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Canadá, Estados Unidos y México cooperan para proteger el medio ambiente compartido de América del Norte.
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Resumen de derecho ambiental en los Estados Unidos
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1. Introducción al sistema jurídico Estados Unidos es una república que funciona con un sistema federal. El gobierno nacional tiene atribuciones expresamente definidas y los 50 estados conservan una autonomía y autoridad considerables sobre sus ciudadanos y residentes. El gobierno federal y los de cada estado se dividen en tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Las constituciones escritas, tanto la federal como las estatales, forman un sistema de ámbitos de competencia independientes entre sí, de controles y equilibrios entre los tres poderes. Relaciones nacionales y subnacionales Todas las facultades que la Constitución no delega al gobierno federal y que no prohíbe a los estados pertenecen a estos últimos o al pueblo (Constitución, Enmienda X). Sin embargo, el gobierno federal tiene amplios poderes; su facultad para regular el comercio interestatal (Constitución, artículo I, sec. 8, cl. 3), lo convierte en la fuerza predominante en materia de reglamentación de todo lo que concierne al medio ambiente. Los estados, en uso de sus competencias generales de control para proteger la salud, la seguridad y el bienestar públicos, tienen también una autonomía considerable para emitir leyes de protección ambiental aplicables a sus ciudadanos y residentes. Los conflictos potenciales entre la reglamentación federal y la estatal, incluida la protección ambiental, se rigen por la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos (artículo VI). La Constitución federal, la legislación federal y los tratados internacionales tienen supremacía en relación con las legislaciones estatales o locales; toda legislación estatal o local que contradiga las leyes federales o los tratados internacionales puede ser declarada anticonstitucional por un tribunal federal. Aunque la Constitución define el marco fundamental de las relaciones entre los ámbitos de gobierno nacionales y subnacionales, en numerosas leyes ambientales se detallan aspectos específicos de dichas relaciones en un marco constitucional más amplio. Por ejemplo, las leyes federales pueden tener prioridad explícita sobre la ley estatal. Véanse, por ejemplo, la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (Toxic Substances Control Act, TSCA) (Código, título 15, sec. 2617); la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act, CWA) (Código, título 33, sec. 1370); la Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambientales (Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act, CERCLA) (Código, título 42, sec. 9614), y la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (Resource Conservation and Recovery Act, RCRA) (Código, título 42, sec. 6929). Ciertas leyes ambientales federales establecen normas nacionales mínimas y delegan a los estados la instrumentación básica de los programas federales que cumplen ciertas normas federales. Los estados tienen la libertad de promulgar reglamentaciones más estrictas. Véanse, por ejemplo, la CWA (Código, título 33, sec. 1370) y la RCRA (Código, título 42, sec. 6929). Cuando se delega competencia federal a un estado, la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) y dicho estado suscriben un memorando de entendimiento en el que se establecen las respectivas responsabilidades y los procedimientos de rigor. Muchas leyes ambientales federales establecen la concesión de subsidios, asistencia técnica y otros tipos de ayuda para que los estados promuevan las políticas y los programas nacionales. Véanse, por ejemplo, la TSCA (Código, título 15, sec. 2627) y la CWA (Código, título 33, sec. 1329 (h)). Un ciudadano estadounidense puede estar sujeto a leyes tanto federales como estatales en materia ambiental. El gobierno federal de Estados Unidos consta de tres ramas: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Poder Ejecutivo El Poder Ejecutivo incluye al presidente, al vicepresidente, al gabinete y a todos los departamentos federales, así como la mayoría de las dependencias, entidades u oficinas de gobierno. El poder ejecutivo recae en su totalidad en el presidente, elegido por un período de cuatro años (Constitución, artículo II, sec. 1, cl. 1). El presidente es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (Constitución, artículo II, sec. 2, cl. 1) y ejerce la suprema autoridad en materia de relaciones exteriores. El presidente tiene la facultad de celebrar tratados siempre y cuando cuente con la aprobación de dos terceras partes del Senado. Asimismo, está facultado para nombrar a la totalidad de los magistrados de la Suprema Corte y los jueces federales, los embajadores y todos los demás funcionarios públicos (Constitución, artículo II, sec. 2, cl. 2). El presidente tiene poder de veto en la legislación. Por su parte, el vicepresidente preside el Senado, pero tiene voto sólo si hay un empate en el seno de esta cámara (Constitución, artículo I, sec. 3, cl. 4); al igual que el presidente, ocupa este cargo por un periodo de cuatro años (Constitución, artículo II, sec. 1, cl. 