WASHINGTON – Tres ciudadanos colombianos –Ricardo Mauricio Bernal Palacios, de 41 años de edad, Juan Manuel Bernal Palacios, de 47, y Camilo Andrés Ortiz Echeverri, de 38 – fueron sentenciados en conexión con sus declaraciones de culpabilidad por conspirar para lavar dinero y 47 cargos considerables de lavado de dinero, según lo anunciaron hoy el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Matthew W. Friedrich y el Fiscal Federal R. Alexander Acosta del Distrito Sur de Florida.
El 22 de mayo de 2008, el Juez Gold sentenció a Mauricio Bernal Palacios a 210 meses en prisión, a Juan Bernal Palacios a 135 meses en prisión y a Ortiz Echeverri a 105 meses en prisión. También se ordenó la confiscación a los tres acusados, en forma colectiva, de aproximadamente 3 millones de dólares en fondos lavados. Los acusados se habían declarado culpables anteriormente ante las acusaciones de lavado de dinero en agosto de 2007. Cuando terminen sus sentencias los tres serán deportados a Colombia.
Mauricio Bernal Palacios, Juan Bernal Palacios y Ortiz Echeverri fueron acusados mediante una acusación formal revelada el 6 de marzo de 2006, que alegaba que entre 2002 y 2006 los acusados lavaron dinero procedente de la venta de drogas en los Estados Unidos para promover redes de distribución de cocaína que operaban internacionalmente en Colombia, México y Europa. La acusación formal identifica más de $ 3 millones procedentes de la venta de drogas que fueron lavados a través de bancos estadounidenses. La conspiración para el lavado de dinero incluyó el uso de casas de cambio mexicanas, el mercado cambiario ilegal de pesos en Colombia y cuentas bancarias estadounidenses para transferir los resultados de la venta de drogas desde Europa y México a los traficantes en Colombia. Los acusados fueron arrestados el 2 de marzo de 2006 por las autoridades de las fuerzas del orden público en Bogotá, Colombia, de conformidad con órdenes de captura. Los acusados fueron posteriormente extraditados para enfrentar las acusaciones en un Tribunal Federal de Distrito de los Estados Unidos en Miami.
Este caso es el resultado de la labor combinada de las fuerzas del orden público estadounidenses y las autoridades colombianas, mexicanas y españolas. Fue investigado por la Administración de Control de Drogas. Estuvo a cargo de la investigación del caso la Jefa Auxiliar Mia Levine de la Sección de Confiscación de Bienes y Lavado de Dinero de la División de lo Penal, y el Fiscal Federal Auxiliar Anthony Lacosta del Distrito Sur de Florida, con asistencia de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División de lo Penal.
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