WASHINGTON – La Secretaria de Justicia Auxiliar Alice S. Fisher de la División de lo Penal y la Fiscal Federal Rosa Emilia Rodríguez-Vélez del Distrito de Puerto Rico anunciaron hoy que el gobernador de Puerto Rico Aníbal Acevedo Vilá y 12 socios en Puerto Rico, Washington D.C., y el área de Filadelfia han sido imputados en una acusación formal de 27 cargos revelada hoy y emitida por un gran jurado en San Juan, Puerto Rico, el 24 de marzo de 2008.
Los demandados enfrentan cargos de conspiración, falso testimonio, fraude telegráfico, fraude en el programa federal y delitos fiscales relacionados con el financiamiento de la campaña del gobernador para Comisionado Residente del Commonwealth de Puerto Rico en 1999-2000 y 2001-2002, así como también la campaña posterior para gobernador de 2004.
Según la acusación formal, los demandados conspiraron para defraudar a los Estados Unidos y violar diversas disposiciones de la Ley de Campañas Electorales Federales, al pedir a empresarios de Puerto Rico que hicierann contribuciones ilegales no declaradas para pagar grandes deudas tampoco declaradas, las que tienen origen en las campañas de 1999-2000 y 2001-2002 de Acevedo Vilá para Comisionado Residente del Commonwealth de Puerto Rico. Los pagos se realizaron principalmente a la empresa de relaciones públicas y medios contratada para las campañas. Las actividades ilícitas continuaron en 2003, debido a la importante deuda acumulada en las campañas, parte de la cual también se ocultó a la Comisión Electoral Federal [Federal Election Commission (FEC)] y a la opinión pública.
Acevedo Vilá y su asesor legal, el demandado Inclán Bird, solicitaron, aceptaron y luego reembolsaron contribuciones ilícitas por conducto a familiares y miembros del personal de Acevedo Vilá. Las contribuciones por conducto son contribuciones ilícitas de campaña realizadas por una persona en nombre de otra. Además, un grupo de empresarios del área de Filadelfia solicitaron, aceptaron y luego reembolsaron contribuciones ilícitas por conducto de sus propios familiares y miembros del personal para el demandado Acevedo Vilá. Acevedo Vilá, en su calidad de funcionario, luego ayudó personalmente a los empresarios en sus tentativas de obtener contratos de las dependencias gubernamentales de Puerto Rico para sí mismos o sus clientes.
La acusación formal también afirma la existencia de un plan para defraudar al Departamento del Tesoro de Puerto Rico en 7 millones de dólares, al comprometerse el demandado Acevedo Vilá, de manera fraudulenta, a respetar una ley de financiamiento público y voluntario en la exitosa campaña para gobernador de Puerto Rico. La ley de financiamiento exigía un tope en el gasto de campaña y la declaración completa de todas las contribuciones y los gastos. A cambio, el Departamento del Tesoro proporcionaba hasta 7 millones de dólares en fondos públicos para la campaña del candidato.
La acusación formal alega que el acusado Acevedo Vilá y sus socios llevaron a cabo una recaudación de fondos no declarada y realizaron pagos no registrados a proveedores para la campaña de 2004, con el fin de recaudar y gastar un monto muy superior al acordado. De acuerdo a la acusación, un aspecto significativo de este fraude fue solicitar a empresarios de Puerto Rico (descriptos como colaboradores) que empleen grandes cantidades de dinero de sus fondos personales o corporativos para pagar deudas considerables a la empresa encargada de las relaciones públicas y los medios de comunicación. También se emplearon grandes sumas de dinero para ocultar las contribuciones y los pagos a proveedores del conocimiento del Departamento del Tesoro y la opinión pública.