1). El Presidente designa a los jefes de los 14 departamentos del gobierno, los cuales no se especifican en la Constitución y cuyo nombre y número se ha modificado varias veces. Se trata de los departamentos de Estado, del Tesoro, de la Defensa, de Justicia, del Interior, de Agricultura, de Comercio, del Trabajo, de Salud y Servicios Humanos, de Vivienda y Desarrollo Urbano, de Transporte, de Energía, de Educación y de Asuntos de Veteranos. Los jefes de los departamentos integran el Gabinete, que es el equipo asesor de mayor rango del presidente. El Poder Ejecutivo comprende también docenas de agencias gubernamentales. La diferencia básica entre los departamentos y las agencias es que éstas cubren necesidades muy específicas; entre estas últimas se encuentran, por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA), la Comisión para la Seguridad de los Consumidores (Consumer Products Safety Commission), la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission) y el Consejo Nacional de Relaciones Laborales (National Labor Relations Board). Así pues, el administrador de la Agencia de Protección Ambiental no es miembro del gabinete. Poder Legislativo Todas las facultades del Legislativo Federal corresponden al Congreso, integrado por dos cámaras: el Senado y la Cámara de Representantes (Constitución, artículo I, sec. 1). Hay cien senadores, dos por cada uno de los 50 estados, que sirven durante un periodo de seis años (Constitución, artículo 1, sec. 3, cl. 1, modificado por la Enmienda XVII, sec. 1). La Cámara de Representantes consta de 435 miembros distribuidos según la población, aunque cada estado tiene garantizado por lo menos un representante (Constitución, artículo I, sec. 2, cl. 3, modificado por la Enmienda XIV, sec. 2). El mandato de los representantes es de dos años (Constitución, artículo 1, sec. 2, cl. 1). Las facultades del Congreso están específicamente previstas en la Constitución y entre ellas se cuenta la de imponer y cobrar impuestos, derechos y aranceles (Constitución, artículo 1, sec. 8, cl. 1). También tiene facultades para regular el comercio con los países extranjeros, entre los estados y con las comunidades indígenas (Constitución, artículo 1, sec. 8, cl. 3). Esta "Cláusula de Comercio" proporciona la base jurídica de la mayor parte de las regulaciones ambientales federales. Para que una iniciativa legislativa se convierta en ley es preciso que se apruebe en la Cámara de Representantes y en el Senado y que el presidente la firme. Este último tiene la opción de vetar una ley, pero el Congreso puede anular el veto con las dos terceras partes de los votos de ambas cámaras (Constitución, artículo I, sec. 7, cl. 2). El Congreso ejerce, además, un control importante en las actividades del Ejecutivo. La Cámara de Representantes tiene el poder exclusivo para impugnar al presidente y otros funcionarios, pero juzgarlo es facultad privativa del Senado (Constitución, artículo I, sec. 2, cl. 5 y sec. 3, cl. 6). Las comisiones del Congreso pueden solicitar que se les suministre información, así como requerir el testimonio de funcionarios de las agencias gubernamentales. Asimismo, el Congreso creó la Oficina General de Contabilidad (General Accounting Office, GAO), que evalúa las actividades del ejecutivo y responde al Congreso. La mayoría de los informes de la GAO son documentos públicos. Gran parte del trabajo del Congreso lo realizan las comisiones, cuyo número y esfera de acción pueden variar, en particular cuando el control político de las cámaras cambia de partido y cuando se traslapa la jurisdicción de las comisiones, como sucede con frecuencia. Poder Judicial El sistema judicial federal tiene un orden jerárquico. La Suprema Corte de Estados Unidos es el tribunal de mayor rango y el único cuya existencia exige la Constitución (Constitución, artículo III, sec. 1); sus decisiones son, en todos los casos, inapelables. La Suprema Corte está integrada por nueve miembros: un presidente y ocho jueces asociados. La jurisdicción original que ejerce la Suprema Corte no es de gran alcance, por lo cual ve la mayoría de las causas en instancia de apelación (Constitución, artículo III, sec. 2, cl. 1). En la mayoría de los casos, el apelante debe presentar demanda a la Corte mediante un auto de evocación, solicitándole que conozca de la causa. La Corte somete el auto a votación y requiere de cuatro votos a favor para que la misma pueda conocer de la causa. Los tribunales federales de apelaciones o tribunales de circuito (Circuit Courts of Appeals) constituyen el nivel inmediatamente inferior a la Suprema Corte. Los tribunales de circuito conocen las apelaciones de los tribunales federales de primera instancia (district courts), el nivel más bajo de las cortes federales. Existe un Tribunal Federal de Circuito (Federal Circuit Court), un Tribunal de Circuito del Distrito de Columbia (D.C. Circuit Court), otros once tribunales de circuito y más de 90 de primera instancia. El Congreso ha instituido, además, tribunales que conocen tipos especiales de casos; los casos de estos tribunales son apelados ante la Corte de Apelaciones del Circuito Federal (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit). Estos comprenden el Tribunal con Jurisdicción sobre las Demandas contra el Gobierno (Court of Claims), el Tribunal