La Iniciativa de Acceso al Voto e Integridad de la Votación en curso del Departamento de Justicia fue establecida en octubre de 2002 como punta de lanza de la labor ampliada del Departamento en respuesta a los delitos electorales y las violaciones de derechos electorales.
La Iniciativa de Acceso al Voto e Integridad de la Votación incluye:
Capacitación anual. Los fiscales que cumplen la función de Oficiales Electorales de Distrito en las 94 Fiscalías Federales deben participar en conferencias anuales de capacitación patrocinadas por la Sección Electoral de la División de Derechos Civiles y la Sección de Integridad Pública de la División de lo Penal. Las conferencias incluyen presentaciones sobre el acceso al voto y la integridad de la votación realizadas por funcionarios de Derechos Civiles y fiscales superiores de la Sección de Integridad Pública y las Fiscalías Federales. Como resultado de estas conferencias, ha crecido en todo en todo el país el nivel de pericia del Departamento asociada al enjuiciamiento de delitos electorales y la coacción relacionada con los derechos electorales.
Coordinación estatal. Cada Fiscal Federal debe reunirse antes de las elecciones generales de noviembre con el Secretario de Estado u otra autoridad máxima electoral del estado, o el Secretario de Justicia del Estado, responsable por asuntos electorales en su distrito. La finalidad de estas reuniones es coordinar la investigaciones de asuntos delictivos relacionados con la jurisdicción federal/estatal conjunta, asegurar el cumplimiento del estado con las leyes federales de derechos electorales, y ayudar a evitar la interferencia en la administración de elecciones, función que la Constitución asigna principalmente a los estados. Además de estas reuniones previas a las elecciones, varios Fiscales Federales han establecido fuerzas de tarea con sus homólogos estatales para incrementar su eficacia en el tratamiento dado al fraude electoral y en impedir la discriminación en las elecciones.
Priorizar la coacción asociada a los delitos electorales. La iniciativa exige que todos los componentes del Departamento den alta prioridad a la investigación y enjuiciamiento de delitos electorales. Estos delitos incluyen tanto el fraude de voto, tal como la compra de votos y el fraude de voto ausente, y delitos de financiamiento de campaña, tales como las contribuciones a candidatos federales provenientes de fuentes prohibidas o a través de conductos que disimulen la fuente o la cantidad de la contribución. La Sección de Integridad Pública supervisa la labor nacional de asegurar que las investigaciones y cargos del Departamento asociados a delitos electorales tengan suficiente fundamento legal y de hechos, que no interfieran con una elección en curso, y que se mantenga una norma nacional en esta área crítica del cumplimiento de la ley penal.
COACCIÓN PENAL:
Como resultado de la iniciativa, la coacción asociada a los delitos electorales ha crecido significativamente en todo el país. Actualmente, existen 195 investigaciones pendientes en todo el país. Asimismo, desde que comenzó la iniciativa en 2002:
-Se abrieron más de 300 investigaciones de posibles delitos electorales, y se cerraron más de 125 asuntos asociados a delitos electorales después de su investigación.
-119 personas han sido acusadas de ofensas asociadas al fraude electoral y 86 personas han sido condenadas por dichos delitos.
-48 personas han sido acusadas de fraude de financiación de campaña y 42 personas han sido condenadas por dichos delitos.
Los siguientes casos ilustran algunos de los éxitos de coacción recientes del Departamento relacionados con delitos electorales:
-En Alabama, un jurado condenó al ex sheriff del Condado de Jefferson y su abogado por conspiración para defraudar a los Estados Unidos y robo de propiedad gubernamental en conexión con el uso de registros del Centro Nacional de Información sobre Delitos [National Crime Information Center (NCIC)] para la realización de búsquedas de antecedentes penales de electores ausentes para respaldar una disputa electoral.
-En Florida, en las primeras condenas por jurado asociadas a nuevos delitos de financiamiento de campaña aprobados por el Congreso en 2002, dos demandados fueron condenados por realizar contribuciones en nombre de terceros para congraciarse con autoridades federales, fraude telegráfico y lavado de dinero en conexión con un ardid de fraude de tierras. El demandado principal fue condenado a 10 años de prisión y restitución de más de 12 millones de dólares.
-En Kansas, un candidato parlamentario se declaró culpable de fraude bancario y de malversación de contribuciones para campañas y fue sentenciado a 15 meses de prisión.
-En New Hampshire, el ex Director Regional de Nueva Inglaterra del Comité Nacional Republicano fue condenado por un jurado por cargos de acoso telefónico en conexión con un ardid para evitar que electores pudieran llegar a los lugares de votación en las elecciones federales de noviembre de 2002, al obstruir las líneas telefónicas de organizaciones locales. Fue sentenciado a 10 meses de prisión y una multa de $10,000. Dos demandados adicionales, incluido el ex Director Ejecutivo del Comité Estatal Republicano de New Hampshire, se declararon culpables en conexión con el ardid, y un cuarto demandado ha sido encausado y será juzgado.
-En Kentucky, 12 personas fueron condenadas por compra de votos en elecciones federales recientes, y ocho personas más fueron acusadas formalmente de compra de votos la semana pasada.
-En Virginia Occidental, 15 personas fueron condenadas por compra de votos en elecciones recientes.
