WASHINGTON – Dieciocho residentes del área de Los Ángeles han sido acusados en ocho acusaciones formales separadas de participar en ardides fraudulentos contra Medicare por un total de más de 33 millones de dólares, anunciaron hoy el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Matthew Friedrich de la División de lo Penal y el Fiscal Federal para el Distrito Central de California Thomas P. O'Brien.
Agentes de la Fuerza de Ataque de Fraude contra Medicare [Medicare Fraud Strike Force (MFSF)] federales y estatales arrestaron a 18 personas hoy en el área del gran Los Ángeles. Los agentes tuvieron como objetivo a propietarios de empresas de equipos médicos durables (EMD), profesionales médicos y propietarios de clínicas médicas quienes supuestamente habían participado en varios ardides para defraudar a Medicare en 33,264,133 dólares en facturación fraudulenta. Las ocho acusaciones formales en las que los demandados fueron acusados detallan diversos tipos de fraude, entre los que se incluyen ardides asociados a pedidos fraudulentos de sillas de ruedas motorizadas, productos ortopédicos, camas hospitalarias, suministros para nutrición enteral y alimentación. La nutrición enteral es el alimento de sostenimiento ingerido por los pacientes a través de aparatos de alimentación. Además, los agentes federales comenzaron a ejecutar órdenes de allanamiento en siete localidades del Condado de Los Ángeles.
"Los arrestos de hoy son el resultado del trabajo conjunto de dependencias gubernamentales, contra quienes supuestamente roban el dinero de los contribuyentes", dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Matthew Friedrich. "Para los más de 40 millones de ciudadanos estadounidenses que dependen del programa Medicare para su atención médica, las iniciativas de las fuerzas del orden público para llevar ante la justicia con la mayor rapidez a quienes cometan dichos fraudes también ayudará a proteger la integridad del programa y el dinero de los contribuyentes".
"Las operaciones de la Fuerza de Ataque son una nueva arma en el arsenal de las fuerzas del orden público federales para proteger a los contribuyentes estadounidenses contra el fraude contra Medicare", dijo el Fiscal Federal Thomas P. O'Brien. "Con acceso en tiempo real a datos de reclamos presentados a Medicare, las fuerzas del orden público en Los Ángeles están desarrollando herramientas mejores para optimizar su capacidad de combatir el fraude en nuestra comunidad".
"Cada vez que se presentan reclamos falsos para su pago, los programas de seguro de salud del país sufren", dijo Daniel Levinson, Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos. "La Oficina del Inspector General [Office of the Inspector General (OIG)] seguirá trabajando en relación estrecha con nuestros asociados de las fuerzas del orden público, para identificar a toda persona que manipule el sistema para obtener ilegalmente dólares cruciales de Medicare o Medicaid".
"Quienes defraudan a los programas Medicaid y Medicare y a las compañías de seguro privadas aumentan el costo de la atención médica para todos", dijo Salvador Hernández, Director Auxiliar a Cargo del FBI en Los Ángeles. "Los delincuentes de carrera y grupos de delincuencia organizada han comenzado a participar en el fraude de atención médica en el Sur de California y en todo el país. El Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] se compromete a desbaratar los ardides y reclamar el dinero pagado indebidamente por programas patrocinados por el gobierno y aseguradoras privadas. La Fuerza de Ataque nos brinda el apoyo de enjuiciamiento necesario para resolver con éxito este problema de delincuencia multimillonaria".
"El uso de datos de reclamos presentados a Medicare en tiempo real sigue ayudando a los miembros de la Fuerza de Ataque a identificar actividades fraudulentas potenciales en el Sur de California", dijo Kerry Weems, Administrador Interino de los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid [Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS)]. "Con más de 10,000 proveedores activos de equipos médicos durables en California, la labor de la Fuerza de Ataque está ayudando a proteger a los beneficiarios de Medicare y Medicaid".