de Comercio Internacional (Court of International Trade), y el Tribunal de Apelaciones de Veteranos (Court of Veterans Appeals), la Comisión de Comercio Internacional (International Trade Commission), la Junta de Apelaciones de Contratos (Board of Contract Appeals), la Oficina de Patentes y Marcas Registradas (Patent and Trademark Office) y la Junta de Protección de Sistemas de Mérito (Merit Systems Protection Board). Los casos del Tribunal de Apelaciones Militares (Court of Military Appeals) son apelados directamente ante la Suprema Corte. La ley que crea y define las competencias de los tribunales inferiores es la Ley Judicial (Judiciary Act) (Código, título 28, secs. 1-2680). Los jueces federales son en su totalidad nombrados por el presidente con la aprobación del Senado. Los jueces federales son vitalicios, pero están sujetos a que el Congreso les entable juicio. Tienen la facultad de interpretar la Constitución, todas las leyes federales, los tratados y las normas federales administrativas, pero su autoridad se limita a causas y controversias concretas (Constitución, artículo III, sec. 2, cl. 1). Los tribunales federales no están autorizados a emitir opiniones consultivas. Tienen facultad para otorgar la carta de ciudadanía estadounidense y para dirimir determinadas controversias legales, como las que surjan entre ciudadanos de estados distintos; entre dos o más estados; entre individuos y el gobierno federal, y entre estados y gobiernos extranjeros. Cada uno de los 50 estados comparte ciertas características: su gobierno se funda en una constitución escrita que no debe contradecir a la Constitución federal; su forma de gobierno es republicana; tiene, al igual que el gobierno federal, tres poderes (el ejecutivo, el legislativo y el judicial) y en su seno prevalece el mismo sistema de separación, controles y equilibrios entre las tres ramas. Sin embargo, pese a estas similitudes generales, puede haber diferencias significativas entre las estructuras de gobierno de los estados. El gobierno y la aplicación de las leyes de cada estado corresponden a un gobernador, quien es jefe del poder ejecutivo. Entre las atribuciones del gobernador figuran desarrollar y someter iniciativas a la Legislatura del estado; supervisar la guardia nacional del estado; convocar a la Legislatura a sesiones extraordinarias; conceder indulto a personas condenadas por un delito contra el estado. El lapso de servicio de un gobernador varía, pero suele ser de dos o cuatro años. El gobernador supervisa las agencias administrativas de su estado, incluidas las relacionadas con la protección ambiental, la conservación de la fauna silvestre y el manejo de los recursos naturales. Legislaturas estatales Cada estado tiene una legislatura con dos cámaras, salvo Nebraska, que sólo cuenta con una. Las legislaturas estatales comparten el mismo propósito: representar a los ciudadanos cuando se elaboran legislaciones concernientes a su estado. La duración de las legislaturas varía, pero por lo general son de dos o cuatro años. A diferencia de las leyes federales, las estatales se aplican solamente en el territorio estatal. Poder judicial de los estados El poder judicial de los estados está organizado jerárquicamente, igual que el sistema federal; lo integran una Corte Suprema (a veces con un nombre distinto), un tribunal intermedio de apelaciones, por lo regular, y una serie de juzgados inferiores o de primera instancia (trial courts), incluidos a veces tribunales especiales. El poder judicial de los estados interpreta la legislación de su entidad y la aplica en controversias específicas relacionadas con las leyes estatales; determina si se ha cometido un delito sancionable según la legislación estatal; evalúa la constitucionalidad de las leyes estatales desde la perspectiva de la Constitución del estado, y examina la legalidad de los reglamentos administrativos estatales de acuerdo con las leyes del estado. Gobiernos locales A diferencia de los estatales y el federal, los gobiernos locales no se definen directamente en una constitución. Por ejemplo, aunque muchas constituciones estatales establecen el proceso para crear un gobierno local, en numerosos estados la legislatura estatal debe votar en torno de la carta constitucional de toda estructura de gobierno local. Las estructuras de los gobiernos locales pueden variar, pero suelen incluir condados, ciudades, pueblos y municipios. Los gobiernos de las ciudades están integrados casi siempre por un alcalde elegido, quien es el jefe del ejecutivo, y de un consejo municipal o de la ciudad (city council), con funciones comparables a las de una legislatura. Los pueblos y municipios se encuentran sobre todo en las áreas rurales y pueden tener una estructura similar a la de una ciudad o estar gobernados por una comisión. La mayoría de los estados se dividen en condados que suelen ser administrados por un consejo de comisionados o supervisores elegidos. También puede haber otros funcionarios elegidos, como los alguaciles (sheriffs) o ejecutivos del condado. Asimismo, delegados con diversos propósitos desempeñan funciones en áreas como la educación y, a veces, el medio ambiente. Los gobiernos locales, incluidas las ciudades y los condados, tienen a menudo responsabilidades importantes en materia ambiental, entre