Buenos días y gracias, Matt, por la generosa presentación. Permítanme, también, agradecerles a todos ustedes por el tiempo dispensado a estar aquí, en esta séptima conferencia anual del Acceso a la Votación e Integridad Electoral. Sería una reunión importante cualquier año, pero es especialmente importante en este año de elecciones; ustedes, presentes en este salón - los Oficiales Electorales de Distrito y los agentes de las fuerzas del orden público de todo el país y otros - tendrán un papel importante en asegurar que todo ocurra como debe este otoño.
Hace poco más de un mes, tuve el privilegio de felicitar a más de 3,000 nuevos ciudadanos estadounidenses durante una ceremonia de naturalización en Florida. Fue un evento inspirador por tratarse de un grupo de personas, muchas de países en los que el voto no existe o no tiene mayor significado, que juraron lealtad a una nación que considera el derecho al voto una de sus características más durables y más dignas de orgullo. En mis comentarios a ellos, destaqué la importancia de este derecho, observando que el voto de cada uno de ellos cuenta tanto como el mío, e incentivándolos a ejercer su derecho recién adquirido.
Enfaticé el hecho porque el derecho al voto es fundamental para todo lo demás. Como escribió el Juez Black en Wesberry contra Sanders: "Ningún derecho es más valioso en un país libre que el de tener voz en la elección de quienes crean las leyes bajo las cuales, como buenos ciudadanos, debemos vivir. Otros derechos, incluso los más básicos, son ilusorios si se socava el derecho al voto".
Las elecciones, y el voto del que dependen, son la base de la democracia. Son la manera principal en que el pueblo de este país exige de nuestros líderes gubernamentales, y ejerce su voluntad colectiva. Sin embargo, sólo podemos hacerlo con éxito si todos los que tienen derecho al voto pueden ejercerlo, y si todos dichos votos cuentan por igual. Y podemos confiar en que el resultado de una elección representa nuestra voluntad sólo si tenemos confianza en el proceso que produce dicho resultado.
Por supuesto, en nuestro sistema federal, las elecciones - incluidas las elecciones presidenciales - son administradas principalmente por gobiernos estatales y locales. La Constitución dispone que los estados establezcan la hora, el lugar y la manera en que se realizarán las elecciones federales, sujeto a regulación relativamente mínima por el Congreso. Sin embargo, como refleja el nombre de la iniciativa que generó esta conferencia, el gobierno federal, principalmente a través del Departamento de Justicia, cumple un papel importante de dos maneras.
En primer lugar, el Departamento de Justicia tiene la principal responsabilidad de proteger los derechos electorales de todos quienes tengan derecho al voto. El Congreso nos ha proporcionado varias herramientas para hacerlo, y estamos utilizando todas ellas. La principal de ellas, por supuesto, es la Ley de Derechos Electorales de 1965, una de las piezas más importantes y exitosas de la legislación de derechos civiles en la historia de nuestro país. Hace poco más de un mes, el Departamento obtuvo una importante victoria en el tribunal defendiendo la constitucionalidad de la reautorización de dicha Ley por el Congreso en 2006, la cual sigue siendo la base de gran parte de nuestra labor actual.
A través de la Ley de Derechos Electorales, el Departamento asegura que ciudadanos estadounidenses de todas las razas, colores y orígenes nacionales puedan participar eficazmente en el proceso político. Es posible que todos deseemos que llegue el día en que dichas iniciativas no sean necesarias; sin embargo, mientras existan ciudadanos estadounidenses sin acceso igualitario al voto, haremos valer enérgicamente la ley en su nombre.
En los últimos años, por ejemplo, hemos obtenido importantes victorias en casos iniciados bajo la Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales en Florida, Ohio, Nueva York, Mississippi, Georgia y aquí, en Carolina del Sur. Y entre 2001 y 2006, iniciamos más demandas bajo las disposiciones de idiomas minoritarios de la Ley de Derechos Electorales que en los 26 años anteriores de la historia de dichas disposiciones. Estos casos han producido resultados reales. Por primera vez en su historia, por ejemplo, la ciudad de Euclid, Ohio, ahora tiene un afroestadounidense en su consejo municipal. Y como resultado de nuestra labor, San Diego agregó más de 1,000 empleados electorales bilingües, y la ciudad experimentó un aumento significativo en el registro de electores hispanos, filipinos y vietnamitas en apenas algunos meses.
Más allá de la Ley de Derechos Electorales, la División de Derechos Civiles hace valer varias otras importantes leyes promulgadas por el Congreso para asegurar que todos los ciudadanos puedan registrarse y que, una vez registrados, puedan votar. Las mismas incluyen la Ley Nacional de Registro de Electores, la cual exige que los estados brinden oportunidades de registro de electores cuando las personas solicitan o reciben servicios públicos; la Ley Electoral de Ausentes para Ciudadanos Uniformados y Ciudadanos en el Exterior, la cual protege los derechos electores de nuestros hombres y mujeres en las fuerzas armadas y de ciudadanos estadounidenses residentes en el exterior; y la Ley Ayude a los Estados Unidos a Votar, la cual establece normas mínimas para la administración de elecciones. A través de su Sección de lo Penal, la División de Derechos Civiles también investiga y enjuicia ardides de supresión o intimidación electoral dirigidos a víctimas debido a su raza, color, religión u origen nacional.