Como se detalla en la acusación, la empresa de medios creó facturas falsas de numerosos pagos de los colaboradores, para que dichos pagos parecieran gastos legítimos de las empresas de los contribuyentes. La acusación formal acusa a José González Freyre, uno de estos contribuyentes, por declarar falsamente que una factura de 50,000 dólares era real y que se habían brindado servicios legítimos a esta empresa a cambio del pago, cuando en realidad la factura era falsa y el pago de 50,000 dólares era parte del plan no declarado de recaudación y gastos.
Con respecto a actividades ilícitas relacionadas que surgen de la acusación formal, Acevedo Vilá, con la ayuda de Inclán Bird, aceptó numerosas formas de ingresos personales de fondos relacionados con su campaña o su cargo oficial, las cuales no incluyó como debía en su declaración de impuestos.
“Esta acusación demuestra el compromiso del Departamento de Justicia y la Fiscalía Federal en Puerto Rico a fin de asegurar la integridad del proceso electoral. Los candidatos a un cargo público y los funcionarios electos deberán responder ante la justicia por corromper el proceso electoral al desobedecer las leyes de financiamiento de campañas. El fraude electoral socava la esencia de nuestra forma de gobierno representativa y opera en perjuicio de cada puertorriqueño", dijo la Fiscal Federal Rosa Emilia Rodríguez-Vélez.
“El Departamento de Justicia seguirá aplicando las leyes sobre corrupción pública diseñadas para proteger el derecho de los ciudadanos a una representación gubernamental honesta y justa", manifestó la Secretaria de Justicia Auxiliar Alice S. Fisher.
"Nuestro sistema democrático no puede funcionar si los funcionarios públicos actúan como si estuvieran por encima de la ley. Los funcionarios públicos deben cumplir la ley y quienes no lo hagan deberán responder ante la justicia", expresó Luis Fraticelli, Agente Especial a Cargo de la Oficina Local de San Juan del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)].
"La acusación formal de hoy es un recordatorio de que las leyes fiscales se aplican a todos de igual manera. Nadie está por encima de la ley. Es la responsabilidad de cada contribuyente presentar declaraciones de impuestos sobre la renta que sean correctas y precisas", dijo Michael E. Yasofsky, Agente Especial a Cargo de la Oficina Local de Miami de Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)].
Los demandados y sus acusaciones individuales son las siguientes:
(1) Aníbal Acevedo Vilá, de 48 años, de San Juan, Puerto Rico, está acusado de conspiración, falso testimonio, fraude telegráfico, fraude al programa federal y delitos fiscales. El demandado Acevedo Vilá fue Comisionado Residente de Puerto Rico en la Cámara de Representantes de los EE.UU. desde 2001 hasta 2005, y ha sido Gobernador de Puerto Rico desde 2005;
(2) Cándido Negrón Mella, de 41 años, de Glenn Mills, Penn., está acusado de conspiración y falso testimonio. Negrón Mella es un empresario de Filadelfia y fue designado por el demandado Acevedo Vilá como director adjunto de finanzas de su campaña federal (campaña para Comisionado Residente ) en 2002;
(3) Salvatore Avanzato, de 69 años, de Boothwyn, Penn., está acusado de conspiración. Avanzato es un empresario del área de Filadelfia;
(4) Jorge Velasco Mella, de 38 años, de San Juan, Puerto Rico, está acusado de conspiración y falso testimonio. Velasco Mella, un primo de Negrón Mella, aceptó un empleo en la oficina de Comisionado Residente del demandado Acevedo Vilá en San Juan y lo asistió en el manejo de las contribuciones de campaña;
(5) Robert M. Feldman, de 60 años, de Gladwyne, Penn., está acusado de conspiración. Feldman es un asesor empresarial y político del área de Filadelfia y fue designado por el demandado Acevedo Vilá como director de finanzas de su campaña federal (campaña para Comisionado Residente ) en 2002;