las cuales destacan la gestión de desechos sólidos; el abasto de agua potable; el desarrollo y la instrumentación de planes sobre el uso del suelo; la inspección de los restaurantes de la localidad y demás establecimientos a fin de preservar la salud y la seguridad públicas, y los servicios y la planeación para casos de emergencia. En términos más generales, los gobiernos locales tienen facultad para fijar impuestos, promulgar y aplicar las ordenanzas locales, así como administrar los aspectos locales de ciertos programas estatales y federales. Gobiernos autóctonos y comunidades indígenas Los indígenas estadounidenses tienen significativos derechos constitucionales de autogobierno emanados de su propia soberanía. Los gobiernos comunales tienen, entre otras competencias, facultades para imponer tributos, aprobar sus propias leyes y tener sus propios tribunales. Con todo, la regla es que la legislación federal es de aplicación general entre los indígenas estadounidenses y sus propiedades (Federal Power Commission v. Tuscarora, 362 U.S. 99, 116 [1960]; U.S. Department of Labor v. Occupational Safety and Health Administration, 935 F.2d 182 [9th Cir. 1991]). Quedan exentos de esta regla de aplicabilidad general de la legislación federal aquellos casos en que el Congreso se propuso eximir de su cumplimiento a los indígenas estadounidenses, cuando el asunto se relaciona con la esencia de su autogobierno y la autonomía de su organización o cuando su aplicación abroga los derechos garantizados por los tratados con ellos suscritos. No obstante, incluso en estos casos el Congreso, de manera expresa, puede aplicar leyes a los indígenas estadounidenses. Gran parte de las leyes ambientales federales incluyen disposiciones específicas que explican las modalidades de aplicación de la ley en las tierras comunales de los indígenas estadounidenses. Aunque pueden variar, las disposiciones suelen conceder a los gobiernos comunales de los indígenas derechos y responsabilidades comparables a los de los estados. Véanse, por ejemplo, la CWA (Código, título 33, sec.1377), la Ley de Agua Potable (Safe Drinking Water Act, SDWA) (Código, título 42, sec. 300j-11), la Ley de Aire Puro (Clean Air Act, CAA) (Código, título 42, sec. 7601(d)), la CERCLA (Código, título 42, sec. 9626) y la Ley de Control y Recuperación de la Minería a Cielo Abierto (Surface Mining Control and Reclamation Act, SMCRA) (Código, título 30, sec. 1300). La Oficina de Asuntos Indígenas (Bureau of Indian Affairs, BIA) es la principal agencia federal encargada de cumplir con las obligaciones de confianza entre Estados Unidos y las comunidades indígenas. La relación de confianza se desprende de tratados y acuerdos suscritos entre el gobierno y las comunidades indígenas. Tal confianza comprende la protección y el mejoramiento de las tierras indígenas y la conservación y el desarrollo de los recursos naturales, incluidos peces, flora y fauna silvestres, recreación al aire libre, agua, tierras de pastoreo y recursos forestales. La BIA se fundó en 1824 como una dependencia del Departamento de Guerra y en 1949 se transfirió al Departamento del Interior. Asimismo, la responsabilidad de confianza se aplica también al resto de las dependencias federales. Leyes estatales Las comunidades indígenas por lo regular no están sujetas a las leyes estatales, salvo en contadas circunstancias. Véase Cabazon Band of Mission Indians v. California, 480 U.S.202 (1987). 1.4 Fuentes y jerarquía del derecho La Constitución de Estados Unidos, la "suprema ley del país", constituye la base del gobierno y garantiza la libertad y los derechos de todos los ciudadanos estadounidenses. Ninguna ley puede contradecir los principios de la Constitución y ninguna autoridad gubernamental está exenta de acatarla. Los tribunales federales son los únicos con facultades para interpretar la Constitución y evaluar la constitucionalidad federal de las leyes estatales. Tratados internacionales Los tratados internacionales celebrados por Estados Unidos también se consideran ley suprema del país de acuerdo con la Constitución, con igual jerarquía que las leyes federales. En caso de conflicto entre un tratado y una ley federal suele prevalecer el más reciente o el más específico. Los tratados suelen instrumentarse mediante leyes federales. Véase el capítulo 25: Asuntos transfronterizos e internacionales. Leyes federales Las leyes federales se publican primero por separado (Slip Law), luego en la compilación oficial de las leyes y resoluciones del Congreso (Statutes at Large) y después en el Código de Estados Unidos (United States Code). He aquí un ejemplo de cómo se cita una ley federal: 42 U.S.C. sec. 9607 (Código de Estados Unidos, título 42, sec. 9607), que aludiría al título 42, sección 9607 del citado Código. Es posible impugnar leyes federales ante los tribunales federales. Normas de las entidades gubernamentales y órdenes del Ejecutivo Las dependencias administrativas federales emiten normas de carácter casi legislativo; los reglamentos federales vigentes tienen fuerza de ley con preferencia a las leyes y los reglamentos estatales. Los reglamentos solamente pueden emitirse al amparo de facultades legislativas conferidas por el Congreso. El presidente tiene también amplias facultades para emitir órdenes del Ejecutivo. Una