WASHINGTON – El ex comandante de policía de Chicago Jon Burge fue arrestado hoy en su casa en la Florida por cargos federales de obstrucción de la justicia y perjurio por alegatos de que mintió sobre su participación y la de otros agentes bajo sus órdenes en actos de tortura y abuso físico de sospechosos en custodia policial en la década de 1980. Burge fue acusado por dos cargos de obstrucción de la justicia y un cargo de perjurio en una acusación formal de tres cargos que fue emitida sellada por un gran jurado federal el jueves 16 de octubre de 2008 y revelada luego de su arresto.
La acusación formal fue anunciada conjuntamente por Grace Chung Becker, Secretaria de Justicia Auxiliar Interina de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los EE.UU., Patrick J. Fitzgerald, Fiscal Federal para el Distrito Norte de Illinois y Robert D. Grant, Agente Especial a Cargo de la Oficina en Chicago del Buró Federal de Investigaciones.
La acusación formal de hoy alega que Burge mintió e impidió procesos judiciales en noviembre de 2003 cuando brindó respuestas por escrito a preguntas, conocidas como interrogatorios, en un juicio civil en que se alegaba que él y terceros torturaron y abusaron a personas bajo su custodia.
"En todo nuestro país, nuestros excelentes agentes de las fuerzas del orden público hacen sacrificios todos los días en pos de la justicia", dijo la Secretaria de Justicia Auxiliar Interina Becker. "Es imperativo que tratemos con la mayor seriedad estos cargos, pero que también tengamos en cuenta que no reflejan la conducta de la gran mayoría de los agentes de las fuerzas del orden público".
"En las comisarías, no hay lugar para la tortura y el abuso. Y no hay lugar para el perjurio y las declaraciones falsas en los juicios federales", dijo el Fiscal Federal Fitzgerald. "Nadie está por encima de la ley y nadie – ni siquiera un sospechoso de asesinato – está por debajo de su protección. Los alegatos de conducta delictiva por parte del demandado Burge minan los principios básicos de nuestro sistema de justicia criminal".
"Todos los días, agentes de la policía de Chicago cumplen con los deberes que juraron respetar con gran destreza, valentía e integridad", dijo el Agente Especial a Cargo Grant. "A veces lo hacen tomando grandes riesgos, como lamentablemente hemos tenido que recordar en las últimas semanas y meses. Pero los agentes de policía tienen un deber especial subrayado por el anuncio de hoy. Los agentes de policía no sirven al público como jueces y jurados, y tienen una responsabilidad especial de cuidar a quienes tienen bajo custodia, sin importar sus supuestos delitos. El anuncio de hoy proyecta un manto de vergüenza en la carrera del comandante retirado Jon Burge. Estos cargos no borrarán el dolor que existe dentro de nuestra comunidad en Chicago, pero quizás pueda ayudar a comenzar el proceso de sanación".
Se espera que Burge, 60, de Apollo Beach, Fla. haga su aparición inicial hoy en un tribunal federal en Tampa. Todavía no se ha fijado una fecha para que aparezca en el Tribunal Federal de Distrito en Chicago, donde será enjuiciado.
Según la acusación formal, Burge fue un agente de policía de Chicago desde 1970 hasta 1993. Trabajó en diversas jurisdicciones en toda la ciudad, como detective entre 1972 y 1974, sargento desde 1977 hasta 1980, y como teniente dirigiendo a detectives que trabajaban en la unidad de delitos violentos del área Dos aproximadamente desde 1981 hasta 1986. Posteriormente, fue comandante de la Unidad de Bombas e Incendios Intencionales y, luego, comandante de detectives del área Tres. Burge fue suspendido por el Departamento de Policía de Chicago en 1991 y despedido en 1993.
La acusación formal alega que durante la época en que Burge trabajaba en el área Dos, estuvo presente en una o más oportunidades en la tortura y el abuso físico de personas en custodia policial y a veces participó en estos actos. Además se alega que durante la época en que trabajó como teniente supervisor de detectives de delitos violentos del área Dos, Burge sabía que detectives bajo su supervisión realizaron actos de tortura y abuso físico de personas bajo su custodia en una o más oportunidades.
Normas del Departamento de Policía de Chicago, así como también leyes estatales y federales, prohíben la tortura, el abuso físico y otras instancias de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la policía.
Desde 1991, una serie de demandas por brutalidad policial se han entablado alegando que Burge y otros detectives y agentes de la policía bajo sus órdenes participaron en actos de tortura y abuso de sospechosos. Un caso de este tipo, Hobley contra Burge, et al., presentado en 2003 en el Tribunal Federal de Distrito en Chicago, alegó que el demandante Madison Hobley fue torturado y abusado por agentes de policía en la sede del área Dos en enero de 1987 para obligarlo a confesar. La demanda incluyó un alegato de que agentes de la policía habían colocado una bolsa de plástico sobre la cabeza de Hobley hasta que perdió el conocimiento.
La demanda de Hobley alegó que Burge tenía conciencia de la existencia de un patrón de tortura y abuso en la sede de policía del área Dos. Sin embargo, la acusación formal no alega que Hobley haya sido torturado o abusado.
Durante el proceso de exhibición de pruebas en el litigio civil, los abogados de Hobley entregaron interrogatorios escritos a Burge. Las respuestas por escrito de Burge son la base de los cargos de hoy, que alegan que Burge obstruyó, influenció e impidió corruptamente un proceso oficial al firmar respuestas que contenían declaraciones falsas en respuesta a dos interrogatorios en el litigio Hobley.
De ser condenado, Burge enfrenta una pena máxima legal de 20 años de prisión por cada cargo de obstrucción de la justicia, cinco años por perjurio y una multa de 250,000 dólares por cada cargo.
La investigación sigue en curso. Una acusación formal solo contiene cargos y no es prueba de culpabilidad. Se supone que un demandado es inocente y el mismo tiene derecho a un juicio justo, en el que el gobierno debe probar su culpabilidad más allá de la duda razonable. Están a cargo de la acusación en el caso los Fiscales Federales Auxiliares Jeff Cramer, Barry Miller y Sergio Acosta, y la Abogada Litigante de la División de Derechos Civiles Betsy Biffl.
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