WASHINGTON – Un jurado federal encontró a cinco ex ejecutivos de National Century Financial Enterprises (NCFE) culpables de conspiración, fraude y lavado de dinero, después de un juicio de seis semanas de duración y menos de dos días de deliberación, anunciaron hoy la Secretaria de Justicia Auxiliar Alice S. Fisher y el Fiscal Federal Gregory G. Lockhart del Distrito Sur de Ohio. El jurado de Columbus, Ohio, emitió un veredicto de culpable en todos los cargos en una acusación formal sobreviviente compuesta por 27 cargos, la cual surgió de un ardid para defraudar a inversionistas con relación a la salud financiera de NCFE. La compañía, con sede en Dublin, Ohio, era una de las empresas financieras de atención médica en los Estados Unidos, hasta que presentó la quiebra en noviembre de 2002. Donald H. Ayers, 71, de Fort Meyers, Fla., un vicepresidente, director general de operaciones, director y un propietario de la empresa NCFE, fue encontrado culpable de conspiración, fraude de valores y lavado de dinero.
Rebecca S. Parrett, 59, de Carefree, Ariz., una vicepresidente, secretaria, tesorera, directora y propietaria de la compañía, fue encontrada culpable de cargos de conspiración, fraude de valores, fraude telegráfico y lavado de dinero.
Randolph H. Speer, 58, de Peachtree City, Ga., el director general financiero de NCFE, fue encontrado culpable de cargos de conspiración, fraude de valores, fraude telegráfico y lavado de dinero.
Roger S. Faulkenberry, 46, de Dublin, Ohio, un alto ejecutivo responsable por recaudar dinero de inversionistas, fue encontrado culpable de cargos de conspiración, fraude de valores, fraude telegráfico y lavado de dinero.
James E. Dierker, 40, de Powell, Ohio, director asociado de marketing y vicepresidente de desarrollo de clientes, fue encontrado culpable de cargos de conspiración y lavado de dinero. "Estas condenas transmiten un mensaje claro a Estados Unidos empresarial de que los ejecutivos serán llevados ante la justicia por mentir a los inversionistas y desvirtuar las acciones tomadas en el curso normal de sus actividades", dijo el Secretario de Justicia Adjunto Mark Filip, presidente de la Fuerza de Tarea contra el Fraude Empresarial del Presidente. "Estos son los éxitos más recientes de nuestra labor de mejorar la integridad de nuestros mercados financieros".
"Al responsabilizar a quienes quiebran la ley, las condenas de hoy ayudan a restaurar un poco de la fe y confianza que el público pierde cada vez que ejecutivos de empresas defraudan a sus inversionistas. El veredicto del jurado demuestra que el público no se quedará de brazos cruzados mientras ejecutivos de empresas cometen fraudes por miles de millones de dólares, dejando que inversionistas honestos lleven la carga de las pérdidas que crean", dijo la Secretaria de Justicia Auxiliar Alice S. Fisher. "Deseo agradecer a los abogados litigantes de la Sección de Fraudes y la Fiscalía Federal, así como al Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)], Servicio de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)], Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el Servicio de Inspección Postal de EE.UU. por su trabajo diligente y exitoso en este caso".
"El jurado condenó a ejecutivos de la empresa por construir un castillo de naipes y defraudar a inversionistas, utilizando artimañas financieras", dijo Gregory G. Lockhart, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Ohio. "Felicito a los agentes, investigadores y fiscales de la Sección de Fraudes y nuestra oficina por su ardua labor en este caso prolongado y complejo".
"Este caso es una de las investigaciones de fraude empresarial más grandes asociadas a una empresa privada con sede en una ciudad pequeña de los Estados Unidos", dijo el Director Auxiliar Kenneth W. Kaiser de la División de Investigaciones Penales del FBI. "El FBI sigue aprovechando su experiencia en fraude empresarial, obtenida a través de investigaciones de gran escala como las de Enron y WorldCom, para asegurar que las empresas declaren su verdadera salud financiera. De Dublin, Ohio, a Houston, Texas, a Nueva York, Nueva York, el mensaje es claro de que el FBI no se quedará mirando mientras ejecutivos de empresas manipulan sus estados financieros y ocultan actividades ilegales de autoridades penales y reguladoras".
