WASHINGTON – Tres hermanos del área de Miami que supuestamente financiaron a 11 clínicas de infusión para el VIH y un asistente médico que trabajaba en dichas clínicas fueron acusados en un ardid de fraude de infusión para el VIH de 110 millones de dólares, anunciaron hoy la División de lo Penal del Departamento de Justicia y la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida.
La acusación formal alega que entre enero de 2001 y noviembre de 2004, Carlos y Luis Benítez conspiraron para presentar aproximadamente 110 millones de dólares en reclamos falsos y fraudulentos al programa Medicare por servicios de infusión para el VIH supuestamente provistos en 11 clínicas de infusión para el VIH corruptas que les pertenecían y las cuales controlaban. Como parte del ardid, Carlos y Luis Benítez remitían a beneficiarios de Medicare a las clínicas e instruían que les pagaran comisiones ilícitas para inducirlos a declarar que habían recibido servicios legítimos en las clínicas cuando, en realidad, los servicios de infusión para el VIH no eran provistos o no eran médicamente necesarios. Las clínicas de infusión para el VIH que poseían y controlaban eran: AH Medical Office Inc.; Advanced Medical Rehabilitation Center Inc.; Best Medi Corp.; Physician’s Health Med-Care; Physician’s Med-Care Inc.; Saint Jude Rehab Center Inc.; Global Med-Care Corp.; CNC Medical Corp.; G&S Medical Centers Inc.; Karla Medical Services Inc.; y Best Medicare Inc.
La acusación formal alega que José Benítez poseía y administraba una de las once clínicas, Advanced Medical, y asistió en presentar aproximadamente 10 millones de dólares de los reclamos falsos y fraudulentos al programa Medicare por servicios de infusión para el VIH que no eran provistos y por servicios que no eran médicamente necesarios. Thomas McKenzie era un asistente médico en las clínicas de infusión para el VIH pertenecientes a y administradas por Carlos, Luis y José Benítez. La acusación formal alega que, bajo la dirección de Carlos, Luis y José Benítez, McKenzie era responsable por capacitar a médicos y proveedores en cómo hacer que pareciera que servicios médicos legítimos y apropiados estaban siendo provistos, así como supervisar la preparación de documentos para que pareciera que los servicios eran efectivamente prestados y médicamente necesarios.
Después de obtener el producto de sus delitos, la acusación formal alega que Carlos, Luis y José Benítez realizaron un ardid para lavar dicho producto al, entre otras cosas, transferir millones de dólares del producto a empresas ficticias de "comercialización" y "administración" que poseían y controlaban, y al transferir el producto entre las clínicas de infusión para el VIH.
Carlos Benítez, Luis Benítez, José Benítez y Thomas McKenzie fueron acusados de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, causar la presentación de reclamos falsos al programa Medicare y pagar comisiones ilícitas asociadas a la atención médica; conspiración para cometer fraude de atención médica, y presentación de reclamos falsos al programa Medicare. Carlos, Luis y José Benítez fueron acusados de conspiración para lavar el producto de sus delitos, y Carlos y Luis Benítez fueron acusados de lavado de dinero. Asimismo, la acusación formal pide la confiscación de los activos a nombre de todos los demandados. Carlos y Luis Benítez enfrentan cada uno una sentencia máxima de 155 años en prisión, José Benítez enfrenta una sentencia máxima de 40 años en prisión y Thomas McKenzie una sentencia máxima de 50 años en prisión.
Están a cargo de la acusación los Abogados Litigantes Hank Bond Walther y John K. Neal de la Sección de Fraude de la División de lo Penal, así como Laurel Loomis Rimon y Constantine Lizas de la Sección de Confiscación de Activos y Lavado de Dinero de la División de lo Penal, con la asistencia en investigación del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicio Humanos. Los casos surgieron como parte de la Fuerza de Ataque contra el Fraude asociado a Medicare que opera en Miami desde marzo de 2007. La Fuerza de Ataque es liderada por el Jefe Adjunto Kirk Ogrosky de la Sección de Fraude de la División de lo Penal en Washington, D.C., y la oficina del Fiscal Federal R. Alexander Acosta del Distrito Sur de Florida.
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