DIECISÉIS SOLDADOS ACTUALES Y EX SOLDADOS Y OFICIALES DE LAS FUERZAS DEL ORDEN PÚBLICO DE EE.UU. ACUERDAN DECLARARSE CULPABLES DE PARTICIPAR EN CONSPIRACIÓN PARA SOBORNO Y EXTORSIÓN

WASHINGTON, D.C. - Dieciséis actuales soldados y ex-soldados y oficiales de las fuerzas del orden público de los EE.UU. adicionales se declararon culpables de participar en una conspiración extensiva de soborno y extorsión que operó del 2002 de enero a marzo de 2004, anunció hoy el Secretario de Justicia Adjunto Interino de los Estados Unidos John C. Richter de la División de lo Penal.

Los cargos surgen de la Operación Lively Green, una investigación secreta llevada a cabo por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) que comenzó en diciembre de 2001. Diecisiete demandados ya se han declarado culpables en este proceso en curso y serán sentenciados el 12 de diciembre de 2005.

Los demandados adicionales son:

Sheldon Anderson, 26, antiguo Sargento del Ejército de los Estados Unidos;

Michael E. Antone, 39, un Especialista en la Guardia Nacional del Ejército de Arizona [Arizona Army National Guard (AANG)];

James M. Clear, 25, antiguo Sargento de la Marina de los Estados Unidos [United States Marine Corps];

Roman A. DeLaMora, 28, antiguo oficial de correcciones del Departamento de Correcciones de Arizona [Arizona Department of Corrections (ADOC);

Adrian Figueroa, 24, Soldado de Primera Clase de la AANG;

Rafael A. Hernandez, 31, antiguo oficial de correcciones del ADOC;

Viviana Hernandez, 24, antigua Soldado de la AANG;

Jason E. Kitzmiller, 25, antiguo Cabo del Ejército de los Estados Unidos;

Francisco A. Marinez, 27, antiguo Soldado de Primera Clase de la AANG;

Ciriam Mantante, 24, antiguo oficial de correcciones del ADOC;

Brett M. Riddle, 31, antiguo oficial de correcciones del ADOC;

Eddie Rosas III, 23, antiguo empleado del Departamento de Policía de Nogales, Arizona;

Rene A. Salas, 30, antigua Soldado de la AANG;

David Salazar, 27, antiguo oficial de correcciones del ADOC;

Mark Sanchez, 32, antiguo oficial de correcciones del ADOC; y

Michael A. Vildusea, 34, antiguo oficial de correcciones del ADOC.

En documentos presentados hoy al tribunal federal de Tucson, Arizona, los demandados acordaron declararse culpables de un cargo de conspiración para enriquecimiento propio, obteniendo sobornos en dinero en efecto de personas que pensaban que eran traficantes de narcóticos pero que eran, en realidad, Agentes Especiales del FBI, a cambio del ofrecimiento de los demandados de utilizar sus posiciones oficiales para asistir, proteger y participar en las actividades de una organización ilegal de tráfico de narcóticos que se dedicaba a transportar y distribuir cocaína de Arizona a otras localidades del sudoeste de los Estados Unidos. A fin de proteger los embarques de cocaína, los demandados llevaban puestos sus uniformes oficiales y llevaban consigo sus formas oficiales de identificación, utilizaban vehículos oficiales y utilizaban su color de autoridad donde necesario para impedir paradas por la policía, registros y confiscaciones de narcóticos, mientras transportaban los embarques de cocaína en carreteras que pasaban por puntos de verificación controlados por personal de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Pública de Arizona y oficiales de las fuerzas del orden público de Nevada. Algunos de los demandados también aceptaron sobornos adicionales de dinero en efectivo, a cambio de reclutar otras autoridades públicas que creían ser corruptas para facilitar aún más las actividades de la organización ficticia de tráfico de narcóticos.

Todos los demandados acompañaron, por lo menos, un embarque de cocaína de localidades tales como Nogales, Arizona y Tucson, Arizona a destinos que incluyeron Phoenix, Arizona y Las Vegas, Nevada. Los demandados adicionales que han acordado declararse culpables aceptaron más de $75.500 en sobornos en dinero en efectivo como pago por sus actividades ilegales, además de los $222.000 en sobornos en dinero en efectivo aceptados por los 17 demandados que ya se han declarado culpables. La cantidad total de cocaína transportada por todos los demandados fue de, aproximadamente, 670 kilogramos.

En una oportunidad, el 22 de agosto de 2002, algunos de los demandados condujeron tres vehículos oficiales del gobierno, incluidos dos Humvees militares asignados a la AANG, a una pista de aterrizaje clandestina en el desierto cerca de Benson, Arizona, donde se encontraron con una aeronave bimotor King Air piloteada por agentes secretos del FBI. Dichos demandados, en uniforme, supervisaron la descarga de, aproximadamente, 60 kilogramos de cocaína de la King Air y la carga de los mismos en su vehículo. Luego, transportaron la cocaína a un hotel de un centro turístico en Phoenix, donde los esperaba otro agente secreto del FBI que se hizo pasar por un traficante de narcóticos de alto escalón, y quien les pagó de inmediato en dinero en efectivo. Los cinco demandados que participaron en dicho embarque ya se han declarado culpables.

El cargo de conspiración lleva una pena máxima de cinco años de encarcelamiento y una multa de $250.000. Se prevé que trece de los demandados presentarán sus declaraciones de culpabilidad o inocencia en el tribunal federal de Tucson, a partir de las 2 P:M: (PDT) hoy, ante el Hon. Juez Charles R. Pyle. Se prevé que uno de los demandados realizará su declaración mañana, a las 10 A.M. (PDT), y que los dos demandados restantes presentarán sus declaraciones de culpabilidad o inocencia el 7 de septiembre a la 1 P.M. (PDT). Cada demandado ha acordado cooperar en esta acusación en curso.

Estos casos son parte de una investigación conjunta llevada a cabo por el Grupo de Trabajo contra la Corrupción del Sur de Arizona Southern Arizona Corruption Task Force (SACTF)], compuesta por el FBI, la Administración de Control de Drogas, la Coacción de Inmigración y Aduanas de EE.UU. [U.S. Immigrations and Customs Enforcement (ICI)] en el Departamento de Seguridad de la Patria, y el Departamento de Policía de Tucson. Si bien no forman parte del SACTF, la Guardia Nacional Aérea de Arizona, la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea, el Servicio de Investigación Penal de Defensa y la División de Investigaciones Penales de la Hacienda [Internal Revenue Service] también están participando en la investigación. La acusación de los casos está a cargo del Abogado Litigante Principal John W. Scott de la Sección de Integridad Pública de la División de lo Penal, Departamento de Justicia de EE.UU., encabezada por el Jefe de Sección Noel L. Hillman.

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