, y estableciendo vínculos directos y relaciones personales para que las dependencias de las fuerzas del orden pública nuestras y de nuestros colegas puedan usarlos siempre que resulte necesario.
Trabajando con nuestros asociados federales, estatales y locales, así como con nuestros colegas internacionales, el Departamento de Justicia no se ha permitido descanso en su labor de proteger a los Estados Unidos, y seguirá trabajando incansablemente.
A lo largo de los últimos años, el Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] ha transformado sus operaciones para detectar y desmantelar mejor las empresas terroristas - parte de un mayor énfasis del FBI en inteligencia impulsada por la amenaza. Como parte de este cambio estratégico, el FBI ha puesto a punto sus operaciones antiterroristas, ampliado sus capacidades de inteligencia, modernizado sus prácticas comerciales y tecnología, y mejorado la coordinación con sus asociados. Desde los Equipos Especiales Conjuntos contra el Terrorismo, donde agentes trabajan lado a lado con sus colegas estatales y locales para asegurar que no se deje ninguna amenaza de terrorismo sin atender, hasta la formación de un equipo analítico profesional de expertos para identificar amenazas emergentes, he asumido el compromiso de asegurar que el FBI siga ampliando sus capacidades como organización nacional de seguridad.
La División de Seguridad Nacional del Departamento asegura que los elementos de enjuiciamiento e inteligencia en el ámbito del edificio principal del Departamento de Justicia cuenten con administración centralizada. Desde el 20 de enero, la División de Seguridad Nacional ha marcado varios logros cruciales en el enjuiciamiento de casos de terrorismo y asociados al terrorismo, incluidos:
· En el primer uso de tribunales criminales de EE.UU. para enjuiciar a una persona por delitos de terrorismo contra ciudadanos estadounidenses en Irak, Wesam al-Delaema se declaró culpable de poner bombas al costado de las carreteras contra ciudadanos estadounidenses en Fallujah, Irak.
· Cuatro demandados se declararon culpables en conexión con sus esfuerzos para adquirir misiles de superficie a aire y otras armas de los Tigres de la Liberación de Tamil Eelam, una organización terrorista en Sri Lanka.
· Un asociado del traficante internacional de armas Monzer al-Kassar fue encontrado culpable de crímenes de terrorismo en conexión con sus esfuerzos por vender misiles de superficie a aire y otras armas a terroristas en Colombia.
· Un hombre de Ohio y miembro de al-Qaeda fue sentenciado a 20 años en prisión por conspiración para bombardear a objetivos en Europa y los Estados Unidos.
Implementación de las Órdenes Ejecutivas del Presidente de cerrar Guantánamo
En concordancia con nuestro compromiso hacia la seguridad nacional como la principal prioridad del Departamento, el Departamento de Justicia está encabezando la labor ordenada por el Presidente de cerrar Guantánamo y asegurar que las políticas aplicadas de aquí en más para la detención, interrogación y traslado estén de acuerdo con los valores de nuestra nación.
El 22 de enero, el Presidente Obama emitió tres Órdenes Ejecutivas y un Memorando Presidencial que otorgaron responsabilidad significativa al Departamento. El Departamento está a cargo de una iniciativa Inter-agencias para llevar a cabo el trabajo arduo de implementar estas importantes iniciativas presidenciales. Se nos ha pedido que nos ocupemos de:
· Analizar y efectuar la disposición correcta de individuos actualmente detenidos en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo;
· Desarrollar políticas para la detención, el enjuiciamiento, el traslado, la liberación u otra disposición de personas capturadas o aprehendidas en conexión con conflictos armados y operaciones de
contraterrorismo;
· Estudiar y evaluar prácticas y técnicas actuales de interrogación y, si se justifica, recomendar orientaciones adicionales o distintas; y,
· Examinar la detención de Ali Saleh Kahlah al-Marri.
El Departamento está implementando estas órdenes y, con la acusación formal y la declaración de culpabilidad del Sr. al-Marri el mes pasado, hemos logrado una resolución justa del caso.