COACCIÓN POR LA DIVISIÓN DE DERECHOS CIVILES:
-Cobertura de elecciones. El año pasado, un año de elecciones no presidenciales, la División envió un total de 831 personas (191 funcionarios del Departamento de Justicia; 640 observadores de la Oficina de Administración de Personal [Office of Personnel Management (OPM)] para monitorizar 47 elecciones en 36 subdivisiones políticas en 14 estados. En comparación, durante el año de elección presidencial de 2000, se enviaron 743 personas (103 funcionarios del departamento; 640 observadores de la OPM) para monitorizar 46 elecciones en 31 subdivisiones políticas en 13 estados. Durante el año 2004 entero, la División envió un total de 1,996 personas (533 funcionarios del departamento; 1,463 observadores de la OPM) para monitorizar 163 elecciones en 105 subdivisiones políticas en 29 estados, o sea, mucho más del doble de los observadores utilizados en todo el año 2000.
-Secciones 203, 208 y 4(f)(4) de la Ley de Derechos Electorales. Desde 2001, la División de Derechos Civiles emprende la labor más enérgica de coacción asociada a la sección 203 de la historia de la Ley de Derechos Electorales, y ha entablado más demandas para proteger los derechos de los electores de acuerdo con las disposiciones de idiomas minoritarios que en los 26 años anteriores de historia de la Ley - más que en los cinco Gobiernos anteriores combinados. Durante este periodo, la División de Derechos Civiles entabló los primeros casos de la historia para proteger a electores filipinos (San Diego) y electores vietnamitas (San Diego), y negoció un acuerdo privado en el Condado de Harris, Texas, en nombre de electores vietnamitas. Desde 2002, la División también ha entablado cinco de las siete demandas de toda la historia de la Sección 208 de la Ley de Derechos Electores, la cual proporciona, en general, el derecho a un asistente de su elección a electores que requieran asistencia por motivos de ceguera, discapacidad o incapacidad de leer o escribir. La División también utilizó las secciones 2, 4(e) y 208 para proteger los derechos de electores haitianos (Miami-Dade, Fl.), electores árabes (Hamtramck, Mich.) y electores puertorriqueños (Condado de Berks, Pa.).
-Sección 2. Desde el comienzo de la iniciativa, la División de Derechos Civiles ha entablada seis demandas asociadas a la sección 2. Más recientemente, en julio de 2006, entabló una demanda contra Euclid, Ohio, bajo la sección 2, en la que alegaba que el sistema de subdivisión, en general mixto, para la elección del concejo municipal diluye la fuerza electoral de los ciudadanos afroestadounidenses. Y, en febrero de 2006, la División entabló una demanda, y el tribunal emitió un decreto por consentimiento, contra el Condado de Long, Ga., bajo la sección 2, con alegaciones de que oficiales electorales exigieron que 45 residentes hispanos, cuyo derecho al voto había sido disputado con base en que no eran ciudadanos de los Estados Unidos, se presentaran a una audiencia y probaran su ciudadanía, a pesar de que ningún hecho específico arrojaba dudas sobre su ciudadanía y a pesar de que no se les exigió lo mismo a no hispanos en situaciones similares.
-Ley Ayude a los Estados Unidos a Votar [Help America Vote Act (HAVA)]. Desde 2004, la División de Derechos Civiles ha entablado cinco demandas por incumplimiento de las exigencias de la Ley Ayude a los Estados Unidos a Votar, la cual exige procedimientos electorales uniformes y no discriminatorios para cargos federales. La División también ha obtenido cumplimiento voluntario y ha presentado amicus curiae en varios casos privados asociados a la HAVA para asegurar la interpretación uniforme de sus disposiciones.
-Ley Electoral de Ausentes para Ciudadanos Uniformados y Ciudadanos en el Extranjero [Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act (UOCAVA)]. Este año, la División resolvió problemas estructurales que hacía mucho tiempo que afectaban a los electores de la UOCAVA en Alabama, Carolina del Norte y Carolina del Sur, asociados a sus segundas elecciones, las cuales ocurrieron demasiado próximas a las primarias para permitir que los electores de la UOCAVA pudieran recibir y devolver papeletas para las segundas elecciones. La División también inició un litigio en 2004 contra Pensilvania y Georgia, y obtuvo mandatos judiciales que exigían cambios en los plazos para devolver las papeletas, para que los votos militares y del extranjero pudieran ser contados en las elecciones primarias de 2004 de cada estado.
-Ley Nacional de Registro de Electores [National Voter Registration Act (NVRA)]. Desde 2002, la División ha entablado juicios bajo la Ley Nacional de Registro de Electores, una ley diseñada para ampliar las oportunidades de registro para todos los ciudadanos y asegurar el mantenimiento adecuado de listas de registros de electores. Durante el mes pasado, la División presentó un decreto por consentimiento realizado con el Estado de Indiana, quien había omitido asegurarse de tener un programa uniforme de mantenimiento de listas generales que, en lo posible, eliminara de las listas a los electores que no reunieran los requisitos necesarios, de acuerdo con las exigencias y protecciones de la NVRA. El estado había admitido que tenía más de 29,000 registrados posiblemente fallecidos en las listas de registro del estado y casi 290,000 posibles duplicados de registros, ninguno de los cuales había sido retirado de la base de datos del registro del estado antes del decreto por consentimiento. Tanto en Indiana como en una demanda entablada contra Missouri a fines de 2005, numerosos condados contaban con listas de registros de electores que contenían más electores registrados para votar que personas en edad de votar en el condado.
Como indican los casos y acciones de coacción mencionados anteriormente, la Iniciativa de Acceso al Voto e Integridad de la Votación del Departamento es una labor equilibrada, diseñada para que el voto sea más fácil y la trampa tenga un precio más alto. A través de coacción enérgica asociada a las leyes de derechos electorales y delitos electorales, el Departamento seguirá haciendo valer los derechos electorales y leyes penales federales, de modo a asegurar que se proteja el derecho al voto y que aquellos que busquen diluir el peso de votos honestos a través de la corrupción sepan que el Departamento utilizará todos los recursos disponibles para llevarlos ante la justicia.
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