WASHINGTON – Tres médicos del área de Miami y seis otros fueron acusados en cuatro acusaciones formales separadas por sus papeles en ardides de fraude de infusión para el VIH por un total de 56 millones de dólares, anunciaron hoy la División de lo Penal del Departamento de Justicia y la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida.
Una acusación formal alega que, entre agosto de 2002 y marzo de 2004, el Dr. Ronald Harris, 57, y Enrique González, 62, conspiraron para presentar aproximadamente 24.5 millones de dólares en reclamos falsos y fraudulentos al programa Medicare por servicios de infusión para el VIH supuestamente proporcionados en Physicians Med-Care y Physicians Health Med-Care, clínicas de infusión para el VIH supuestamente controladas por Harris y González. Las clínicas de infusión atienden a pacientes de VIH, suministrándoles medicamentos recetados por vía intravenosa. Como parte del ardid, González causó el pago de comisiones ilícitas en dinero en efectivo a beneficiarios de Medicare, a cambio de que los pacientes firmaran documentos en los que declaraban haber recibido los tratamientos facturados a Medicare, cuando dichos tratamientos no fueron provistos o no eran médicamente necesarios. Harris trabajaba como médico en Physicians Med-Care y Physicians Health Med-Care y pedía las pruebas innecesarias, firmaba formularios médicos y autorizaba tratamientos para aparentar la provisión de servicios médicamente legítimos a beneficiarios de Medicare, cuando, en realidad, los servicios no eran provistos o no eran médicamente necesarios. La acusación formal también alega que Harris y González lavaron el producto de sus delitos, al enviar el producto a una supuesta compañía médica que, en realidad, pertenecía a y era controlada por Harris, González y sus coconspiradores.
Harris y González fueron acusados de un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, causar la presentación de reclamos falsos al programa Medicare, y pagar comisiones ilícitas asociadas a la atención médica; un cargo de conspiración para cometer fraude de atención médica; y un cargo de conspiración para lavar el producto de sus delitos. Harris también fue acusado de tres cargos de presentación de reclamos falsos al programa Medicare y dos cargos de lavado de dinero. González fue acusado de tres cargos de lavado de dinero y un cargo de realización de declaración falsa a agentes de los Estados Unidos. Además, la acusación formal pide la confiscación de los activos de Harris y González. Si se los condena, Harris y González enfrentan cada uno una sentencia máxima de 60 años en prisión.
Una acusación formal separada alega que, entre mayo de 2003 y enero de 2004, Juan Carlos Castañeda, 47, Dilcia Marinez, 56, y Luis Frías, 60, conspiraron para presentar aproximadamente 14 millones de dólares en reclamos falsos y fraudulentos al programa Medicare por servicios de infusión para VIH supuestamente provistos en G&S Medical Center, una clínica de infusión administrada por Castañeda, Marinez y Frías. Como parte del ardid, se alega que Castañeda, Marinez y Frías contrataron a médicos y asistentes de médicos para que trabajaran en G&S Medical, para que pareciera que servicios de infusión para VIH legítimos estaban siendo prestados y contrataron a un asistente de médico para capacitar a los médicos y dar la impresión de que se proveían servicios médicos legítimos y adecuados. Castañeda, Marinez y Frías pagaban comisiones ilícitas a beneficiarios de Medicare, a cambio de la firma de los pacientes en documentos en los que declaraban que habían recibido los tratamientos facturados a Medicare. Dichos tratamientos no eran provistos o eran médicamente innecesarios. La acusación formal también alega que Castañeda, Marinez y Frías lavaron el producto de sus delitos al enviar los fondos a compañías administradoras y de marketing ficticias pertenecientes a y controladas por sus coconspiradores y al enviar el producto a compañías propias que ellos mismos controlaban. Asimismo, la acusación formal alega que Castañeda y Marinez estructuraron transacciones financieras por menos de $10,000 para evitar exigencias de declaración financiera.
Castañeda, Marinez y Frías fueron acusados de un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, causar la presentación de reclamos falsos al programa Medicare, y pagar comisiones ilícitas asociadas a la atención médica; un cargo de conspiración para cometer fraude de atención médica; y un cargo de conspiración para lavar el producto de sus delitos. Además, Marinez fue acusada de cinco cargos de lavado de dinero, Frías de tres cargos de lavado de dinero y Castañeda de dos cargos de lavado de dinero. Asimismo, Castañeda y Marinez fueron cada uno acusado de tres cargos de estructurar transacciones de moneda con fines de evadir exigencias de declaración. Si se los condena, Castañeda enfrenta un máximo de 90 años en prisión, Marinez enfrenta un máximo de 140 años en prisión y Frías enfrenta un máximo de 85 años en prisión.
