En 2000, los estudiantes de 12 a 18 años de edad fueron víctimas de aproximadamente 2 millones de delitos en la escuela, incluyendo alrededor de 128,000 delitos graves de violencia (incluso violación, agresión sexual, robo y actos de agresión con agravantes). En ese mismo año, casi el 29 por ciento de los estudiantes de los grados 9 a 12 informaron que alguien les había ofrecido, vendido o regalado una droga ilícita en la propiedad de la escuela. Aunque durante los últimos años ha disminuido la delincuencia global en las escuelas, la violencia, las pandillas y las drogas siguen presentes, lo cual indica que es necesario tomar mayor acción.

Conforme al Título IV de ESEA según la reautorización mediante la ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás, los estados tienen la obligación de establecer un sistema uniforme de gestión y notificación para reunir información sobre la seguridad y el uso de drogas en la escuela entre los jóvenes. Entre los datos recopilados, los estados deben incluir denuncias de incidentes presentadas por funcionarios de escuela y los resultados de encuestas anónimas a los estudiantes y maestros. Esa información debe hacerse pública de modo que los padres, los funcionarios de escuela y otras personas interesadas cuenten con información sobre cualquier incidente de violencia o consumo de drogas ilícitas en su escuela. Luego, podrán detectar problemas que existan en su escuela y hacer lo posible por encontrar soluciones. El control continuado y la notificación ayudarán a seguir el progreso con el tiempo.

El Título IV presta apoyo a programas de prevención de violencia en las escuelas y su entorno, prevención del consumo ilícito de alcohol, drogas y tabaco por parte de los jóvenes; y de promoción de un ambiente de aprendizaje seguro y sin drogas que propicie el buen desempeño académico. La mayor parte de los fondos se asigna a los estados los cuales, a su vez, conceden el dinero a los distritos para una amplia gama de programas de prevención de drogas y violencia. Estos programas deben responder a las necesidades tal y como éstas sean determinadas por datos objetivos y deben estar fundamentados en actividades de prevención con base científica. También, los programas tienen que incluir la participación de los padres. La eficacia de estos programas debe someterse a medición y evaluación en forma continuada.

Los padres de los estudiantes que han sido víctimas de delitos de violencia en la escuela o que asisten a "escuelas con peligros persistentes"--tal como éstas sean definidas por el estado--tendrán la opción de trasladar a su hijo a otra escuela, según se describe en la sección siguiente.