Sería imposible exagerar la importancia de esta labor, toda la cual tiene la finalidad de proteger el voto de los miembros más vulnerables de nuestra sociedad. Y, aunque no siempre logremos la atención o el mérito que merecemos, nuestros éxitos han sido enormes.
Los casos iniciados y ganados sólo cuentan una parte de la historia, ya que, con gran frecuencia, una mera averiguación o investigación, o la amenaza de litigio, es suficiente para provocar la acción correctiva. Después de nuestra demanda contra San Diego bajo las disposiciones de idioma minoritario de la Ley de Derechos Electorales, por ejemplo, el Condado de Los Ángeles agregó, por iniciativa propia, más de 2,200 empleados electorales bilingües, o sea, un aumento del 62 por ciento. Y, hace apenas unos meses, después de que enviamos una carga de averiguación a Nebraska asociada a su cumplimiento de la Ley Nacional de Registro de Electores, el estado aprobó una ley que aumentaba el número de sus entidades de registro de electores.
La segunda parte del papel del Departamento de Justicia en conexión con las elecciones es buscar garantizar su integridad al combatir los abusos financieros de campañas y el fraude electoral. Desde el lanzamiento de esta iniciativa en 2002, el Departamento, a través del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)], y las Fiscalías Federales, ha investigado centenas de alegatos de fraude electoral y delitos de financiamiento de campañas. Los mismos incluyen desde la tradicional compra de votos y falsificación de votos, al lavado de contribuciones ilegales a campañas y otros delitos financieros. Incluyen desde lo simple a lo enloquecedoramente complejo. Sin embargo, todos tienen el mismo objetivo: corromper el proceso electoral.
La Ley de Reforma de Campaña Bipartita de 2002 es una ley importante que nos ayuda en esta labor. La misma agregó nuevas sanciones delictivas para violaciones de leyes financieras para campañas, estableció multas mínimas obligatorias para el uso de conductos para disimular contribuciones ilegales, y estableció fuertes directrices de emisión de sentencias para delitos financieros asociados a campañas, los cuales probablemente redunden en sentencias de prisión para la mayoría de los actores. Estas leyes, y las consecuencias estrictas que establecen, son necesarias para enjuiciar a quienes amenacen a nuestra democracia en un nivel tan fundamental y para disuadir a otras personas que deseen dedicarse a conductas tan fraudulentas.
Si bien las instancias de fraude parecerían ser más una excepción que la regla, las consecuencias de violaciones sin trabas y sin detección son potencialmente enormes. Hemos visto cuán próximos pueden ser los resultados de una elección, el uno del otro - y hasta una pequeña cantidad de votos fraudulentos puede, en una elección de ese tipo, invalidar los votos de la mitad de los ciudadanos que participaron en la elección. Sean cuales fueran los números exactos, hasta la perspectiva del fraude electoral puede socavar la integridad del proceso electoral. En una sociedad democrática, hasta la sospecha de corrupción o fraude tiene un efecto perjudicial, pues corroe la fe del pueblo en el sistema democrático.
Por lo tanto, nuestra obligación es la de brindar apoyo al mayor acceso posible a los derechos electorales permitidos por la ley, y, simultáneamente, defender la integridad de dichos derechos a través de una fuerte coacción. En años recientes, algunos han intentado sugerir que estos objetivos - proteger los derechos electorales y proteger la integridad de las selecciones - son de cierta forma incompatibles. Sin embargo, son en realidad dos lados de la misma moneda.
Si se les niega a algunos de nuestros ciudadanos el derecho al voto, esto es una forma de fraude electoral, ya que el resultado de la elección no será un reflejo preciso de la voluntad popular. De la misma forma, si algunos electores realizan un fraude, y votan cuando no tienen derecho a hacerlo, o votan más de una vez, esto diluye los derechos electorales de todos los electores legítimos. La protección de los derechos electorales y el combate al fraude electoral son esenciales para mantener la confianza de todos los ciudadanos estadounidenses en nuestro sistema de gobierno.
Asimismo, como todos ustedes en este salón bien saben, no existe ningún renuncia entre estos esfuerzos; o sea, al buscar uno no se desvían recursos del otro. La División de Derechos Civiles lidera nuestra labor de proteger los derechos electorales de todos nuestros ciudadanos, como lo viene haciendo enérgicamente hace décadas. La División de lo Penal también tiene un papel importante en proteger la integridad del proceso electoral. Y Fiscales Federales Auxiliares de todo el país, incluidos muchos de ustedes presentes aquí hoy, proveen ayuda indispensable en ambos frentes. Distinto a muchas situaciones en Washington, D.C., no se trata de lograr uno o el otro; podemos, y debemos, lograr ambos.