orden de esta naturaleza es una directiva del presidente del país al resto de los funcionarios del Poder Ejecutivo. Las normas propuestas y definitivas, las órdenes del Ejecutivo y otras notificaciones de esa rama del gobierno se publican diariamente en el Federal Register ("Gaceta Federal"). Nadie está obligado a acatar una norma que, debiendo publicarse en el Federal Register, no se publique (Código, título 5, sec. 552(a)(1)). Puede presentarse una inconformidad en cuanto a las normas ante un tribunal federal. Únicamente los tribunales federales tienen facultad para examinar las normas y acciones de las entidades gubernamentales a fin de garantizar su conformidad con las leyes federales sustantivas. Véanse los apartados 1.6: Papel del Poder Ejecutivo en el proceso de elaboración de las leyes y 1.7: Papel del Poder Judicial. Una cita oficial del Federal Register incluye el volumen, el número de página y el año: 43 Fed. Reg. 11,110 (1978). Las normas administrativas definitivas se publican primero en el Federal Register y luego en el Código de Reglamentos Federales (Code of Federal Regulation, CFR). Un ejemplo de cita oficial de este Código es: 40 C.F.R. pt. 260, que se refiere al título 40, parte 260 del Código de Reglamentos Federales (CFR, título 40, pt. 260). Opiniones judiciales Estados Unidos es un país que se rige por jurisprudencia, es decir, se basa en el derecho común o consuetudinario. Cada estado, salvo Luisiana (donde en algunas esferas rige el Código Civil francés), cuenta con un sistema legal basado en el derecho consuetudinario. Éste no se basa en leyes escritas; los jueces lo establecen aplicando decisiones anteriores (precedentes) a las causas en turno. Si bien se suelen ver afectadas por la autoridad prevista en leyes escritas, amplias áreas de la legislación -sobre todo las relacionadas con la propiedad, los contratos y los agravios- forman por tradición parte del derecho consuetudinario. Estas esferas se encuentran sobre todo en el ámbito de competencia de los estados, razón por la cual los tribunales estatales constituyen la fuente básica del derecho común. El alcance del derecho consuetudinario federal es limitado: se reduce básicamente a la aclaración de problemas federales que no han sido abordados por alguna ley. Constituciones y leyes de los estados Las constituciones estatales representan la ley suprema dentro de los límites del estado. Las leyes estatales deben ajustarse a la constitución del Estado. La constitución y la legislación federales se aplican con preferencia a cualquier constitución o legislación estatal. Véase el apartado 1.1: Estructura del gobierno. Las cartas constitucionales, las ordenanzas y los reglamentos municipales se aplican sólo en asuntos locales; casi siempre tienen prioridad las leyes estatal o federal. Citas Para garantizar la uniformidad en la forma de citar las publicaciones y escritos legislativos, la gran mayoría de las citas de las fuentes jurídicas se ajusta al Sistema Uniforme de Citas (Uniform System of Citation), también conocido como Libro Azul (Bluebook). El Libro Azul, actualizado periódicamente por un grupo de facultades de derecho, incluye, entre otros elementos, las abreviaturas de todos los tribunales estatales y federales, de las compilaciones de leyes y de los reglamentos administrativos. 1.5 Papel de la legislatura en la elaboración de las leyes La promulgación de las leyes federales es competencia exclusiva del Congreso. El proceso mediante el cual una iniciativa adquiere rango de ley es muy complejo y puede tomar años. (Mayor información.) Las iniciativas de ley corresponden tanto a la Cámara de Representantes como al Senado, a menos que el proyecto entrañe aumentar las rentas públicas, en cuyo caso se debe originar en la Cámara de Representantes (Constitución, artículo I, sec. 7). Sólo los senadores y los representantes (también conocidos como miembros del Congreso) pueden presentar una iniciativa de ley en sus respectivas cámaras. Las iniciativas se numeran en el momento de su presentación. La numeración comienza desde cero con cada sesión del Congreso y los números de las iniciativas responden al orden cronológico de su presentación. A los proyectos de ley de la Cámara de Representantes se les asignan las iniciales H.R. (House of Representatives) y a los del Senado la inicial S. Así, H.R. 1 será la primera iniciativa de ley presentada en una nueva sesión del Congreso o de la Cámara de Representantes (una sesión del Congreso dura dos años). Examen en comisiones Después de su presentación, una iniciativa de ley se remite a una o más comisiones de la cámara en la que se presentó. Una comisión puede enmendar, cambiar la redacción, recomendar o hacer caso omiso de la iniciativa, o devolverla a la cámara en pleno sin recomendación alguna. Las comisiones suelen, además, presentar un informe explicando su posición en torno de un proyecto al enviarlo a la Cámara de Representantes o al Senado en pleno. (Mayor información). Debate en el hemiciclo y votación Una vez concluido su estudio por parte de las comisiones, la iniciativa entra a discusión en el hemiciclo de la Cámara de Representantes o del Senado (de nueva cuenta, según la cámara en que se presentó por primera vez). Entonces, la cámara entera participa en el debate del proyecto y puede