Con respecto a las Órdenes Ejecutivas del Presidente, he designado un Director Ejecutivo para que lidere el Equipo Especial para la Revisión de los Detenidos de la Bahía de Guantánamo. También he nombrado a dos directivos para que lideren las Revisiones de los Equipos Especiales de Políticas de Interrogación y Detención.
El Equipo Especial de Detenidos de Guantánamo es responsable por reunir y examinar información relevante y hacer recomendaciones con relación a la disposición correcta de cada persona actualmente detenida en la Bahía de Guantánamo. El Equipo Especial está considerando si es posible trasladar o liberar a personas detenidas, de acuerdo con los intereses de seguridad nacional y política exterior de los Estados Unidos; evaluar si el gobierno buscaría enjuiciar a personas detenidas por delitos que puedan haber cometido; y, si ninguna de estas opciones es posible, el Equipo Especial recomendará otros medios lícitos de disposición de personas detenidas.
El Equipo Especial de Políticas de Interrogación y Traslado tiene a su cargo realizar una revisión para determinar si las directrices para interrogación del Manual de Campo del Ejército, cuando empleadas por departamentos o dependencias no militares, proveen un medio adecuado de adquisición de inteligencia para proteger a la nación, y si son necesarias orientaciones para la interrogación distintas o adicionales. Este equipo especial también es responsable por examinar el traslado de individuos a otras naciones para asegurar que dichas prácticas cumplan con todas las obligaciones legales domésticas e internacionales y sean suficientes para asegurar que dichos individuos no sean sometidos a tortura o tratamiento inhumano.
El Equipo Especial de Políticas de Detención tiene a su cargo conducir una revisión de las opciones lícitas disponibles al gobierno federal para la aprehensión, detención, el enjuiciamiento, traslado, la liberación u otro tipo de disposición de personas capturas o aprehendidas en conexión con conflictos armados y operaciones de contraterrorismo.
Estas Órdenes Presidenciales exigen que yo coordine o co-presida cada una de estas actividades inter-agencias. Estos Equipos Especiales también cuentan con la participación de otros Departamentos y dependencias, incluidos las Secretarías de Defensa, Estado, Seguridad Nacional, el Director de Inteligencia Nacional, el Director de la Agencia de Inteligencia Central, el Presidente de los Jefes del Estado Mayor Conjunto y otros funcionarios.
Al implementar estas órdenes, el Departamento tomará las precauciones necesarias para asegurar que las decisiones asociadas a los detenidos en Guantánamo tengan en cuenta las inquietudes de todos los ciudadanos de los Estados Unidos con respecto a la seguridad. Nuestra principal preocupación es la seguridad del pueblo de los Estados Unidos. El Equipo Especial de Revisión de Guantánamo está tomando determinaciones individualizadas sobre la disposición de cada detenido. Dichas decisiones son determinadas a partir de lo que es de interés de la seguridad nacional, los intereses de política exterior de los Estados Unidos y los intereses de la justicia.
Con respecto a la revisión de la detención de Ali Saleh Kahlah al-Marri, me complace informarles que el 30 de abril al-Marri se declaró culpable de conspiración para proveer apoyo material a la red terrorista al-Qaeda. Al realizar dicho acuerdo, al-Marri admitió que trabajó para, y proveyó apoyo material a al-Qaeda con la intención de promover sus objetivos y actividades terroristas aquí, en los Estados Unidos. La resolución de este asunto en el sistema de justicia criminal es el resultado del trabajo dedicado de fiscales e investigadores de carrera en el Departamento de Justicia y otras dependencias. Como resultado, el Departamento ha demostrado que nuestro sistema de justicia criminal puede responsabilizar a los terroristas por sus acciones, y lo hará, protegiendo al pueblo de los Estados Unidos de manera compatible con nuestros valores y enjuiciando a los presuntos terroristas con toda la fuerza de la ley.
