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Mayores capacidades en los países de América del Norte para detectar y prevenir
el tráfico ilícito de sustancias agotadoras de la capa de ozono

El término “tráfico ilegal” por lo general se asocia con el comercio ilícito de drogas o armas, pero resulta difícil imaginar que también ocurre con cilindros y envases metálicos que contienen sustancias químicas capaces de destruir moléculas que se encuentran en la atmósfera, a más de diez kilómetros de nuestros campos y ciudades.

En efecto, el tráfico ilícito de las llamadas “sustancias agotadoras de la capa de ozono” (SAO) entraña una gran amenaza, no sólo por el hecho de que quien las trafica está incumpliendo con las leyes y los reglamentos en vigor, sino sobre todo porque tales sustancias destruyen la capa de ozono estratosférico que protege la superficie terrestre
de los dañinos rayos ultravioleta (UV) del sol.[+]

La excesiva exposición a la radiación solar representa un peligro para la salud de todos los seres vivos y los ecosistemas. En los humanos, por ejemplo, los rayos UV pueden provocar cáncer de piel, así como debilitar el sistema inmunológico y propiciar la formación de cataratas en los ojos al igual que otros problemas de la vista. En cuanto a las repercusiones en el medio ambiente, una mayor intensidad en la radiación solar puede dar lugar a una reducción en la calidad y cantidad de los cultivos, además de afectar los primeros eslabones de las cadenas alimentarias y, por ende, la red trófica en su totalidad. Significa, igualmente, un mayor calentamiento de nuestro planeta, con los consecuentes efectos adversos del cambio climático en las regiones árticas y tropicales.

A fin de reducir gradualmente hasta eliminar por completo el uso de SAO, los gobiernos
de la mayoría de las naciones negociaron y ratificaron el Protocolo de Montreal, acuerdo multilateral sobre el medio ambiente que ha demostrado ser uno de los instrumentos más efectivos de su género, a juzgar por los esfuerzos desplegados y el compromiso de las Partes signatarias (a la fecha, 193) con el cumplimiento de sus objetivos.

Sin embargo, en el tráfico ilegal de estas sustancias, la ignorancia es el mejor cómplice de los contrabandistas que logran burlar a las autoridades aduanales en los puntos fronterizos, ya sea porque evaden ser revisados o bien porque utilizan etiquetas falsas e intercambian o alteran envases para ocultar cargamentos ilícitos, simulando su contenido y haciéndolos parecer legales cuando en realidad no lo son. De ahí que la capacitación de inspectores y funcionarios responsables de la revisión en aduanas y puntos fronterizos revista la mayor importancia.

Al respecto, las Partes que integran la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA)
—Canadá, Estados Unidos y México— acordaron diseñar y poner a disposición de autoridades ambientales y aduanales en aduanas y cruces fronterizos, un curso de capacitación que contribuye al combate de esta actividad ilegal que, según algunos cálculos, a mediados de la década de 1990 llegó a representar alrededor de 20 por ciento de la producción mundial de SAO.

De acuerdo con las disposiciones del Protocolo de Montreal, a partir del 1 de enero de 2010 ningún país firmante de dicho instrumento deberá utilizar clorofluorocarbonos (CFC), que figuran entre las principales sustancias agotadoras de la capa de ozono. No obstante, puesto que resulta más sencillo traficar un cilindro de gas que adecuar todo un equipo y hacerlo más eficiente, es muy probable que para tal fecha se registre un notable incremento en el tráfico ilícito de estas sustancias. Basta un ejemplo: el refrigerante de un sistema de aire acondicionado que utiliza CFC 12 —gas que contribuye al agotamiento de la capa de ozono— puede remplazarse a un costo de apenas 30 dólares en el mercado negro, en tanto que procurar un equipo nuevo que utilice CFC podría costar hasta 300 dólares, es decir, diez veces más. ¡Semejante situación rebasa toda lógica!

Por todo lo anterior, la CCA lanza un llamado a las dependencias responsables de aplicar la legislación ambiental y encargadas de vigilar las aduanas y puntos fronterizos en los tres países para reforzar el combate al tráfico ilegal de SAO.

Con el propósito de dar a conocer los principales modi operandi que los contrabandistas suelen utilizar, el curso realizado por la CCA constituye un modelo de capacitación aplicable a escala global. El propio Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) traducirá y adaptará sus contenidos al idioma ruso, para capacitar a inspectores en la región de Asia Central.

En la actualidad, China, India y Venezuela destacan entre los países que todavía producen CFC. México puso fin a su producción en septiembre de 2005, adelantándose así cinco años en sus compromisos conforme al Protocolo de Montreal. Canadá y Estados Unidos, por su parte, dejaron de producir tales sustancias en 1995.

Felipe Adrián Vázquez Gálvez

Políticas y normatividad sobre SAO

Este módulo es para todas aquellas personas interesadas en la naturaleza de las SAO y en las políticas y la normatividad que rigen su control.



 

 

Agradecimientos [+]

Esta capacitación fue elaborada por el Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), organismo que se estableció en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para abordar los problemas ambientales de América del Norte desde una perspectiva regional, con interés particular en los que surgen en el contexto del libre comercio.

El Secretariado expresa su agradecimiento al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y a los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México, cuyo material de capacitación sirvió como base para este trabajo. Expresa también un agradecimiento para los diversos empleados del ministerio de Medio Ambiente de Canadá (Environment Canada), la Agencia Canadiense de Aduanas y Administración Tributaria (Customs Canada), la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (US Environmental Protection Agency, EPA), el Buró de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (US Customs and Border Protection, CBP), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México (Profepa), la Administración General de Aduanas de México (Aduana México) y, de nuevo, el PNUMA por sus revisiones y comentarios, que ayudaron a la conclusión de este proyecto piloto.