WASHINGTON – Jorge De Castro Font, 45, un senador en el Estado de Puerto Rico, fue acusado formalmente hoy por un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico por su participación en un ardid que privó al pueblo de Puerto Rico de sus servicios honestos, conspiración para cometer extorsión a través del temor al perjuicio económico y bajo apariencia de derecho oficial, numerosos actos de soborno y dos conspiraciones de lavado de dinero, anunciaron el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Matthew Friedrich de la División de lo Penal y la Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico Rosa Emilia Rodríguez-Vélez.
Alberto Goachet, 67, un consultor político y asistente de De Castro Font, también fue acusado en el ardid de servicios honestos y una de las conspiraciones de lavado de dinero. Además, Goachet fue acusado de un cargo de realización de declaraciones falsas al Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] en el curso de su investigación de los supuestos delitos.
La acusación formal compuesta por 32 cargos alega que, a partir de cuando era miembro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y a lo largo de su función como senador, De Castro Font solicitó diversos tipos de pagos ilegales a numerosos empresarios puertorriqueños y extranjeros y cabilderos con intereses comerciales ante el Senado o gobierno de Puerto Rico, a cambio de sus actos oficiales y a fin de evitar su actuación contra sus intereses. Por ejemplo, la acusación formal alega que De Castro Font solicitó a diversas personas que le realizaran pagos mensuales en dinero en efectivo, fondos que utilizó para pagar una serie de cuentas personales, incluidos los servicios públicos de su domicilio, tarjetas de crédito de tiendas, una cuenta de corretaje de lotería permanente y otros gastos personales. En otras instancias, se alega que hizo que empresarios le pagaran sus gastos de campaña publicitaria a través de un ardid en el cual las empresas de medios de comunicación proveyeron facturas falsas, supuestamente para servicios de buena fe prestados a los pagadores. En realidad, la acusación formal alega que las facturas falsas tenían el propósito de ocultar pagos de terceros realizados para cubrir los gastos de la campaña publicitaria de De Castro Font.
Asimismo, la acusación formal alega diversas instancias en las que algunos empresarios intentaron interrumpir los pagos a De Castro Font o se atrasaron en realizar los pagos ilegales, y, como respuesta, se alega que De Castro Font instruyó a un asistente u operativo político que enviara mensajes explícitos o implícitos de que habría un precio que pagar por dejar de prestar apoyo financiero a De Castro Font.
En numerosas instancias, de acuerdo con la acusación formal, De Castro Font realizó solicitudes de pagos ilegales, ya sea personalmente o a través de intermediarios, al mismo tiempo o a días de discutir su asistencia oficial o consideración sobre asuntos legislativos específicos que afectaban los interesas comerciales de las personas. Por ejemplo, la acusación formal alega que De Castro Font solicitó que un empresario con intereses ante el Senado de Puerto Rico pagara la mitad del sueldo de la hermana de De Castro Font en una empresa publicitaria, mientras que De Castro Font prevenía simultáneamente un voto en un proyecto de ley que hubiera perjudicado los intereses comerciales de dicho empresario.
Durante su función en el Senado de Puerto Rico, se alega que De Castro Font recibió aproximadamente entre 500,000 y 525,000 dólares en efectivo y pagos de facturas del ardid extorsionador. La acusación formal alega que De Castro Font ocultó los pagos al nunca revelar los pagos asociados a diversos ardides con precisión, ya sea al no revelarlos en absoluto o revelarlos falsamente, en cualquier formulario de revelación ética o de campaña o en sus declaraciones de impuestos en Puerto Rico.
La acusación formal también alega que, en agosto de 2008, el FBI le preguntó a Goachet sobre uno de los ardides de lavado de dinero, en el cual se le pidió a un empresario que proveyera dinero en efectivo a De Castro Font a través del uso de facturas falsas a la compañía del empresario emitidas por una empresa perteneciente a Goachet, a cambio de actos oficiales efectuados por De Castro Font. De acuerdo con la acusación formal, Goachet alegó falsamente al FBI que las facturas eran facturas legítimas por servicios prestados al empresario y negó que el dinero estuviera destinado a De Castro Font, cuando, de hecho, se alega que Goachet sabía que las facturas eran fraudulentas y que el dinero era para De Castro Font.
Una acusación formal es una acusación de conducta criminal, no una prueba. El demandado se presume inocente, a menos que se le condene por el proceso debido legal.
Si se le condena por todos los cargos, los demandados pueden enfrentar hasta las siguientes sentencias máximas: fraude telegráfico de servicios honestos, 20 años en prisión y una multa de 250,000 dólares; extorsión, 20 años en prisión y una multa de 250,000 dólares; recibo de un soborno, 10 años en prisión y una multa de 250,000 dólares; lavado de dinero, 20 años en prisión y una multa de 500,000 dólares; realización de declaraciones falsas, cinco años en prisión y una multa de 250,000 dólares.
Están a cargo de la acusación en el caso la consejera Especial del Fiscal Federal Jacqueline Novas y los Fiscales Federales Auxiliares Ernesto López y Timothy R. Henwood del Distrito de Puerto Rico, así como Daniel A. Schwager, Ethan H. Levisohn y Peter M. Koski de la Sección de Integridad Pública de la División de lo Penal. La Sección de Integridad Pública está encabezada por el Jefe William M. Welch II. Este caso fue investigado por la Oficina Local de San Juan del FBI.
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