Los Carteles Mexicanos y la Seguridad de la Frontera Sudoeste
El Departamento ha realizado una labor significativa recientemente para enfrentar la amenaza de los carteles mexicanos y garantizar la seguridad de nuestra frontera sudoeste. La estrategia del Departamento para enfrentar la amenaza de los carteles mexicanos está siendo coordinada por el Subsecretario de Justicia de los Estados Unidos David Ogden. Esta estrategia utiliza fuerzas de tarea encabezadas por fiscales federales que reúnen a las dependencias federales, estatales y locales de las fuerzas del orden público para identificar, desmantelar y acabar con los carteles de narcotráfico mexicanos a través de la investigación, el enjuiciamiento y la extradición de sus principales líderes y facilitadores, y la confiscación de sus activos. El Departamento está acentuando su concentración en investigaciones y enjuiciamientos del contrabando de armas y dinero que se dirige al sur y que alimenta a la violencia y la corrupción, y en atacar a los carteles en México en si, en asociación con la Oficina del Procurador General de México y la Secretaría de Seguridad Pública de México. Como parte de dicha labor, he formado un grupo de trabajo en el ámbito del Departamento de Justicia, el cual está trabajando en relación estrecha con sus colegas mexicanos en mejorar la coordinación entre las fuerzas del orden público en investigaciones de tráfico ilegal de armas, incluido el análisis de nuestros Sistemas Integrados de Identificación Balística [Integrated Ballistic Identification Systems (IBIS)] para asegurar que podamos compartir pistas útiles en investigaciones de delitos.
Luchar contra los carteles mexicanos, en asociación con el gobierno mexicano, es una importante prioridad para los Estados Unidos y el Departamento. La inmigración ilegal y la seguridad de las fronteras siguen siendo también importantes prioridades. La frontera sudoeste, en particular, es un área vulnerable para la inmigración ilegal, el narcotráfico y el contrabando de armas de fuego ilegales. Para implementar una estrategia integral para la lucha contra los carteles y la seguridad de las fronteras se requiere colaboración y coordinación en diversos niveles del gobierno.
El tratamiento del problema de la seguridad de la frontera sudoeste comprende dos elementos básicos: vigilar la frontera en sí para prohibir y disuadir con respecto al cruce ilegal de personas indocumentadas o mercaderías contrabandeadas, y combatir a las grandes y sofisticadas organizaciones delictivas que operan simultáneamente en ambos lados de la frontera. Con tal fin, el Departamento de Justicia está luchando contra los carteles mexicanos como lo hizo en el caso de La Cosa Nostra o cualquier otra gran organización criminal organizada. Estas iniciativas, las cuales dependen de la labor combinada de los componentes de aplicación legal del Departamento de Justicia [la Administración de Control de Drogas [Drug Enforcement Administration (DEA)], el FBI, el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego [Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms (ATF)], el Servicio de Alguaciles Federales [U.S. Marshals Service (USMS)], los Fiscales Federales, la División Criminal y la Unidad Especial de Control de Drogas contra la Delincuencia Organizada [Organized Crime Drug Enforcement Task Force (OCDETF)] junto con el Departamento de Seguridad Nacional y otras dependencias federales, ya han logrado importantes resultados.
En febrero, anuncié el arresto de más de 750 individuos por cargos asociados al narcotráfico y la confiscación de más de 23 toneladas de narcóticos bajo la Operación Xcellerator, una iniciativa multi-agencias multi-nacional contra la organización de narcotráfico mexicana conocida como el Cartel de Sinaloa. También se cree que el Cartel de Sinaloa es responsable por el lavado de múltiples millones de dólares del producto de actividades de narcotráfico ilegales. Este cartel es responsable por traer toneladas de cocaína a los Estados Unidos a través de una amplia red de células de distribución en los Estados Unidos y Canadá. A través de la Operación Xcellerator, dependencias de las fuerzas del orden público federales, junto con miembros de las fuerzas del orden público de los gobiernos de México y Canadá y autoridades estatales y locales en los Estados Unidos, impartieron un fuerte golpe contra el Cartel de Sinaloa. Además de los arrestos, las autoridades confiscaron más de 59 millones de dólares estadounidenses, más de 12,000 kilogramos de cocaína, más de 1,200 libras de metanfetamina, aproximadamente 1.3 millones de píldoras de éxtasis, y otras drogas ilegales. También se realizó una importante confiscación de 169 armas, 3 aeronaves y 3 naves marítimas.
