LA CASA BLANCA
Oficina del Vicepresidente

No debe publicarse o radiarse antes de las 3 p.m. (hora de verano del este) del martes, 25 de mayo de 1999

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EL VICEPRESIDENTE GORE TOMA UNA MEDIDA NUEVA
PARA ASEGURAR A LAS FAMILIAS EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD
Y OTRAS PRESTACIONES

Nuevo reglamento aclara que la utilización de Medicaid, CHIP u
otros beneficios no afectará a la condición legal de los inmigrantes

McAllen, Texas - El vicepresidente Gore anunció hoy un nuevo reglamento del Departamento de Justicia dirigido a asegurar a las familias de que la inscripción en Medicaid o en el nuevo Programa del Seguro Médico Infantil (Children’s Health Insurance Program, CHIP) y la utilización de otras prestaciones importantes, como los servicios de almuerzo escolar y guardería, no afectarán a su condición legal como inmigrantes.

La nueva política, que entrará en vigor inmediatamente, aclara un mal entendido generalizado que ha disuadido a mucha gente que tenía derecho a inscribirse en estos programas y ha socavado la salud pública del país. Además, el Vicepresidente dio instrucciones a los organismos federales de que envíen pautas a sus delegaciones y a los beneficiarios de sus programas, y que colaboren con las asociaciones comunitarias para informar a los estadounidenses acerca de esta nueva política.

"Este reglamento mejorará la salud de nuestras familias porque eliminará una confusión generalizada que impide que muchos inmigrantes legales se inscriban para el seguro de enfermedad, el almuerzo escolar, los servicios de guardería y otros programas esenciales", declaró el vicepresidente Gore.

LA CONFUSIÓN GENERALIZADA ACERCA DE LA POLÍTICA ACTUAL
DISUADE A MUCHOS INMIGRANTES LEGALES A SOLICITAR
BENEFICIOS VITALES A LOS QUE TIENEN DERECHO

Las recientes leyes de reforma de la inmigración y las prestaciones sociales han producido una confusión pública generalizada acerca de si los inmigrantes legales que reciben ciertas prestaciones financiadas con fondos públicos pueden ser considerados como "cargas públicas", lo que significaría que perderían el derecho a la residencia legal permanente y se expondrían a la deportación. Esta confusión y este miedo han disuadido a muchas familias de inmigrantes legales de inscribir a sus hijos en Medicaid y CHIP, y han evitado que algunos inmigrantes legales reciban inmunización y tratamiento contra enfermedades transmisibles, lo que pone en riesgo a toda la salud pública nacional. También reduce los ingresos de hospitales y otros proveedores de servicios médicos que atienden a esta población, aumentando así la asistencia que deben prestar sin remuneración. Un estudio del Urban Institute, realizado en 1998, demuestra que en el condado de Los Angeles el número de inmigrantes legales que solicitaban el seguro de enfermedad descendió en el 21% de enero de 1996 a enero de 1998, lo que indica que esos inmigrantes no aprovechan al máximo los programas disponibles en la actualidad a los que tienen derecho.

NUEVOS PASOS PARA ASEGURAR QUE LOS INMIGRANTES LEGALES PUEDAN ACCEDER SIN TEMOR A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y SOCIALES ESENCIALES

Este nuevo reglamento proporciona una guía clara y uniforme para evitar que el uso de los servicios médicos y otros servicios esenciales sea motivo para denegar la admisión en los Estados Unidos o la condición de residente legal permanente, o como razón para la deportación. Los inmigrantes legales aptos pueden percibir ahora los beneficios siguientes sin miedo a que peligre su condición con respecto a la inmigración:

