WASHINGTON – Dos líderes de una conspiración nacional de subcontratación de empleados que utilizaron a centenas de extranjeros ilegales en todo el país se declararon culpables ante el Juez Federal de Distrito Kenneth Marra en el Distrito Sur de Florida, y un tercer demandado fue sentenciado, anunció hoy el Departamento de Justicia.
Jaroslaw Sawczuk, 39, un ciudadano polaco anteriormente domiciliado en Coral Springs, Fla. y Jozef Bronislaw Bogacki, 43, ciudadano naturalizado de los EE.UU. nacido en Polonia y domiciliado en Clearwater, Fla., se declararon culpables de cargos de conspiración para transportar, alojar e incentivar a extranjeros ilegales a permanecer en los Estados Unidos, y cometer fraude de visa, telegráfico, postal y tributario, y lavado de dinero.
El Juez Marra sentenció a un tercer demandado, Pavel Preus, 39, un ciudadano polaco residente en Pompano Beach, Fla., quien se declaró culpable de cargos similares el 13 de septiembre de 2005. Preus fue sentenciado a 37 meses en la prisión, 36 meses de libertad bajo supervisión y a pagar $950,000 de cargas sociales impagas.
Los demás demandados, Lucia Kanis, 31, ciudadana de Eslovaquia; Ivan Kanis, 39, ciudadano de Eslovaquia residente en la República Eslovaca; y Andor Pikali, 37, un ciudadano eslovaco que residía en Coral Springs, son fugitivos federales y se cree que están en el exterior.
"El Departamento de Justicia no permitirá que nuestro sistema de inmigración sea explotado por personas que violan nuestras leyes simplemente para generar ganancias para sí mismos", dijo la Secretaria de Justicia Auxiliar Alice S. Fisher de la División de lo Penal. "Trabajaremos enérgicamente con nuestros asociados de las fuerzas del orden público en identificar y desmantelar operaciones de subcontratación de empleados ilegales como esta para preservar la integridad de nuestro sistema de inmigración y la seguridad de nuestra nación".
Bogacki se declaró culpable de los seis cargos en los que se lo nombró y Sawczuk se declaró culpable de tres cargos importantes de una acusación formal de 26 cargos. La acusación formal alega que, de 1995 al presente, los demandados conspiraron para proveer trabajadores no autorizados, mayormente de Europa Occidental, que habían ingresado a los Estados Unidos con visas de turista, a empresas estadounidenses que habían contratado a los demandados para la provisión de empleados extranjeros con autorización legal. La acusación formal alega que más de 550 extranjeros ilegales fueron traídos a los Estados Unidos por los demandados. De acuerdo con la acusación formal, los trabajadores extranjeros obtuvieron visas de turista para ingresar a los Estados Unidos y fueron empleados ilegalmente en el centro-oeste y sudeste de los Estados Unidos en granjas, tambos y fábricas. Los demandados realizaron contratos con patrones estadounidenses para la provisión de trabajadores, para quienes los demandados pagarían cargas sociales y deducciones de compensación del trabajador. Durante el curso de la conspiración, los demandados dejaron de pagar 6 millones de dólares en cargas sociales y lavaron más de 20 millones de dólares.
Los demandados restantes enfrentan penas máximas de hasta 20 años de prisión y multas de hasta $500,000. Además, el gobierno está pidiendo la confiscación del patrimonio del demandado Bogacki. La audiencia de confiscación está programada para el martes, 28 de noviembre de 2006, a las 9 a.m. La lectura de sentencia de Bogacki y Sawczuk está programada para el viernes, 15 de diciembre de 2006.
"Según los cargos, los demandados eligieron obtener ganancias en lugar de cumplir con las leyes de inmigración y empleo de nuestro país", dijo el Fiscal Federal Alex Acosta del Distrito Sur de Florida. "Al usar extranjeros ilegales para generar sus ganancias, los demandados no solo se aprovecharon de estas personas, sino que comprometieron potencialmente la seguridad de nuestros ciudadanos. Agradezco el trabajo arduo y la dedición de los fiscales y de nuestros asociados de las fuerzas del orden público para desmantelar esta empresa delictiva".
"No permitiremos que organizaciones delictivas exploten el sistema de inmigración de los Estados Unidos para obtener ganancias. En este caso, los demandados lavaron alrededor de 20 millones de dólares y dejaron de pagar 6 millones de dólares de impuestos como parte de este ardid de subcontratación de empleados ilegales", dijo Julie Myers, Secretaria Auxiliar del Departamento de la Patria para Coacción de Inmigración y Aduanas [Immigration and Customs Enforcement (ICE)]. "El ICE está trabajando para restaurar la integridad del sistema de inmigración de la nación, al atacar a violadores y trabajar para promover prácticas de contratación legales".
La investigación conjunta, conocida como Operación Piscis, comenzó en 2002. La investigación estuvo encabezada por la Oficina de Coacción de Inmigración y Aduanas de la Ciudad de Kansas, el Supervisor de Grupo Doug Bemiss; el Departamento del Trabajo, Oficina del Inspector General; Investigaciones de delincuencia organizada y fraude laborales, Agente Especial Sean Kilcoyne; y la oficina local de Servicio de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)] de Miami, Agente Especial Kenneth Murphy. La Oficina de Miami del Servicio de Inspección Postal de los EE.UU. también proporcionó apoyo para la investigación. Estuvieron a cargo de la acusación los Abogados Litigantes Principales Michael E. Barr y Judith O’Sullivan de la Sección de Seguridad Doméstica de la División de lo Penal, y por el Fiscal Auxiliar Jeffrey H. Kay de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida, oficina de Ft. Lauderdale.
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