Sin embargo, queda mucho más por hacer en la lucha contra la amenaza impuesta por estos carteles delictivos. En marzo, el Departamento anunció iniciativas mayores a ser utilizadas en la lucha contra los carteles mexicanos de narcotráfico. El gobierno invertirá 700 millones de dólares este año para optimizar la capacidad de las fuerzas del orden público y fuerzas judiciales mexicanas, y el Departamento y el Departamento de Seguridad Nacional [Department of Homeland Security (DHS)] están trabajando juntos en brindar apoyo al Departamento de Estado en iniciativas contra los carteles en México a través de la Iniciativa Mérida. El Departamento, a través de la labor del FBI, la DEA, el ATF, el USMS, la OCDETF y la División Criminal, también trabajará en investigar y enjuiciar a miembros de carteles por sus actividades ilegales en los Estados Unidos y trabajará en forma coordinada con colegas de las fuerzas del orden público para desmantelar el flujo ilegal de armas y de dinero en efectivo en grandes cantidades a México.
A lo largo de los últimos ocho meses, el USMS ha destacado a 94 Alguaciles Federales Adjuntos adicionales a oficinas de distrito y enviará cuatro delegados adicionales para que brinden asistencia a la Oficina Local de la Ciudad de México, a fin de intensificar las tareas a lo largo de la frontera sudoeste. Además, en los últimos tres meses, se designaron cuatro nuevos Investigadores Criminales en unidades de campo de confiscación de bienes a lo largo de la frontera sudoeste. Estos nuevos cargos brindarán apoyo a las Fiscalías Federales y dependencias de investigación en la investigación de carteles y otras investigaciones de gran escala.
La labor del Departamento contra los carteles mexicanos le permitirá destacar a 100 miembros del ATF a la frontera sudoeste como complemento para nuestro actual Proyecto Gunrunner. La DEA agregará 16 cargos nuevos en la frontera, así como cuatro Equipos de Ejecución Móvil recién reconstituidos, y el FBI está creando un nuevo grupo de inteligencia que se concentrará en pandillas/organizaciones de narcotráfico, corrupción pública, secuestros, extorsión y otros temas de investigación relacionados con la frontera sudoeste. El DHS está asumiendo compromisos similares con relación a los recursos de la frontera sudoeste. Asimismo, he realizado una serie de reuniones con el Secretario Napolitano para deliberar sobre una mayor coordinación en diversos temas entre el Departamento de Justicia y el DHS.
El mes pasado, junto con otros funcionarios del gobierno de EE.UU., participé en la Conferencia de Tráfico de Armas entre México y EE.UU. en Cuernavaca, México. Éste fue mi primer viaje al exterior como Secretario de Justicia de los Estados Unidos. Mi presencia en esta conferencia es un reflejo de mi compromiso de seguir adelante con esta lucha contra los carteles del narcotráfico. Los Estados Unidos comparten la responsabilidad de encontrar soluciones para este problema y acompañaremos a nuestros colegas mexicanos en cada paso en esta lucha.
Asociaciones Federales y Estatales contra el Fraude Financiero e Hipotecario
Al revigorizar su misión tradicional de aplicación legal, el Departamento viene concentrándose de manera distintiva en los delitos financieros.
En un momento en que muchos ciudadanos de EE.UU. enfrentan una economía devastadora y un mercado de vivienda inestable, el gobierno ha anunciado una nueva labor coordinada entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y el sector privado para combatir el fraude de modificación de préstamos hipotecarios y los ardides de rescate de ejecución hipotecaria. Estas actividades fraudulentas representan una amenaza para los propietarios estadounidenses y pueden privarlos de obtener la ayuda que necesitan en estos tiempos tan difíciles. La nueva iniciativa alinea respuestas de agencias de las fuerzas del orden público federales, investigadores y fiscales estatales, autoridades de control civil y el sector privado para proteger a propietarios de viviendas que busquen asistencia bajo el programa "Making Home Affordable" ("Haciendo accesible la vivienda") del gobierno contra delincuentes que buscan cometer ardides predatorios.