Si bien, como acabo de decir, el acceso al voto y la integridad electoral son dos lados de una misma moneda, no debemos dejar de reconocer que, a veces, existe cierta tensión entre los dos. Tomemos, por ejemplo, las leyes de identificación de electores. A principios de este año, la Corte Suprema adoptó la opinión del Departamento de que las leyes de identificación de electores no son facialmente inconstitucionales. Como sostuvo la Corte Suprema en una opinión del Juez Stevens, dichas leyes atienden a diversos intereses apremiantes, incluido el interés en prevenir el fraude electoral, y el interés en proteger a la confianza pública en el gobierno representativo.
Al mismo tiempo, el Tribunal reconoció el hecho innegable de que las leyes de identificación de electores pueden representar una carga en el derecho electoral de algunos ciudadanos. Es importante que los estados implementen y administren dichas leyes de manera que minimice dicha posibilidad. Y es importante que el Departamento haga su parte para evitar dicha posibilidad. No dudaremos en utilizar las herramientas que tenemos disponibles - incluida la Ley de Derechos Electorales - si estas leyes, por más importantes que sean, son usadas incorrectamente para negar el derecho al voto.
Este año, como ya he señalado, y como cualquier ciudadano estadounidense semialerta sabe, es un año de elecciones. Una de mis más altas prioridades en el tiempo que me resta como Secretario de Justicia de los Estados Unidos es hacer todo lo posible para asistir a los gobiernos estatales y locales para que las elecciones de noviembre ocurran sin problemas, y que el pueblo estadounidense pueda confiar en que estas elecciones ocurrirán sin problemas.
Lo haremos utilizando las herramientas de coacción que describí anteriormente. Además, a través de campañas de alcance exterior y monitoreo, tenemos la intención de contar con fuerte presencia a lo largo de toda la temporada electoral. Trabajaremos en relación estrecha con grupos de derechos civiles y funcionarios electorales en identificar y resolver problemas de manera oportuna y adecuada. Publicaremos números de teléfono, páginas de Internet y otros medios, a través de los cuales ciudadanos interesados puedan llevar a nuestra atención problemas potenciales.
Y, así como lo hemos hecho en el pasado, destacaremos a centenas de monitores federales a localidades de todo el país en el día de elecciones, concentrándonos en áreas en las que haya violaciones de los derechos civiles potenciales y jurisdicciones en las que tengamos decretos por consentimiento en curso. Nuestro objetivo es asegurar que toda queja sea tratada pronta y adecuadamente, y hacer sentir nuestra presencia, de modo que el pueblo estadounidense pueda seguir confiando en nuestro sistema de gobierno.
Debido a que las elecciones son, por definición, eventos políticos, existe un peligro evidente en todo esto de que nosotros mismos seamos atraídos a territorio partisano. Debemos hacer todo lo que esté en nuestro poder para resistir a ello, para asegurar que cada una de nuestras decisiones esté impulsada pura y exclusivamente por lo que exijan las leyes y los hechos.
Hace unos meses, emití un memorando para recordar a todos los empleados del Departamento de las políticas relacionadas con puntos sensibles electorales. Vale la pena repetir el mensaje: la política no debe cumplir ningún papel en las decisiones de investigadores o fiscales con respecto a cualquier investigación o cargo penal; los agentes de las fuerzas del orden público y fiscales no deben jamás elegir el momento de realización de pasos de investigación o cargos penales con la finalidad de afectar una elección; y no debemos hacer nada con la finalidad de brindar ventaja o desventaja a cualquier candidato o partido político. Estos principios tienen aún más peso en esta área, y confío en que ustedes y otros en el Departamento los respetarán.
Lamentablemente, aunque todos nosotros obedezcamos estos principios religiosamente, como espero que ocurra, seremos criticados. Siempre habrá personas fuera del Departamento, de todas las partes del espectro político, que utilizarán a la ley como manera de obtener ventajas partisanas, y que exigirán que actuemos o dejemos de actuar, por lo menos en parte, por motivos partisanos. Y siempre habrá críticos, de todas las partes del espectro político, que nos acusarán de hacer demasiado o demasiado poco.
Es nuestro deber, hacia la ley y hacia el pueblo que servimos, no hacer caso a estas presiones y críticas, y llevar adelante causas hacia donde los hechos y la ley nos dirijan. Nuestra única obligación aquí es asegurar que las elecciones sean un reflejo de la voluntad popular, y no armas en una batalla partisana.
Los antecedentes de nuestra nación en lo que se refiere al derecho electoral ciertamente no son perfectos. Se necesitó una Guerra Civil y múltiples enmiendas constitucionales para establecer el derecho de todo ciudadano adulto al privilegio. Sin embargo, como les dirían los hombres y mujeres que juraron como ciudadanos ante mí en Miami, nuestro país es actualmente un modelo de gobierno democrático. Muchos de dichos hombres y mujeres votarán en elecciones justas, libres y significativas por primera vez en sus vidas este noviembre. Les debemos a ellos, y a todos nuestros conciudadanos, hacer todo lo posible para que siga así.
Ustedes ya lo hacen todos los días. Les agradezco, y sé que su país también les agradece.
Muchísimas gracias.
###