WASHINGTON – El Departamento de Justicia realizó hoy un acuerdo conciliatorio exigible judicialmente con el Commonwealth de Kentucky asociado a violaciones de derechos civiles en Las Comunidades de Oakwood (Oakwood), un centro para personas con discapacidades del desarrollo en Somerset, Ken. El acuerdo de cinco años de duración exige que el Commonwealth implemente reformas para asegurar que los residentes individuales del establecimiento cuenten con protección adecuada contra daños y se les provea apoyo y servicios adecuados. El acuerdo reemplaza y refuerza un acuerdo extrajudicial de 2004 entre el Departamento y el Commonwealth.
"Una de las prioridades del Departamento de Justicia es proteger los derechos civiles de todos los ciudadanos de los Estados Unidos, incluidas estas personas vulnerables institucionalizadas", dijo Wan J. Kim, Secretario de Justicia Auxiliar de la División de Derechos Civiles. "Las personas bajo el cuidado del Commonwealth tienen derecho a estar seguras y recibir tratamiento adecuado".
"Nos empeñamos constantemente en proteger a nuestros ciudadanos más vulnerables", dijo Amul R. Thapar, Fiscal Federal para el Distrito Este de Kentucky. "Este acuerdo constituye un paso muy positivo en dicha dirección".
El Departamento realizó una revisión del establecimiento después de haber realizado el acuerdo de 2004, y encontró que numerosas violaciones de derechos civiles seguían ocurriendo en Oakwood. Específicamente, el Departamento encontró que el establecimiento no cumple con proteger a las personas contra daños; deja de proporcionar apoyo y servicios adecuados a las personas, incluidos servicios de comportamiento, psicológicos y psiquiátricos, atención médica general y de enfermería, y terapia física y nutricional; y deja de asegurar una planificación de alta adecuada y la colocación adecuada en el ambiente más integrado y apropiado. Asimismo, el establecimiento recibió 22 citaciones en 2005 y 2006 de la Oficina del Inspector General para el Gabinete para Servicios Médicos y Familiares del propio Commonwealth, las cuales incluían muertes evitables, abuso sexual y dejar de tratar adecuadamente de los comportamientos inadecuados de los residentes. Asimismo, fiscales del Commonwealth han acusado penalmente a numerosos miembros del personal de Oakwood por abuso de residentes.
Dos incidentes graves ocurrieron en los últimos meses: uno en el cual cuatro miembros del personal fueron acusados de golpear a un residente con el palo de una escoba en varias ocasiones, y otro incidente en el cual cuatro miembros del personal fueron acusados de golpear a un residente, fracturando su nariz. Además, una ex empleada de Oakwood fue sentenciada a principios de este mes a dos años en prisión por arrastrar a una residente por el cuello de su blusa, pegarle con un zapato y golpearle la cabeza contra la pared.
Según los términos del acuerdo presentado hoy al tribunal, el Commonwealth implementará un plan correctivo para resolver todas las violaciones identificadas por el departamento, para cuya puesta en práctica se someterá a la supervisión del tribunal.
La División de Derechos Civiles condujo esta investigación de acuerdo con la Ley de Derechos Civiles de Personas Institucionalizadas de 1980 [Civil Rights of Institutionalized Persons Act of 1980 (CRIPA)]. Esta ley permite al gobierno federal identificar y erradicar abusos sistémicos, tales como los identificados en este caso, en lugar de concentrarse en violaciones individuales de los derechos civiles.
La División de Derechos Civiles ha resuelto investigaciones similares con éxito en otros establecimientos para personas con discapacidades del desarrollo en estados que incluyen a Connecticut, Indiana, Iowa, Louisiana, Nueva Jersey y Tennessee, y en el Distrito de Columbia y el Commonwealth de Puerto Rico. La División cuenta con investigaciones pendientes en establecimientos para personas con discapacidades del desarrollo en Arkansas, California, Missouri, Texas y Washington.
La labor de coacción del Departamento de Justicia para hacer cumplir la CRIPA va más allá de los establecimientos para personas con discapacidades del desarrollo. Desde 2001, el Departamento de Justicia ha iniciado 64 investigaciones similares de los términos y condiciones de internación en centros de enfermería residenciales, establecimientos de salud mental, residencias para personas con discapacidades del desarrollo, establecimientos de justicia juvenil, cárceles y prisiones.
Para obtener más información sobre la Sección de Litigación Especial de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, visite http://www.usdoj.gov/crt/split/index.html.
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