El Departamento, en asociación con el Departamento del Tesoro de EE.UU., el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano [Department of Housing and Urban Development (HUD)], la Comisión Federal de Comercio [Federal Trade Commission (FTC)] y el Secretario de Justicia de Illinois, coordinarán información y recursos de diversas agencias para maximizar la eficiencia y el direccionamiento en investigaciones de fraude, alertar a instituciones financieras sobre ardides emergentes e intensificar las acciones de cumplimiento. Como parte de esta iniciativa con la participación de varias dependencias, el Departamento ha establecido maneras de desmantelar los ardides de fraude hipotecario. El FBI está investigando más de 2,300 casos de fraude hipotecario, casi el triple en los últimos tres años. El Buró ha más que duplicado el número de agentes que investigan ardides hipotecarios, ha creado un Equipo Nacional de Fraude Hipotecario, y está trabajando de manos dadas con nuestros asociados de otras dependencias.
Agradezco el trabajo realizado por el Comité con nosotros en la S. 386, la "Ley de Control y Recuperación contra el Fraude", para optimizar las herramientas y recursos criminales y civiles del Departamento para combatir el fraude hipotecario, el fraude de títulos y artículos, el lavado de dinero, y para proteger al dinero de los contribuyentes que se ha gastado en los paquetes de estímulo económico y rescate recientes. La legislación revertirá fallos judiciales lamentables que obstaculizaron la capacidad de enjuiciar al lavado de dinero al permitirle al Departamento obtener todo el producto de la actividad ilegal. Con las herramientas proporcionadas por el proyecto de ley, el Departamento de Justicia y otros estarían mejor equipados para enfrentar los desafíos impuestos a esta nación en tiempos económicos difíciles y hacer su parte para ayudar a la nación a responder a este desafío. Asimismo, esta ley modificaría la Ley de Reclamos Falsos en varios aspectos importantes para asegurar que la legislación siga siendo un arma potente y útil contra el uso indebido de fondos de los contribuyentes.
Además de concentrarnos en ardides fraudulentos, también me comprometo a asegurar que los propietarios que tengan dificultad para realizar sus pagos de hipoteca no enfrenten discriminación y puedan beneficiarse en igual medida con los programas legítimos de modificación de préstamos y otros programas federales para proveer asistencia hipotecaria y estabilizar los precios de las viviendas. La discriminación en el préstamo impide que los discriminados disfruten de los beneficios del acceso al crédito, incluidos pagos razonables de hipoteca, de modo que puedan permanecer en sus hogares y proveer la estabilidad tan necesaria a sus vecindarios.
La discriminación en el préstamo con base en raza, origen nacional u otros factores prohibidos es destructiva, moralmente repugnante y contra la ley. Utilizaremos toda la medida de nuestro poder de ejecución para investigar y enjuiciar este tipo de discriminación inaceptable en el préstamo.
El Departamento viene investigando y enjuiciando enérgicamente los delitos financieros y ha tenido enorme éxito en identificar, investigar y enjuiciar a ardides de fraude financiero masivos, incluidos la manipulación del mercado de títulos y artículos y los ardides Ponzi. El Departamento ha buscado asegurar que se emitan sentencias estrictas para los autores. Por ejemplo:
· El 12 de marzo, Bernard L. Madoff se declaró culpable de 11 cargos de delito mayor asociados a un ardid Ponzi masivo. El Departamento de Justicia alegó que Madoff llevó a cabo un ardid para defraudar a
los clientes, malversando y convirtiendo los fondos de los inversionistas en el propio beneficio de Madoff y el beneficio de terceros, sin el conocimiento o la autorización de los inversionistas. Madoff enfrenta una
sentencia máxima legal de 150 años de encarcelamiento. También es sujeto a restitución obligatoria y multas de hasta el doble de sus ganancias brutas o pérdidas resultantes de los delitos cometidos. La
información criminal también incluye alegatos de confiscación que exigirían que Madoff entregue el producto de los delitos de los que se le acusa, así como todos los bienes utilizados en los delitos de lavado de
dinero y todo bien rastreable a dichos bienes.
