WASHINGTON – Dos ciudadanos colombianos que fueron extraditados de la República de Colombia esta semana comparecieron por primera vez ante el tribunal federal en Washington, D.C., por cargos de terrorismo y narcotráfico asociados a su supuesta participación en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (las FARC), una organización terrorista extranjera designada en Colombia.
José María Corredor-Ibague, 42, alias “Boyaco,” y Carolina Yanave-Rojas, 34, alias “Edilma Morales Loaiza,” alias “La Negra,” comparecieron ayer ante el tribunal federal del Distrito de Columbia después de haber sido extraditados a los Estados Unidos el martes. La audiencia de detención de ambos está programada para la 1:30 pm mañana, ante la Jueza Federal de Distrito Gladys Kessler.
Los demandados enfrentan cargos contenidos en dos acusaciones formales separadas emitidas en el Distrito de Columbia.
Una acusación formal de fecha 26 de octubre de 2006 acusa a Corredor-Ibague de un cargo de realizar narcotráfico con la intención de proveer algo de valor pecuniario a una organización terrorista, o narcoterrorismo. Corredor-Ibague fue la primera persona en el país a ser acusada formalmente bajo esta ley de narcoterrorismo, la cual se promulgó en marzo de 2006. También se acusa a Corredor-Ibague en la acusación formal de un cargo de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención de importar cocaína a los Estados Unidos. Si se le condena por ambos cargos, Corredor-Ibague enfrenta una sentencia que varía del mínimo obligatorio de 20 años a un máximo de prisión perpetua.
Entre otras cosas, se alega que Corredor-Ibague controló pistas de aterrizaje clandestinas en las selvas del sur de Colombia. Salieron de las pistas de aterrizaje de Corredor-Ibague pequeñas aeronaves con centenas de kilogramos de cocaína con destino a los Estados Unidos, México, Brasil y Europa. Se alega que Corredor-Ibague organizó estos embarques, fabricó y vendió la cocaína, cobrando un impuesto sobre los embarques de cocaína, el cual se pagaba a las FARC. Además, vuelos que llegaban llevaban pequeñas armas utilizadas por las FARC para sus fuerzas armadas.
Se acusa a Yanave-Rojas en la misma acusación formal de octubre de 2006 de un cargo de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención de importar la cocaína a los Estados Unidos. Si se le condena, enfrenta una sentencia que varía del mínimo obligatorio de 10 años a un máximo de prisión perpetua.
Una segunda acusación formal emitida el 30 de noviembre de 2006 acusa tanto a Corredor-Ibague como a Yanave-Rojas de tres cargos: conspiración para proveer apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera; proveer apoyo material o recursos a una organización terrorista, y auxiliar y amparar y hacer que se realice una acción.
Específicamente, esta acusación formal alega que, entre 2002 y 2006, Corredor-Ibague y Yanave-Rojas participaron en una conspiración para enviar de Colombia cocaína producida y controlada por las FARC a países vecinos, para su envío a los Estados Unidos. A cambio, se alega que los demandados proveyeron a las FARC armas del tipo asalto AK-47 y AR-15, municiones, moneda extranjera y equipos de comunicaciones sofisticados, incluidos teléfonos satélites y tarjetas SIM originadas en los Estados Unidos.
Si se les condena por los tres cargos de esta acusación formal, Corredor-Ibague y Yanave-Rojas enfrentan, cada uno, una sentencia máxima posible de 15 años en prisión.
Corredor-Ibague y Yanave-Rojas fueron arrestados por las autoridades colombianas el 15 de octubre de 2006. En diciembre de 2006, los Estados Unidos presentaron a la República de Colombia un pedido formal de extradición por los cargos contenidos en las dos acusaciones formales. El pedido de extradición fue aceptado por la Corte Suprema de Colombia, y luego por el Ministerio de Justicia colombiano y el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe.
La extradición de los demandados a principios de esta semana fue logrado a través de la labor de abogados de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal del Departamento de Justicia, los Agregados Judiciales de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, Colombia, y múltiples agencias de las fuerzas federales del orden público EE.UU.
La investigación que llevó a la acusación formal de octubre de 2006 estuvo encabezada por el Grupo de Casos Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas [Drug Enforcement Administration (DEA)]. Estarán a cargo del enjuiciamiento asociado a esta acusación formal abogados de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas [Narcotic and Dangerous Drug Section (NDDS)] de la División
Criminal del Departamento de Justicia.
La investigación que resultó en la acusación formal de noviembre de 2006 fue conducida por la Oficina Local de Miami de Servicios de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. [U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE)] del Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina Local del Sudeste del Servicio de Investigaciones
Criminales de Defensa [Defense Criminal Investigative Service (DCIS)] y la Oficina Local de Miami del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)]. Estarán a cargo de la acusación en esta acusación formal Fiscales Federales Auxiliares de la Fiscalía Federal para el Distrito de Columbia y abogados litigantes de la Sección de Contraterrorismo de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.
Se recuerda al público que una acusación formal es apenas un documento que notifica al demandado de los cargos presentados contra su persona. Se supone que todos los demandados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.
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