• Seguro de enfermedad por Medicaid y CHIP. Se sabe que a ciertas personas se les ha dicho que la utilización de Medicaid o CHIP afectará negativamente a su condición de inmigrantes, lo que ha ocasionado una preocupación generalizada entre los inmigrantes acerca de si deben o no inscribirse en Medicaid o CHIP, incluso en los casos en los que el beneficiario es un menor ciudadano de los Estados Unidos. Este nuevo reglamento constituye un paso importante para eliminar esa preocupación, porque aclara que los inmigrantes legales que están habilitados para estos programas (con excepción de la institucionalización para la asistencia a largo plazo) no sufrirán consecuencias adversas en su condición con respecto a la inmigración.
• Servicios de inmunización, pruebas y tratamiento contra las enfermedades transmisibles. El servicio de salud pública llegó a la conclusión de que un brote de rubéola en Nueva York en 1997 se debió principalmente a que muchos no se habían vacunado por miedo a que la utilización de los servicios del Departamento de Salud afectara a su condición de inmigrantes. Este nuevo reglamento es un nuevo paso para la protección de la salud de todos los estadounidenses, porque garantiza que los inmigrantes legales puedan acceder sin miedo a las inmunizaciones, las pruebas y el tratamiento gratuitos contra las enfermedades transmisibles, como la rubéola o la tuberculosis.
• Los programas esenciales de nutrición. Este nuevo reglamento elimina las barreras supuestas que se interponen a la utilización de prestaciones vitales para la nutrición, entre ellas, las Estampillas de Alimentos, el Programa Especial de Nutrición Complementaria para Mujeres, Lactantes y Niños (WIC), los Programas Nacionales de Almuerzo y Desayuno Escolar y otros programas de asistencia alimentaria complementaria y de urgencia. El acceso a estas prestaciones es sumamente importante para los hijos de los inmigrantes legales. Unos estudios recientes realizados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la Oficina del Censo indican que las familias hispanas con hijos tienen una de las tasas más bajas de seguridad alimentaria (70 por ciento), lo que las pone en riesgo de desnutrición.
• Otros auxilios a las familias. Este reglamento también permite a los inmigrantes legales habilitados a acceder a auxilios sociales importantes para las familias trabajadoras, como los servicios de guardería, la asistencia para la vivienda, la asistencia para la energía, el socorro de urgencia en casos de desastre, la asistencia para la crianza y la adopción, los vales de transporte, la asistencia educativa y los programas de formación profesional, sin miedo a consecuencias adversas en su condición con respecto a la inmigración.

El Vicepresidente también dio instrucciones a todas los organismos federales que vigilan estos programas, entre ellos, el Departamento de Salud y Servicios Sociales, el Departamento de Agricultura, el Departamento de Justicia, la Administración del Seguro Social y el Departamento de Estado, a que orienten a sus delegaciones y a los beneficiarios de sus programas y a que colaboren con las asociaciones comunitarias para informar a los estadounidenses sobre esta nueva política.

COMPROMISO DECIDIDO DE LA ADMINISTRACIÓN CLINTON-GORE
PARA ASEGURAR A LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS
Y PROMOVER LA SALUD PÚBLICA

El nuevo reglamento que dio a conocer hoy el Vicepresidente forma parte de una amplia iniciativa de la Administración Clinton-Gore para ayudar a las familias a obtener asistencia médica, la cual incluye lo siguiente:

• Proporcionar seguro de enfermedad a los hijos de los inmigrantes legales, las embarazadas y los discapacitados. El proyecto de presupuesto de la Administración propone proporcionar seguro médico a los hijos de los inmigrantes legales de bajos ingresos y a las mujeres embarazadas que entraron en el país después del 22 de agosto de 1996, así como a los inmigrantes legales que entraron en el país después del 22 de agosto de 1996 y quedaron discapacitados después de su entrada en el país, lo que aseguraría la salud de más de 100.000 inmigrantes legales. Esta iniciativa parte del éxito de la Administración en restablecer el derecho a Medicaid, SSI y Estampillas de Alimentos a cientos de miles de inmigrantes legales, incluido el restablecimiento de las prestaciones por discapacitación y enfermedad para 380.000 inmigrantes legales según la Ley del Presupuesto Equilibrado y la concesión de Estampillas de Alimentos a 225.000 hijos de inmigrantes legales, personas mayores y discapacitados, según la Ley de Investigación Agrícola de 1998.
• Inicio del Programa del Seguro Médico Infantil (CHIP). El Presidente, con el apoyo en el Congreso de los dos partidos, ha fundado el CHIP, que asigna $24.000 millones durante un periodo de cinco años para llevar el seguro de enfermedad a los niños no asegurados, mediante programas formulados por los estados. También lanzó la Campaña Insure Kids Now (Asegurar a los Niños Ya), que se vale de una coalición entre el sector público y el privado, bipartidista y de amplia base, para emplear toda una serie de medios con el fin de educar y ayudar a las familias a asegurar a sus hijos. Esta campaña está ideada concretamente para las poblaciones minoritarias y promueve servicios de extensión a los niños en marcos que no son los más corrientes, como las iglesias y los centros de la comunidad, pero donde se encuentran con frecuencia los hijos de los inmigrantes legales.