(6) Marvin I. Block, de 74 años, de Filadelfia, está acusado de conspiración. Block es un empresario y abogado del área de Filadelfia;
(7) Ramón Velasco Escardille, de 49 años, de San Juan, Puerto Rico, está acusado de conspiración, falso testimonio y fraude telegráfico. Velasco Escardille fue el tesorero de la campaña para Comisionado Residente del demandado Acevedo Vilá;
(8) Edwin Colón Rodríguez, de 35 años, de Arecibo, Puerto Rico, está acusado de conspiración y falso testimonio. También fue acusado de desfalco en otra acusación formal revelada hoy. Colón Rodríguez fue asistente del tesorero de la campaña para Comisionado Residente del demandado Acevedo Vilá;
(9) Eneidy Coreano Salgado, de 40 años, de Rockville, Md., está acusado de conspiración. Coreano Salgado fue el director administrativo del demandado Acevedo Vilá en su oficina de Comisionado Residente en Washington, D.C.;
(10) Luisa Inclán Bird, de 47 años, de Guaynabo, Puerto Rico, está acusada de conspiración, fraude telegráfico y fraude al programa federal. Inclán Bird fue la asesora legal del demandado Acevedo Vilá en su oficina de San Juan y ejerció como voluntaria en el departamento de finanzas de la campaña para gobernador de 2004. Actualmente, es una asesora de alto rango del Gobernador Acevedo Vilá;
(11) Miguel Nazario Franco, de 60 años, de San Juan, Puerto Rico, está acusado de fraude telegráfico y fraude al programa federal. Nazario Franco fue voluntario en la campaña para gobernador de 2004 del demandado Acevedo Vilá, desempeñándose en el departamento de finanzas, y actualmente es empresario en Puerto Rico.
(12) Ricardo Colón Padilla, de 39 años, de Río Piedras, Puerto Rico, está acusado de fraude telegráfico, fraude al programa federal y falso testimonio. Colón Padilla fue el director de finanzas del partido político del demandado Acevedo Vilá durante su campaña para gobernador de 2004.
(13) José González Freyre, de 56 años, de Guaynabo, Puerto Rico, está acusado de fraude telegráfico y falso testimonio. González Freyre es el propietario de Pan American Grain, una empresa agrícola de Puerto Rico, que aportó al menos 50,000 dólares a la campaña para gobernador de 2004 del demandado Acevedo Vilá.
Cada cargo conlleva las siguientes penas de prisión y multas máximas, así como las condiciones de libertad bajo supervisión:
Cargo uno (conspiración): cinco años de prisión y 250,000 dólares de multa; Cargos dos al nueve (falso testimonio ante la FEC y los agentes federales): cinco años de prisión y 250,000 dólares de multa; Cargos 10 al 21 (fraude telegráfico): 20 años de prisión y 250,000 dólares de multa;
Cargo 22 (fraude al programa: obtener dinero mediante el fraude): 10 años de prisión y 250,000 dólares de multa;
Cargos 23 y 24 (falso testimonio ante el FBI y los IRS): cinco años de prisión y 250,000 dólares de multa;
Cargo 25 (conspiración para defraudar a los IRS): cinco años de prisión y 250,000 dólares de multa;
Cargos 26 y 27 (completar una declaración de impuestos con información falsa): tres años de prisión y 100,000 dólares de multa;
Están a cargo del enjuiciamiento del caso la Primera Fiscal Federal Auxiliar María A. Domínguez del Distrito de Puerto Rico y el Abogado Litigante Daniel A. Schwager de la Sección de Integridad Pública de la División de lo Penal. La Sección de Integridad Pública de la División de lo Penal está encabezada por el Jefe William M. Welch, II. El caso está siendo investigado por el FBI y los IRS, con la asistencia y cooperación de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
En el Distrito de Puerto Rico, continúa la investigación de hechos de corrupción y otros delitos. Una acusación formal es una acusación de conducta delictiva, no prueba de culpabilidad. Se supone que un demandado es inocente hasta que se lo condene a través del debido proceso de la ley.
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