· El 27 de marzo de 2009, el Departamento logró sentencias de 30 y 25 años, respectivamente, para dos ejecutivos de National Century Financial Enterprises (NCFE) después de sus condenas por
conspiración, fraude y lavado de dinero asociados a un ardid para engañar a inversionistas con respecto a la salud financiera de la compañía, el cual puede haber costado a los inversionistas hasta 2 mil millones
de dólares.
· El Departamento logró una sentencia de cuatro años para Christian M. Milton, un ex-vicepresidente de American International Group (AIG), por su papel en un ardid para manipular los estados financieros de
la compañía.
Reforma
El Departamento se compromete a una gestión abierta, transparente y responsable. Estos valores son esenciales para nuestra revitalización de las tradiciones básicas del Departamento y son características vitales de nuestra labor de reforma. Hemos emitido nuevas e integrales Directrices de la Ley de Libertad de Información [Freedom of Information Act (FOIA)] que instruyen a todos los departamentos y dependencias del poder ejecutivo a que apliquen una presunción de abertura al administrar la FOIA. Las nuevas Directrices, anunciadas en un memorando a los líderes de departamentos del ejecutivo, se basan en los principios de abertura y rescinden las directrices emitidas por el gobierno anterior.
Al aplicar la presunción de abertura y revelación, las nuevas Directrices destacan que las dependencias no deben retener registros simplemente porque pueden hacerlo legalmente, sino que deben considerar si su revelación podría causar algún daño real. Asimismo, las Directrices establecieron una nueva norma para cuando el Departamento de Justicia defienda a una dependencia que rechace una solicitud de FOIA. Bajo la nueva norma, el Departamento defenderá a la dependencia "sólo si (1) la agencia prevé razonablemente que la revelación perjudicaría un interés protegido por una de las exenciones legales, o (2) la revelación está prohibida por la ley". Las nuevas Directrices también prevén que un gobierno abierto es la responsabilidad de todos. Las dependencias deben trabajar en conjunto con solicitantes de la FOIA y deben responder puntualmente.
Además de emitir estas nuevas Directrices de la FOIA, el Departamento divulgó varios memorandos y opiniones de la Oficina de Asesoría Legal [Office of Legal Counsel (OLC)] no reveladas con anterioridad. El 16 de abril, por ejemplo, el Departamento divulgó al público cuatro opiniones de la OLC de 2002 y 2005, no divulgadas con anterioridad, que trataban del uso de diversas técnicas de investigación. Al divulgar estas opiniones, expliqué que "el Presidente ha suspendido el uso de técnicas de investigación descritas en estas opiniones, y este gobierno ha dejado claro desde el primer día que no aceptará torturas. Estamos divulgando estos memorandos de acuerdo con nuestro compromiso hacia los Principios de la Ley”. Además, después de haber analizado estas opiniones, la Oficina de Asesoría legal las retiró: ya no representan las opiniones del Departamento. La divulgación de estos memorandos y opiniones siguieron a la divulgación de otras siete opiniones no divulgadas con anterioridad y dos memorandos de la OLC no divulgados con anterioridad.
Derechos Civiles
El Departamento está plenamente empeñado en defender los derechos civiles de cada ciudadano de los Estados Unidos. En los últimos ocho años, leyes federales vitales diseñadas para proteger los derechos en el lugar de trabajo, el mercado de vivienda y la cabina electoral se han debilitado. Además, las contrataciones políticas indebidas socavaron esta misión importante. Esto está cambiando ahora, y he hecho de esto una prioridad como Secretario de Justicia de los Estados Unidos. Un elemento importante del fortalecimiento de los derechos civiles es asegurar la justicia en la administración de las leyes criminales.