La primera acusación formal acusa a Armen Shagoyan, 38, Edward Aslanyan, 35, Carolyn A. Vásquez, 44, y Zurama C. España, 29, de conspirar para presentar más de 16.3 millones de dólares en reclamos a Medicare por sillas de ruedas motorizadas innecesarias entre abril de 2007 y junio de 2008, de clínicas médicas que les pertenecían en Los Ángeles y Van Nuys. Además de la clínicas, se acusa a Aslanyan y Shagoyan de ser propietarios de múltiples empresas de EMD que, supuestamente, facturaron a Medicare por artículos innecesarios. Shagoyan, Aslanyan, Vásquez y España fueron acusados de un cargo de conspiración para cometer fraude de atención médica. Shagoyan, Aslanyan y Vásquez también fueron acusados de seis cargos de presentación de reclamos falsos al programa Medicare. España también fue acusada de cuatro cargos de presentación de reclamos falsos al programa Medicare. Si se les condena por todos los cargos, Shagoyan, Aslanyan y Vásquez enfrentan cada uno hasta 65 años en prisión, y España enfrenta una pena de hasta 45 años en prisión.
La segunda acusación formal acusa a Garnik Yesayan, 44, de conspiración para presentar 6.9 millones de dólares en reclamos fraudulentos a Medicare por dispositivos ortopédicos, sillas de rueda motorizadas, camas hospitalarias, conjuntos de suministros para nutrición enteral y alimentación, calzado ortopédico y otros dispositivos médicos entre enero de 2006 y noviembre de 2007. Se acusa a Yesayan de un cargo de conspiración para cometer fraude de atención médica y cuatro cargos de presentación de reclamos falsos al programa Medicare. Si se le condena por todos los cargos, Yesayan enfrenta una sentencia máxima de 45 años en prisión.
La tercera acusación formal alega que, entre noviembre de 2004 y septiembre de 2008, Elsie R. Edmond, 50, Marlon O. Palma, 37, Leslie V. Duarte, 22, Josue
González, 27, Kelechi Ajouku, 28, y Gloria C. Hernández, 54, conspiraron para presentar 2.3 millones de dólares en reclamos fraudulentos a través de una empresa de EMD denominada Santos Medical Supply al programa Medicare por conjuntos de suministros para la alimentación y nutrición enteral innecesarios, y sillas de ruedas motorizadas. Se alega que
Hernández reclutó a pacientes y obtuvo recetas falsas y se las vendió a Santos. Edmond, Palma, Duarte,
González, Ajouku y Hernández fueron acusados de un cargo de conspiración para cometer fraude de atención médica. Edmond, Palma,
González y Ajouku también fueron acusados de 24 cargos de presentación de reclamos falsos a Medicare, Duarte de 16 cargos de presentación de reclamos falsos a Medicare y
Hernández de ocho cargos de presentación de reclamos falsos a Medicare. Además, la acusación formal acusa a Edmond, Palma, Duarte,
González, Ajouku y Hernández de un cargo de robo de identidad agravado. Si se les condena, cada demandado enfrenta una sentencia obligatoria mínima de dos años en prisión. Edmond, Palma,
González y Ajouku enfrentan cada uno una sentencia máxima de 252 años en prisión si se les condena por todos los cargos de la acusación. Si se le condena por todos los cargos de la acusación, Duarte enfrenta una sentencia máxima de 252 años en prisión y
Hernández enfrenta una sentencia máxima de 252 años en prisión.
En una cuarta acusación formal, se alega que Teresa Bagdasarian, 52, conspiró con terceros para presentar más de 1 millón de dólares en reclamos falsos a Medicare entre mayo de 2006 y mayo de 2008. Se alega que Bagdasarian facturó a Medicare aparatos ortopédicos, sillas de ruedas, bastones, andadores, camas hospitalarias e implementos térmicos innecesarios. Se acusa a Bagdasarian de un cargo de conspiración para cometer fraude de atención médica y ocho cargos de fraude de atención médica. Si se le condena por todos los cargos, Bagdasarian enfrenta una sentencia máxima de 90 años en prisión.
