WASHINGTON – Pablo Rosario, ex agente de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. destinado en El Paso, Texas, fue sentenciado hoy en el tribunal federal de El Paso a 24 meses de prisión por violar los derechos civiles de dos extranjeros ilegales. Una vez cumplido el periodo de encarcelamiento, Rosario estará en libertad bajo supervisión federal por un año.
Rosario trabajó como agente de la Patrulla Fronteriza de 2000 a 2006. El 26 de julio de 2007, Rosario se declaró culpable de dos cargos de violación de los derechos civiles de dos extranjeras ilegales indocumentadas, una madre y su hija de 15 años de edad. Específicamente, Rosario admitió que aprehendió a las dos mujeres el 7 de marzo de 2004, y acarició los pechos y genitales de las víctimas durante un registro realizado en oportunidad de la detención. Después de las agresiones, Rosario dejó a las extranjeras libres sin procesarlas.
"Este demandado violó la confianza del público y cometió agresiones reprehensibles contra dos víctimas inocentes del sexo femenino", dijo Rena J. Comisac, Secretaria de Justicia Auxiliar Interina de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de EE.UU. "Este enjuiciamiento demuestra el compromiso del Departamento de Justicia de enjuiciar enérgicamente a funcionarios de las fuerzas del orden público que cometan abuso deliberado contra quienes se encuentren bajo su custodia", agregó Comisac.
La División de Derechos Civiles se empeña en hacer valer enérgicamente las leyes de derechos civiles de la nación. En los últimos siete años, la División ha condenado a casi un 50 por ciento más de demandados por conducta indebida bajo apariencia legal, o conducta indebida oficial que en los siete años años anteriores. La División sigue estableciendo records en la aplicación de la ley civil penal. El año pasado, la División condenó a 189 demandados por violaciones de los derechos civiles, lo cual constituye un record en la historia de 50 años de la División. El record del año pasado superó el record establecido en 2006.
Este caso fue investigado por el Buró Federal de Investigaciones y la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional. Estuvieron a cargo de la acusación en el caso el Fiscal Federal Auxiliar Russell Leachman y el Abogado Litigante James Felte de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.
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