WASHINGTON – La doctora de Miami Ana Álvarez-Jacinto, 54, y la enfermera Sandra Mateos, 43, fueron halladas culpables hoy por su papel en un ardid de fraude asociado a infusiones para el tratamiento del VIH/SIDA de 11 millones de dólares, anunció el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Matthew Friedrich de la División de lo Penal.
Después de un juicio de una semana en Miami, Álvarez-Jacinto fue condenada por un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, para presentar reclamos falsos y pagar comisiones ilícitas asociadas a la atención médica; un cargo de conspiración para cometer fraude de atención médica; y tres cargos de presentación de reclamos falsos al programa Medicare. Mateos fue condenada por los dos cargos de conspiración.
Evidencia presentada en el juicio estableció que ambas demandadas trabajaban en Saint Jude Rehab Center Inc. (St. Jude), una clínica que alegaba especializarse en tratar a pacientes con VIH/SIDA. St. Jude era operada y propiedad de los fugitivos acusados Carlos Benítez y Luis Benítez, y administrada por las coconspiradoras condenadas Aisa Pereira y Mariela Rodríguez.
Evidencia presentada en el juicio probó que entre junio y noviembre de 2003, Álvarez-Jacinto, con asistencia de Mateos, solicitó cientos de tratamientos de infusión por VIH médicamente innecesarios en la clínica. Evidencia presentada durante el juicio también estableció que pacientes de Medicare VIH positivos eran llevados a la clínica por Carlos y Luis Benítez con el propósito de obtener pagos en efectivo a cambio de permitir a la clínica facturar tratamientos innecesarios. Testimonios dados durante el juicio revelaron que la demandada Mateos y otros coconspiradores pagaron a los pacientes comisiones ilícitas en efectivo de aproximadamente 150 dólares por visita. Después de recibir su pago, los pacientes aceptaban permitir que Álvarez-Jacinto y sus coconspiradores prescribieran y a veces administraran tratamientos de infusión innecesarios. Según testimonios dados durante el juicio, St. Jude facturó aproximadamente 11 millones de dólares a Medicare por los servicios innecesarios. Por esos reclamos, Medicare pagó más de 8 millones de dólares a St. Jude.
Pereira y Rodríguez fueron acusadas previamente en un tribunal federal de distrito en Miami de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, causar la presentación de reclamos falsos, pagar comisiones ilícitas asociadas a la atención médica y conspirar para cometer fraude de atención médica. Además, Rodríguez y Pereira fueron acusadas de cuatro cargos de presentar reclamos falsos al programa Medicare. El 10 de julio de 2008, Pereira fue condenada a 30 meses de prisión por sus delitos. Rodríguez aguarda la emisión de su sentencia.
Los fugitivos Carlos Benítez, Luis Benítez y José Benítez fueron acusados formalmente el 11 de junio de 2008 por su papel en un ardid de infusiones para VIH y lavado de dinero que superó los 100 millones de dólares en reclamos presentados por St. Jude y otras clínicas. La acusación formal alega que Carlos, Luis y José Benítez fueron los autores intelectuales de un fraude a gran escala de infusión para VIH en todo el sur de Florida en el que participaron al menos 11 clínicas, entre ellas St. Jude, y que lavaron las ganancias de sus delitos. Los tres hermanos Benítez siguen fugitivos.
Este caso fue enjuiciado por el Abogado Litigante Principal Charles E. Duross y los Abogados Litigantes John K. Neal y Laura Perkins de la Sección de Fraude de la División de lo Penal e investigado por el Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
El caso fue entablado por la Fuerza de Ataque al Fraude contra Medicare [Medicare Fraud Strike Force (MFSF)] La MFSF es un equipo multiagencia de fiscales y agentes federales, estatales y locales, diseñado para combatir el fraude contra Medicare. Las operaciones de la Fuerza de Ataque comenzaron en la zona de Miami el 1 de marzo de 2007. La MFSF está encabezada por el Jefe Adjunto Kirk Ogrosky de la Sección de Fraude de la División de lo Penal en Washington D.C., y la oficina del Fiscal Federal R. Alexander Acosta del Distrito Sur de Florida. Desde la creación de la MFSF en 2007, fiscales federales han emitido acusaciones formales en 104 casos con 184 demandados, tanto en Los ángeles como en Miami. En conjunto, estos demandados facturaron fraudulentamente al programa Medicare más de 500 millones de dólares.
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