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Tres hombres son acusados de conspirar para cometer actos terroristas en el extranjero y proporcionar apoyo material a terroristas

WASHINGTON, D.C. - El Departamento de Justicia anunció el martes que tres hombres que residían en el área de Toledo, Ohio, han sido acusados de conspirar para cometer actos de terrorismo contra personas que estaban en el extranjero, entre ellas, personal militar de los EE.UU. sirviendo en Irak, y de conspirar para proporcionar apoyo material a terroristas.

La acusación formal de cinco cargos, emitida por un gran jurado federal en Cleveland, Ohio, la semana pasada y revelada el día de la fecha, nombra como acusados a: Mohammad Zaki Amawi, 26 años, con residencia previa en Toledo; Marwan Othman El-Hindi, 42 años, de Toledo; y Wassim I. Mazloum, 24 años, de Toledo. Los tres están acusados de conspirar, entre ellos y con otras personas, para matar o mutilar a personas que estaban en el extranjero, entre ellas, personal militar de los EE.UU. sirviendo en Irak, y de conspirar para proporcionar apoyo material a terroristas. Por su parte, Amawi también está acusado de distribuir información sobre explosivos y de dos cargos de realización de amenazas verbales contra el Presidente de los Estados Unidos.

Los tres acusados están actualmente detenidos y deben comparecer esta tarde ante los tribunales federales en Cleveland y Toledo. Amawi es ciudadano de los Estados Unidos y también de Jordania, El-Hindi es ciudadano de los Estados Unidos y Mazloum es un residente permanente legal.

Según la acusación formal, los tres acusados realizaron actividades para cumplir su objetivo común de librar el jihad violento, o "guerra santa", contra soldados americanos y aliados de la Coalición que se encuentran sirviendo en Irak. Entre estas actividades se encontraban el entrenamiento y el tiro al blanco, la instrucción sobre la construcción y el uso de explosivos – como dispositivos explosivos improvisados [Improvised Explosive Devices (IEDs)] y "chalecos para bombas suicidas" –, el reclutamiento de otras personas para que participaran en el entrenamiento de jihad, el intento de recaudar fondos para financiar el entrenamiento y apoyar las actividades de jihad violento, y el intento de adquirir y entregarles materiales – como explosivos y computadoras – a otras personas involucradas en el jihad violento en el Medio Oriente. La acusación formal alega que la conspiración comenzó antes de noviembre de 2004.

"Los individuos que conspiran para ayudar a terroristas desde dentro de nuestras fronteras amenazan la seguridad de todos los ciudadanos de los Estados Unidos", dijo el Secretario de Justicia de los Estados Unidos Alberto R. Gonzales. "Este caso sirve de recordatorio de la necesidad de vigilancia continua. Nos comprometemos a proteger a los ciudadanos de los Estados Unidos, aquí y en el exterior, especialmente a los hombres y mujeres valientes de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que están sirviendo a nuestro país y luchando valientemente para preservar la democracia y el imperio de la ley en Irak".

"Este caso demuestra que el terrorismo no tiene fronteras y que es esencial que todos nosotros, sin importar dónde vivamos, estemos alertas", dijo el fiscal federal Gregory A. White del Distrito Norte de Ohio. "Es gratificante saber que mediante las acciones de las fuerzas del orden público que se tomaron aquí, dentro de las fronteras de nuestro propio país, pudimos prevenir daños potenciales a los militares que sirven en el extranjero".

"Estos arrestos y estas acusaciones formales son ejemplos de cómo, mediante la estrecha cooperación con nuestros asociados y el desarrollo de nuestra capacidad de inteligencia, fuimos capaces de detectar la planificación de actos terroristas y prevenir actos terroristas antes de que ocurrieran", dijo el Director de la Oficina Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigations (FBI)], Robert S. Mueller, III.

Los tres acusados también enfrentan cargos de conspirar para brindar apoyo material, tales como dinero, capacitación, equipos de comunicaciones, computadoras y personal (incluidos ellos mismos) a coconspiradores no mencionados en el Medio Oriente, con pleno conocimiento de que los materiales serían utilizados en el jihad violento contra fuerzas militares de los EE.UU. y la Coalición en Irak y en otros lugares. Según la acusación formal, Amawi viajó a Jordania el 22 de agosto de 2005 con cinco laptops para entregárselas a coconspiradores. Esas computadoras nunca se entregaron.

Amawi supuestamente también bajó un video de un "portal de Internet de mujahideen" que ilustraba paso a paso la construcción y la utilización de un chaleco para bombas y luego lo copió en un disco y se lo dio a un individuo que les iba a brindar entrenamiento sobre jihad a los acusados. Ese individuo – identificado en la acusación formal como "el Entrenador" – ha cooperado desde el inicio de esta investigación y actúa en nombre del gobierno.

La acusación formal también alega que en octubre de 2004 y luego en marzo de 2005, Amawi realizó amenazas verbales de matar o causar daño corporal al Presidente de los Estados Unidos. La sentencia máxima del cargo de conspirar para matar o mutilar personas en un país extranjero es de 35 años de prisión o de cadena perpetua si la conspiración tiene el objetivo de matar. La sentencia máxima del segundo cargo de la acusación formal, el de conspiración para proporcionar apoyo material a terroristas, es de 15 años de prisión. La sentencia máxima del cargo de distribuir información sobre explosivos es de 20 años en prisión y cada uno de los cargos de realización de amenazas verbales contra el Presidente tiene una sentencia máxima de cinco años de prisión. Una acusación formal es solo un cargo y no es prueba de culpabilidad. El acusado tiene derecho a un juicio justo, en el cual estará a cargo del gobierno probar su culpabilidad más allá de la duda razonable.

El caso está siendo enjuiciado por el Fiscal Federal Auxiliar Thomas E. Getz de la Unidad de Terrorismo de la Oficina del Fiscal Federal en el Distrito Norte de Ohio, y el Fiscal General Adjunto Gregg N. Sofer de la Sección de Contraterrorismo de la División Criminal del Departamento de Justicia. La investigación fue realizada por la Oficina Federal de Investigaciones y la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo, de Toledo, Ohio, con la asistencia del Servicio Secreto de los Estados Unidos.

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