En una quinta acusación formal, se alega que, entre enero de 2006 y abril de 2007, Andranik Mirzoyan, 56, y Aram Mirzoyan, 21, conspiraron para presentar aproximadamente 1.8 millones de dólares en reclamos falsos a Medicare por sillas de ruedas y otros EMD. La acusación formal alega que Andranik Mirzoyan era propietario y administrador de una empresa de EMD, mientras que Aram Mirzoyan coordinaba las entregas de EMD innecesarios. Se les acusa de un cargo de conspiración para cometer fraude de atención médica y cuatro cargos de fraude de atención médica. Si se les condena por todos los cargos, cada uno enfrenta una sentencia máxima de 50 años en prisión.
Se acusa a Levon Sedrakyan, 34, en una sexta acusación formal separada, de conspirar para presentar 3.1 millones de dólares en reclamos falsos a Medicare por aparatos ortopédicos, sillas de ruedas motorizadas, camas hospitalarias, conjuntos de suministros para nutrición enteral y alimentación, calzado para diabéticos y otros dispositivos médicos. Se alega que Sedrakyan utilizó múltiples empresas que colocó en los nombres de otras personas para facturar a Medicare en forma fraudulenta. Se acusa a Sedrakyan de un cargo de conspiración, un cargo de conspiración para cometer fraude de atención médica, cuatro cargos de presentación de reclamos falsos al programa Medicare y un cargo de realización de declaraciones falsas en un asunto asociado a un plan de beneficios de atención médica. Si se le condena por todos los cargos, Sedrakyan enfrenta una sentencia máxima de 60 años en prisión.
En otra acusación formal, se alega que Andrews Asante, 53, conspiró para presentar más de medio millón de dólares en reclamos falsos a Medicare entre junio de 2005 y abril de 2006. Se acusa a Asante de facturar aparatos ortopédicos, sillas de ruedas motorizadas, camas hospitalarias, conjuntos de suministros para nutrición enteral y alimentación y calzado para diabéticos innecesarios y no entregados. Se acusa a Asante de un cargo de conspiración para cometer fraude de atención médica. Si se le condena, enfrenta una sentencia máxima de 15 años en prisión.
Finalmente, en una acusación formal, se acusa a Ronald L. Bradshaw y Anna Vasilyan de conspirar para presentar más de 1.5 millones de dólares en reclamos falsos a Medicare. La acusación formal indica que Vasilyan pagó a reclutadores de pacientes para que llevaran a beneficiarios a la clínica en la que Bradshaw, un asistente de médico, supuestamente recetaba equipos médicos innecesarios. Se acusa a Bradshaw y Vasilyan de un cargo de conspiración para cometer fraude de atención médica y 10 cargos de presentación de reclamos falsos al programa Medicare. Si se les condena por todos los cargos, cada uno enfrenta una sentencia máxima de 110 años en prisión.
Estos casos son el resultado de las operaciones de la MFSF, un equipo multiagencia de fiscales y agentes federales, estatales y locales, diseñado específicamente para combatir el fraude contra Medicare. Las operaciones de la fuerza de ataque comenzaron en el área de Los Ángeles el 1° de marzo de 2008.
Están a cargo de la acusación en estos casos los Abogados Litigantes Jonathan Baum, Steven Kim, Joseph C. Hudzik, Cristina M. Moreno y Jeremy M. Kirkland de la Sección de Fraude de la División de lo Penal, y los Fiscales Federales Auxiliares Margaret L. Carter, April A. Christine y Christopher Lui de la Fiscalía Federal. Los casos fueron investigados por el Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)]; el Departamento de Salud y Servicios Humanos, la Oficina del Inspector General; el CMS; el Departamento de Justicia de California; el Buró de Fraude Médico y Abuso de Ancianos; y la Fuerza de Tarea de Coacción Legal de la Autoridad de Salud del Condado de Los Ángeles. La Fuerza de Ataque está encabezada por el Jefe Adjunto Kirk Ogrosky de la Sección de Fraude de la División de lo Penal en Washington, D.C., y la Oficina del Fiscal Federal Thomas P. O'Brien del Distrito Central de California. Desde la creación de la MFSF en 2007, fiscales federales han emitido acusaciones formales en 103 casos con 175 demandados, tanto en Los Ángeles como en Miami. En conjunto, estos demandados facturaron fraudulentamente al programa Medicare más de 500 millones de dólares.
Una acusación formal es una mera acusación y se supone que los demandados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario.
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