En otra acusación formal asociada a un ardid similar, se alega que José García, 53, y Nayda Freire, 60, conspiraron, entre abril de 2003 y noviembre de 2003, para presentar aproximadamente 10.9 millones de dólares en reclamos falsos y fraudulentos al programa Medicare por servicios de infusión para VIH supuestamente proporcionados en Global Med-Care Corp., una clínica de infusión para el VIH administrada por García y Freire. Como parte del ardid, se alega que García, Freire y sus coconspiradores contrataron a médicos y asistentes de médicos para que trabajaran en Global Med-Care, para que pareciera que servicios de infusión para VIH legítimos estaban siendo prestados y contrataron a un asistente de médico para capacitar a los médicos y dar la impresión de que se proveían servicios médicos legítimos y adecuados. Luego, causaban el pago de comisiones ilícitas en dinero en efectivo a beneficiarios que firmaran documentos declarando que habían recibido los tratamientos no existentes y médicamente innecesarios. La acusación formal también alega que García y Freire lavaron el producto de sus delitos, al enviar el producto a empresas administradoras y de marketing falsas pertenecientes a y controladas por sus coconspiradores.
García y Freire fueron acusados de un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, causar la presentación de reclamos falsos al programa Medicare, y pagar comisiones ilícitas asociadas a la atención médica; un cargo de conspiración para cometer fraude de atención médica; y un cargo de conspiración para lavar el producto de sus delitos. García también fue acusado de cuatro cargos de presentación de reclamos falsos al programa Medicare. Si se lo condena por todos los cargos, García enfrenta un máximo de 85 años en prisión. Freire enfrenta una sentencia máxima de 65 años de prisión si se lo condena por todos los cargos.
Otra acusación formal separada alega que, entre noviembre de 2002 y abril de 2004, el Dr. Carlos Contreras, 60, y el Dr. Ramón Pichardo, 58, conspiraron para presentar aproximadamente 6.8 millones de dólares en reclamos falsos y fraudulentos al programa Medicare por servicios de infusión para el VIH supuestamente proporcionados en C.N.C. Medical Corp., una clínica de infusión para el VIH en la cual tanto Contreras como Pichardo eran médicos. Como parte del ardid, Contreras, Pichardo y sus coconspiradores causaban la emisión de pedidos de pruebas innecesarias, que se firmaran formularios médicos y se autorizaran tratamientos para aparentar que se proveían servicios de infusión para el VIH legítimos en C.N.C. Medical. Luego, causaban el pago de comisiones ilícitas en dinero en efectivo a beneficiarios de Medicare, a cambio de que los pacientes firmaran documentos en los que declaraban haber recibido los tratamientos facturados a Medicare, cuando dichos tratamientos no fueron provistos o no eran médicamente necesarios. La acusación formal también alega que Contreras y Pichardo lavaron el producto de sus delitos al enviar los fondos a compañías administradoras y de marketing ficticias pertenecientes a y controladas por sus coconspiradores y al enviar el producto a una compañía que pertenecía a y era controlada por Pichardo.
Contreras y Pichardo fueron acusados de un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, causar la presentación de reclamos falsos al programa Medicare, y pagar comisiones ilícitas asociadas a la atención médica; un cargo de conspiración para cometer fraude de atención médica; un cargo de conspiración para lavar el producto de sus delitos, y tres cargos de lavado de dinero cada uno. Contreras también fue acusado de tres cargos de presentación de reclamos falsos al programa Medicare. Si se lo condena por todos los cargos, Contreras enfrenta un máximo de 70 años en prisión. Pichardo enfrenta una sentencia máxima de 55 años en prisión, si se lo condena.
Estuvieron a cargo de la acusación en los casos los Abogados Litigantes Hank Bond Walther, John K. Neal y N. Nathan Dimock de la Sección de Fraude de la División de lo Penal, y Laurel Loomis Rimon y Constantine Lizas de la Sección de Confiscación de Bienes y Lavado de Dinero de la División de lo Penal. El Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, Oficina del Inspector General, están asistiendo en la investigación. Los casos surgieron como parte de la Fuerza de Ataque contra el Fraude asociado a Medicare que opera en Miami desde marzo de 2007. La Fuerza de Ataque es liderada por el Jefe Adjunto Ogrosky de la Sección de Fraude de la División de lo Penal en Washington, D.C., y la oficina del Fiscal Federal R. Alexander Acosta del Distrito Sur de Florida.
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