El Departamento de Justicia cree firmemente que nuestras leyes criminales y de emisión de sentencias deben ser rigurosas, previsibles, justas y estar libres de disparidades raciales y éticas injustificadas. La confianza y certidumbre públicas son elementos esenciales de un sistema de justicia criminal eficiente - nuestras leyes y su aplicación no sólo deben ser justas, sino que también deben ser percibidas como siendo justas. La percepción de injusticia socava la autoridad gubernamental en el proceso de justicia criminal. Este gobierno se compromete a analizar los problemas de justicia criminal para asegurar que nuestros agentes de las fuerzas del orden público y fiscales cuenten con las herramientas que necesitan para combatir la delincuencia y asegurar la seguridad pública, trabajando simultáneamente para acabar con cualquier disparidad injustificada e involuntaria que pueda existir en el proceso de justicia criminal. Recientemente, el Departamento de Justicia ha iniciado una revisión exhaustiva de la política federal de emisión de sentencias. Le he pedido al Subsecretario de Justicia de los Estados Unidos que forme y presida un Grupo de Trabajo de Políticas de Emisión de Sentencias y Correcciones en todo el ámbito del Departamento, el cual examinará, entre otros temas, la política federal de emisión de sentencias por delitos asociados a la cocaína. Con base en dicha revisión, determinaremos qué reformas son adecuadas en la política, incluida la formulación de recomendaciones al Congreso con relación a cambios a la política de emisión de sentencias por delitos asociados al crack y a la cocaína en polvo.
Otro tema relativo a los derechos civiles que es una clara prioridad para el Departamento es la promulgación de una legislación eficaz sobre los delitos por odio. Los delitos por odio victimizan no solo a las personas, sino a comunidades enteras. Dicha violencia motivada por el prejuicio simplemente no puede tolerarse, y necesitamos herramientas para tratar de los peores casos en el ámbito federal. Gracias, Sr. Presidente, por su liderazgo en esta área.
Ley de Recuperación
La Ley de Recuperación y Reinversión de los Estados Unidos de 2009 incluyó 4 mil millones de dólares en subsidios del Departamento de Justicia para optimizar la labor de las fuerzas del orden público estatales, locales y tribales, incluida la contratación de nuevos agentes de la policía, la lucha contra la violencia contra las mujeres, y para combatir a los delitos en el Internet cometidos contra los niños. Estos fondos no solo ayudarán a revigorizar nuestra economía y crear y salvar millones de empleos, sino que también ayudarán a dar nuevo impulso a la misión tradicional de cumplimiento del Departamento de Justicia, un elemento clave en sus asociación con dependencias de las fuerzas del orden público estatales, locales y tribales. Estoy personalmente empeñado en reconstruir la asociación tradicional del Departamento con nuestros asociados de las fuerzas del orden público a través de concordancias operativas y subsidios de asistencia federal. Estos fondos son vitales para mantener fuertes a nuestras comunidades. Mientras gobernadores, alcaldes y profesionales locales de las fuerzas del orden público luchan con la crisis económica actual, no podemos darnos el lujo de debilitar nuestro compromiso con la lucha contra el delito y la seguridad de nuestras comunidades.
La Ley de Recuperación provee 4 mil millones de dólares en subsidios a ser distribuidos por las tres oficinas principales emisoras de subsidios del Departamento de Justicia: La Oficina de Programas Judiciales [Office of Justice Programs (OJP)], la Oficina sobre Violencia contra la Mujer [Office on Violence Against Women (OVW)] y los Servicios Policiales con Orientación Comunitaria [Community Oriented Policing Services (COPS)]. Los subsidios proporcionados por la Ley de Recuperación han sido distribuidos entre estas oficinas de la siguiente manera:
· La OJP está supervisando la distribución de casi 2.76 miles de millones de dólares en subsidios a través del Buró de Asistencia Judicial [Bureau of Justice Assistance (BJA)], la Oficina de Víctimas de la Delincuencia [Office of Victims of Crimes (OVC)] y la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia [Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (OJJDP)]. Casi 2 mil millones de dólares de estos fondos se encuentran disponibles a través del Programa de Subsidios de Asistencia a la Justicia [Justice Assistance Grant (JAG)] en Memoria de Edward Byrne, el cual permite a gobiernos estatales, locales y tribales prestar apoyo a una amplia gama de actividades para prevenir y controlar la delincuencia y mejorar el sistema de justicia criminal.