modificarlo; luego lo somete a votación. Si ésta corre sin controversia, la cámara vota de viva voz, pero si cualquier legislador solicita una votación nominal, cada miembro emite su voto por separado y públicamente. Aprobación por ambas cámaras Si la iniciativa es aprobada por la primera cámara, entonces pasa a la otra, donde se repite el proceso. Si el proyecto se modifica en la segunda cámara se devuelve a la primera, ya que ambas tienen que estar de acuerdo con todos los cambios. Cuando no se llega a un acuerdo inmediato para aprobar la legislación de manera idéntica, la iniciativa se remite a una comisión mixta (integrada por representantes y senadores) que intenta llegar a un arreglo entre las versiones del proyecto. Si la comisión logra su cometido, el proyecto de ley se devuelve a ambas cámaras para su votación. Anulación del veto presidencial Cuando una iniciativa idéntica recibe la aprobación de la Cámara de Representantes y el Senado, se envía al presidente, quien tiene las siguientes opciones: (1) firmarla, elevándola así al rango de ley; (2) hacer caso omiso, en cuyo caso después de 10 días si el Congreso sigue en sesiones la iniciativa se torna ley; (3) hacer caso omiso, y si el Congreso entra en receso la iniciativa no se convierte en ley; (4) vetar el proyecto, en cuyo caso éste no se convierte en ley a menos que anule el veto el Congreso. Éste puede anular el veto presidencial aprobando otra vez la iniciativa con el voto mayoritario de al menos las dos terceras partes de ambas cámaras. El proyecto adquiere entonces rango de ley pese al veto presidencial. Acceso público a la información Los debates en pleno y los resultados de las votaciones del Congreso se publican al día siguiente en el Registro del Congreso (Congressional Record). Los legisladores pueden examinar dicho Registro antes de que se publique para cambiar o añadir un planteamiento. Los informes de comisiones sobre legislaciones de primera importancia los publica por separado la imprenta gubernamental (Government Printing Office). En años recientes, numerosas audiciones, debates y votaciones se han trasmitido en vivo a través de C-SPAN (Cable Satellite Public Affairs Network), red de televisión por cable que cubre temas públicos las 24 horas del día. Legislaturas estatales Las legislaturas estatales proceden más o menos de la misma manera, aunque su proceso de promulgación de leyes es a menudo más eficiente. La mayoría de los gobernadores tienen facultad para vetar legislaciones estatales, de manera similar a la que tiene el presidente. Iniciativas ciudadanas A diferencia del gobierno federal, en varios estados se permite a los ciudadanos presentar iniciativas de ley. En algunos, los ciudadanos pueden participar por votación directa en la adopción de una propuesta de ley. En otros, las iniciativas de los ciudadanos pueden obligar a las legislaturas a votar sobre una materia en particular. Para someter a votación una iniciativa o incluirla en la agenda de la legislatura, es preciso, por lo general, que los organizadores reúnan cierto número de firmas de electores calificados. 1.6 Papel del poder ejecutivo en la elaboración de las leyes El Poder Ejecutivo de Estados Unidos es responsable de instrumentar la mayoría de las leyes aprobadas por el Congreso. Las agencias del Ejecutivo promulgan normas, emiten fallos y proporcionan otras opiniones y directivas en su esfuerzo por instrumentar las leyes. La Ley de Procedimientos Administrativos (Administrative Procedure Act, APA) rige estas actividades. De igual modo, el presidente tiene facultad para emitir órdenes del Ejecutivo, que constituyen directivas presidenciales que rigen las acciones de los organismos y funcionarios federales. La autoridad del presidente en el Poder Ejecutivo la limitan únicamente la Constitución y las leyes federales. Notificación y observaciones en la elaboración de normas Según la APA, la decisión de cualquier organismo federal que establezca obligaciones o reglas para una categoría de personas es una "norma". La elaboración de normas es de particular importancia en los campos técnicos, como la legislación ambiental, sobre la cual el Congreso ha tendido siempre a delegar a las agencias una amplia responsabilidad para instrumentar las leyes. La mayoría de las normas administrativas pasan por un proceso conocido como notificación y observaciones en la elaboración de normas (Notice and Comment Rulemaking). Antes de promulgar la mayoría de las normas, la agencia debe publicar una notificación sobre la norma que propone en el Federal Register. Esta notificación debe describir el ámbito de competencia y los objetivos de la norma y conceder a la ciudadanía cuando menos 30 días para hacer llegar sus observaciones. Recibidas éstas, la entidad puede emitir una norma definitiva, junto con una declaración sobre sus objetivos y ámbito de competencia. El organismo tiene la obligación de considerar todos los argumentos de peso, por lo que suele responder a los mismos al emitir la norma definitiva. Las normas elaboradas por entidades reguladoras tienen la fuerza y los efectos de una legislación. Cualquier parte interesada que participe en el proceso de elaboración de normas puede impugnar la legalidad de éstas en un tribunal. Véanse los apartados 1.4: Fuentes y jerarquía del derecho, 1.7: Papel de los tribunales y 6.1: Participación en la formulación de leyes. Fallos El segundo tipo importante de acciones de las entidades lo constituyen los fallos. Un fallo o sentencia se produce cuando la entidad toma una decisión de carácter obligatorio para un caso específico, como determinar la ubicación, dar un permiso o conceder una licencia para una actividad o un establecimiento determinados. En esas instancias, las agencias actúan en calidad de tribunales que toman decisiones para dirimir controversias específicas entre las partes o entre el gobierno y un particular. De acuerdo con la APA, estos fallos deben efectuarse "públicamente y después de la oportunidad de una audiencia". Cualquier parte del fallo puede, por lo general, apelar para que la decisión se revise judicialmente. Véase el apartado 1.7: Papel de los tribunales. Procedimientos administrativos estatales Las entidades o agencias estatales funcionan de manera similar. Cada estado dispone de una ley de procedimientos administrativos que establece los derechos procesales de las partes afectadas y del público. Muchos de éstos se basan en la Ley Modelo de Procedimientos Estatales (Model State Procedures Act). La función del poder judicial es dirimir pleitos y controversias entre partes contrarias, incluido el gobierno. Mediante el concepto stare decisis (acatar los precedentes judiciales), las decisiones judiciales en todas las jurisdicciones de Estados Unidos pueden constituir un precedente obligatorio para tomar decisiones posteriores. En la mayoría de los casos en que un tribunal de apelación emite una sentencia, no sólo decide quién gana determinado litigio: también elabora una opinión detallada por escrito que explica el fundamento de la decisión de la corte a fin de orientar a los tribunales inferiores en el manejo de casos futuros. Cada nivel de los tribunales federales tiene la facultad de interpretar la Constitución, así como las leyes y regulaciones federales. Los tribunales pueden también someter a revisión judicial las leyes federales y las acciones de las entidades oficiales, así como determinar la constitucionalidad de las leyes federales y estatales. Cualquier ley o acción de una dependencia gubernamental que sea declarada inconstitucional, carecerá de validez. Los tribunales federales también interpretan las legislaciones federales, así como las decisiones y las normas de las entidades federales. Revisión judicial de la acción de las entidades gubernamentales Muchas leyes ambientales federales establecen normas específicas para la revisión judicial de la acción de las entidades oficiales. Véanse, por ejemplo, la CAA (Código, título 42, sec. 7607), la RCRA (Código, título 42, sec. 6976) y la TSCA (Código, título 15, sec. 2618). En ausencia de procedimientos específicos de revisión previstos en leyes escritas, la Constitución otorga el derecho general de revisión judicial de un acto desfavorable y definitivo de una entidad gubernamental. El tribunal responsable de la revisión puede resolver todas las cuestiones de derecho pertinentes, interpretar disposiciones constitucionales y legales y determinar el significado o la aplicabilidad del acto de la agencia. El mencionado tribunal tiene la autoridad para obligar a la agencia a ejecutar cualquier acto ilegalmente diferido o aplazado en forma exagerada, o puede anular cualquier acto, decisión o conclusión de la agencia que a juicio del tribunal: (A) sea arbitraria o caprichosa, constituya un abuso de facultades discrecionales o se oponga a la ley en alguna otra forma; (B) resulte contraria a derechos, atribuciones, privilegios o inmunidad constitucionales; (C) exceda el alcance, autoridad o limitaciones de una ley o no cumpla debidamente con un derecho otorgado por la ley; (D) se haya adoptado sin seguir los procedimientos requeridos por la ley; (E) no esté fundamentada en pruebas sustanciales en función de jurisprudencia administrativa, o (F) no se sostenga por los hechos en la medida en que éstos puedan ser examinados por el tribunal. Un gran número de impugnaciones a las reglas administrativas de las entidades oficiales va directamente a un tribunal de apelación y ya no se dirimen en los tribunales federales de primera instancia (Código, título 5, secs. 701-706). Procedimientos judiciales Todos los tribunales observan una estricta serie de requisitos de procedimiento. En 1938 la Corte Suprema promulgó el Código Federal de Procedimientos Civiles (Federal Rules of Civil Procedure), que la Conferencia Judicial (U.S. Judicial Conference) actualiza y extiende periódicamente. Los procedimientos son uniformes en todas las jurisdicciones federales, aunque cada tribunal federal puede adoptar reglas adicionales. Los tribunales estatales tienen sus propias reglas, que suelen ser menos detalladas o estrictas que las federales. En los tribunales de primera instancia los jueces cuentan generalmente con jurados para resolver todas las cuestiones de hecho. El derecho a un jurado lo garantiza por lo general la Constitución federal en los casos federales, y las constituciones estatales suelen incluir disposiciones que se aplican en los casos estatales. 