"El IRS combate enérgicamente a empresas y sus directores que utilizan sus cargos de confianza para actividades ilegales. Este tipo de fraude toca las vidas de muchos ciudadanos confiados y el público debe saber que el gobierno toma con seriedad la responsabilización de empresas y sus ejecutivos", dijo Eileen C. Mayer, Jefa, Investigación Penal de Servicio de Impuestos Internos.
En el juicio, el gobierno presentó pruebas de que los demandados se dedicaron a un ardid para defraudar a inversionistas y a entidades de clasificación sobre la salud financiera de NCFE y cómo se utilizaría el dinero de los inversionistas. Entre mayo de 1998 y mayo de 2001, NCFE vendió notas a inversionistas por un valor total de 4.4 miles de millones de dólares. Pruebas presentadas en el juicio demostraron que las mismas tenían un valor aproximado de seis centavos de dólar en el momento de la quiebra de NCFE en noviembre de 2002. NCFE presentó un modelo de negocios a inversionistas y entidades de clasificación que requería que NCFE comprara cuentas a cobrar de alta calidad de proveedores de atención médica, utilizando dinero obtenido por NCFE a través de la venta de notas con respaldo de activos a inversionistas institucionales. Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que NCFE adelantó dinero a proveedores médicos sin haber recibido las cuentas a cobrar requeridas, muchas veces a proveedores de atención médica que eran propiedad total o parcial de los demandados. Asimismo, las pruebas demostraron que los demandados mintieron a los inversionistas y agencias de clasificación, con la finalidad de encubrir este fraude.
Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que NCFE ocultó de inversionistas el déficit producido por este fraude, al mover fondos entre cuentas una y otra vez, inventar datos en informes a inversionistas, incorporar información falsa en el sistema de contabilidad, y realizar otras declaraciones falsas a inversionistas y entidades de clasificación. Asimismo, la remuneración de los demandados estaba asociada a la cantidad de dinero que adelantaron a proveedores de atención médica y el saldo pendiente debido por dichos proveedores a NCFE. El gobierno presentó pruebas en el juicio que demostraron que los demandados sabían que el modelo de negocios que NCFE presentó al público inversionista difería significativamente de la manera en que NCFE realizaba negocios dentro de sus propias paredes y que NCFE estaba inventando la información contenida en informes mensuales a inversionistas para que pareciera que NCFE cumplía sus propios documentos que la regían.
Los demandados enfrentan las siguientes penas máximas: Donald H. Ayers, 55 años en prisión y 2.25 millones de dólares en multas; Rebecca S. Parrett, 75 años en prisión y 2.5 millones de dólares en multas; Randolph H. Speer, 140 años en prisión y 4.25 millones de dólares en multas, Roger S. Faulkenberry, 85 años en prisión y 2.5 millones de dólares en multas; James E. Dierker, 65 años en prisión y 1.75 millones de dólares en multas.
Estuvieron a cargo de la acusación en el caso el Fiscal Federal Auxiliar Douglas Squires del Distrito Sur de Ohio, la Abogada Litigante Principal Kathleen McGovern y el Abogado Litigante Wes R. Porter de la Sección de Fraudes, con la asistencia de los Especialistas Paralegales de la Sección de Fraudes Crystal Curry y Sarah Marberg, los agentes del FBI Matt Daly, Ingrid Schmitt y Tad Morris, Los Inspectores del IRS Greg Ruwe y Mark Bailey, el Inspector Postal de EE.UU. Dave Mooney y la Agente de ICE Celeste Koszut.
###
08-205