La Oficina del Abogado de Indultos, en consulta con el Secretario de Justicia de los Estados Unidos o su delegado, asiste al Presidente en el ejercicio de la clemencia ejecutiva, según lo autorizado bajo el Artículo II, Sección 2, de la Constitución. De acuerdo a la Constitución, el poder de clemencia del Presidente se extiende solamente a delitos federales. Todos las peticiones de clemencia ejecutiva para delitos federales son dirigidas al Abogado de Indultos para su investigación y revisión. El Abogado de Indultos prepara la recomendación del Departamento al Presidente para la disposición final de cada solicitud. La clemencia ejecutiva puede tomar varias formas, incluidos el perdón, la conmutación de la sentencia, remisión de la multa o restitución, y la suspensión temporal de un castigo.