· La OVW es responsable por la distribución de subsidios por la suma de 225 millones de dólares para financiar programas a través de su Programa de Subsidios de Fórmula Servicios, Capacitación, Agentes, Fiscales [Services Training Officers Prosecutors (STOP)], su Asistencia de Transición para la Vivienda, subsidios a gobiernos tribales y a Coaliciones de Agresión Sexual y Violencia Doméstica Estatales y Tribales.
· La Oficina de COPS, a través de su Programa de Recuperación de Contratación de Policías [COPS Hiring Recovery Program (CHRP)] distribuirá mil millones de dólares para departamentos de policía grandes y pequeños y dependencias de las fuerzas del orden público tribales para contratar y recontratar agentes. Se estima que el programa COPS CHRP creará 5,500 cargos en las fuerzas del orden público en todo el país.
Los anuncios del programa pidiendo solicitudes bajo estos programas de subsidios de la Ley de Recuperación han sido publicados en el portal del Internet de la Ley de Recuperación del Departamento y el portal del Internet de Oportunidades de Fondos de Subsidios, Grants.gov. Algunos plazos ya se han vencido, y todas las solicitudes para dichos programas están siendo actualmente analizadas. Hasta la fecha, el Departamento de Justicia [Department of Justice (DOJ)] ha otorgado más de 800 millones de dólares en subsidios. Se han realizado adjudicaciones estatales bajo el Programa de Subsidios de la Fórmula de Asistencia a Víctimas de la Ley de Víctimas de la Delincuencia [Victims of Crime Act (VOCA)] y el Programa Estatal de Compensación a Víctimas de la Delincuencia de la VOCA, así como 20 subsidios bajo el Programa Estatal Byrne/JAG. Subsidios de Formula a estados, localidades y gobiernos tribales bajo el Programa Byrne/JAG están siendo procesados y serán otorgados en forma consecutiva. El personal y docenas de paneles de compañeros examinadores están considerando solicitudes de subsidios competitivos para otros programas, incluido el COPS. Casi todos los fondos de subsidio deben haber sido otorgados hasta fines de julio de 2009, y entiendo que los subsidios de COPS serán desembolsados en septiembre de 2009.
El Departamento también ha trabajado para asegurar que los subsidios sean otorgados dentro de un marco de transparencia y obligación de rendir cuentas y que se mitigue el riesgo de desperdicio, fraude, error o abuso. Representantes de los componentes otorgantes de subsidios del Departamento, incluidos OJP, OVW y COPS, han participado en capacitación específica sobre la prevención y detección de fraudes asociados a subsidios. Además, los componentes adjudicadores de subsidios han creado nuevas páginas en el Internet de la Ley de Recuperación que permitirán al público acceso fácil a información sobre la Ley de Recuperación. Estas páginas en el Internet sobre la Ley de Recuperación incluyen información detallada sobre cada uno de los programas de subsidios y enlaces a aplicaciones, preguntas frecuentes y otros materiales relevantes. De esta manera, el Departamento espera facilitar el proceso de solicitud de subsidios de la Ley de Recuperación para que estos fondos importantes puedan distribuirse de forma rápida y eficiente.
Conclusión
Presidente Conyers, Miembro Smith y Miembros del Comité, quiero agradecerles por esta oportunidad de hablar sobre mis prioridades para el Departamento. Tendré gusto en responder a cualquier pregunta que puedan tener.
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