1.Introduction to the Legal System 1.1. Structure of Government Secondary Sources: Immigration and Naturalization Service, U.S. Department of Justice, U.S. Government Structure M-290. Washington, D.C.: Government Printing Office, 1987. Edward F. Willett, Jr., How Our Laws Are Made, 101st Cong., 2d Sess., H.R. No. 101-139, November 20, 1989 (available from Government Printing Office: Washington, 1990). E. Allan Farnsworth, Introduction to the Legal System of the United States, 2d ed., (New York: Oceana Publications, Inc., 1983). 1.1.1. Branches of Government Federal Constitution: U.S. Const. arts. I-III. 1.1.2. Subnational Units: States/Provinces/Districts/Territories Federal Constitution: U.S. Const. amend X. 1.1.3. National-Subnational Relations Federal Constitution: U.S. Const. arts. I, VI; amend. X. Federal Statutes: Toxic Substance Control Act (TSCA), 15 U.S.C. sec. 2617 (preemption of state law). Clean Water Act (CWA), 33 U.S.C. sec. 1370 (state authority). Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act (FIFRA), 7 U.S.C. sec. 136v (authority of states). Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA), 42 U.S.C. sec. 9614 (relationship to state law). Resource Conservation and Recovery Act (RCRA), 42 U.S.C. sec. 6929 (retention of state authority). 1.1.4. Tribal Governments/Indigenous Peoples Federal Statutes: CWA, 33 U.S.C. sec. 1377 (Indian tribes). Safe Drinking Water Act (SDWA), 42 U.S.C. sec. 300j-11 (Indian tribes). Clean Air Act (CAA), 42 U.S.C. sec. 7601(d) (administration of the CAA with respect to Indian tribes). CERCLA, 42 U.S.C. sec. 9626 (Indian Tribes). Surface Mining Control and Reclamation Act (SMCRA), 30 U.S.C. sec. 1300 (Indian lands). Federal Regulations: 25 C.F.R. pts. 1-5 (Bureau of Indian Affairs - procedures and practices). 25 C.F.R. pts. 61-91 (tribal government). 25 C.F.R. pts. 150-179 (land and water). 25 C.F.R. pts. 200-250 (energy and minerals). 25 C.F.R. pts. 241-250 (fish and wildlife) 25 C.F.R. pts. 261-265 (heritage preservation). Federal Cases: Federal Power Comm'n v. Tuscarora, 362 U.S. 99, 80 S. Ct. 543, 4 L. Ed.2d 584 (1960). U.S. Dept. of Labor v. Occupational Safety and Health Admin., 935 F.2d 182 (9th Cir. 1991). 1.2. Sources and Hierarchy of Law Federal Constitution: U.S. Const. art. VI (federal law prevails over state law). Federal Statutes: Administrative Procedure Act (APA), 5 U.S.C. sec. 552(a)(1) (requiring publication of rules in the Federal Register). Secondary Sources: E. Allan Farnsworth, Introduction to the Legal System of the United States, 2d ed., (New York: Oceana Publications, Inc., 1983). 1.3. Role of the Legislature in the Law-Making Process Federal Constitution: U.S. Const. art I. Secondary Sources: Environmental Law Institute, "Environmental Turf in the New Congress," Environmental Forum 12, no. 2 (1995): 38-43. E. Allan Farnsworth, Introduction to the Legal System of the United States, 2d. ed., (New York: Oceana Publications, Inc., 1983). 1.4. Role of the Executive in the Law-Making Process Federal Constitution: U.S. Const. art. II. Federal Statutes: APA, 5 U.S.C. secs. 551-559, 701-706. Federal Regulations: 16 C.F.R. pt. 1025 (rules of practice for adjudicative proceedings). 17 C.F.R. pt. 10 (rules of practice for the Commodity Futures Trading Commission). 18 C.F.R. pts. 1b, 2, 3, 3a, 3c (general FERC rules). 18 C.F.R. pt. 4 (licenses, permits, exemptions, and determination of project costs under the FPA). 18 C.F.R. pt. 6 (surrender or termination of licenses granted by the FERC). 18 C.F.R. pt. 12 (safety of water power projects and project works). 18 C.F.R. pt. 375 (the commission). 22 C.F.R. pt. 17 (overpayments to annuitants under the foreign service retirement and disability system). 29 C.F.R. pt. 18 (rules of practice and procedure for administrative hearings before the Office of Administrative Law Judges). 29 C.F.R. pt. 511 (wage order procedure for American Samoa). 29 C.F.R. pt. 580 (rules of practice for administrative proceedings regarding civil penalties for child labor violations). 29 C.F.R. pt. 1910 (occupational safety and health standards). 32 C.F.R. pt. 518 (Army FOIA program). 43 C.F.R. pt. 4 (departmental hearings and appeals procedures governing the DOI Office of the Secretary). 44 C.F.R. pt. 1 (rulemaking, policy, and procedures of the Federal Emergency Management Agency). 44 C.F.R. pt. 18 (new restrictions on lobbying). 46 C.F.R. pt. 502 (rules of practice and procedure governing the Federal Maritime Commission). Secondary Sources: E. Allan Farnsworth, Introduction to the Legal System of the United States, 2d ed., (New York: Oceana Publications, Inc., 1983). 1.5. Role of the Courts Federal Constitution: U.S. Const. art. III. Federal Statutes: CAA, 42 U.S.C. sec. 7607 (administrative proceedings and judicial review). RCRA, 42 U.S.C. sec. 6976 (judicial review of agency action). TSCA, 15 U.S.C. sec. 2618 (judicial review of agency action). Administrative Procedure Act (APA), 5 U.S.C. secs. 701-706. Federal Regulations: 40 C.F.R. pt. 2 (EPA public information). 40 C.F.R. pt. 22 (EPA consolidated rules of practice governing the administrative assessment of civil penalties and the revocation or suspension of permits). 40 C.F.R. pt. 23 (judicial review under EPA-administered statutes). Secondary Sources: E. Allan Farnsworth, Introduction to the Legal System
of the United States, 2d ed., (New York: Oceana Publications,
Inc., 1983).
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