Es un honor estar con ustedes hoy.
En 1906, hace poco más de un siglo – y tres años después de la fundación del Commonwealth Club – San Francisco sufrió el terremoto e incendio que constituyeron uno de los peores desastres de la historia de nuestro país. Se perdieron cientos, si no miles, de vidas y el paisaje de esta gran ciudad cambió para siempre.
La ciudad que sufrió y emergió de ese gran terremoto e incendio en abril de 1906 obviamente era muy diferente a la que vemos hoy: los fotos de San Francisco al final del siglo XIX pintan un mundo en que las lámparas de gas y los carruajes a caballo todavía eran habituales.
Pero las diferencias entre el San Francisco de esa época y el de ahora van mucho más allá de la apariencia y el ambiente de la ciudad. El San Francisco de 1906, como muchas otras ciudades estadounidenses a principios del último siglo, luchaba contra una corrupción muy extendida. Hasta la persona más cínica de la actualidad se puede sorprender con lo extendida que estaba la corrupción. Un extracto de una columna de opinión de un periódico de 1906 da una idea del alcance del problema. Este es un extracto de la columna:
"Nada en la historia de la anarquía puede compararse en cuanto a la usurpación fría y deliberada de autoridad con esta última exhibición de anarquía en San Francisco. Se toma el gobierno para derrocarlo. La autoridad se ejerce sin respeto a la autoridad. Los delincuentes, acusados de delitos graves, después de pedir la investigación y fingir asistir, han mostrado su hipocresía cometiendo un acto de anarquía que, si bien puede ser tolerado por el momento en San Francisco, provocaría la ejecución de estos hombres en cualquier gobierno de Europa".
Una retórica bastante tibia aun según los estándares de Internet de hoy.
Los eventos que inspiraron esa columna de opinión fueron bastante sorprendentes. El alcalde estaba viajando por Europa, aparentemente en una misión de buena voluntad para tratar de convencer a aseguradoras de cumplir con sus obligaciones hacia los clientes cuyas propiedades habían sido destruidas por el terremoto y el incendio. Mientras el alcalde no estaba en la ciudad, su vicealcalde (que se desempeñaba como alcalde en su ausencia) despidió al fiscal de distrito, que estaba realizando una investigación exhaustiva sobre corrupción en los niveles más altos del gobierno de la ciudad, incluso la propia oficina del alcalde.
En su lugar, el alcalde interino había designado a un jefe político que, en la mayoría de las versiones, era el hombre más responsable por la corrupción general del gobierno de la ciudad. Afortunadamente, esta toma de poder falló, el fiscal de distrito se mantuvo en su puesto, su investigación siguió adelante y eso provocó en lo que se iba a conocer como los “enjuiciamientos de chanchullos” [Graft Prosecutions] – pero antes de que esto ocurriera, un fiscal de distrito auxiliar (y ex fiscal federal) fue baleado por un aspirante a asesino en un tribunal abierto, y la propia ciudad estuvo al borde del descontento social.
Los resultados finales de los "enjuiciamientos de chanchullos" de San Francisco fueron mixtos; el mismo hecho de que fueran realizados frente a una oposición tan feroz marcó un hito en la historia de esta ciudad y del propio país en su totalidad. San Francisco no estaba sola: su lucha contra la corrupción pública a principios del siglo pasado se reflejó en otras ciudades en todo el país, y también a nivel federal.
También en 1906 el Presidente Theodore Roosevelt pronunció su ahora célebre discurso "El hombre y el destape de escándalos" ["Man with the muck-rake"], en el que declaró: “No pido la inmunidad, sino la exposición más implacable del político que defrauda su confianza, del gran empresario que hace o gasta su fortuna de manera ilegítima o corrupta. Debería haber una resolución firme de sacar a tales hombres de los puestos que deshonraron”.
Roosevelt habló con tanta fuerza sobre la necesidad de luchar contra la corrupción porque entendía la amenaza que la corrupción pública representa para un gobierno representativo.
Somos, como proclamamos una y otra vez, una nación de leyes, no de hombres. Y a veces nos preocupamos casi al punto de obsesionarnos con adaptar y cambiar y – como se dice en Washington – retocar procedimientos para que cada razonamiento esté sujeto a los controles de la división de poderes, o al menos algo que se le parezca, en un esfuerzo que a veces parece querer hacer que el gobierno se acerque a algo que todo físico sabe que es imposible en el mundo físico: una máquina en movimiento constante que pueda funcionar por sí misma.
Y en gran parte, a pesar del tono de la última oración, ese es un esfuerzo valedero y adecuado. Nuestros padres fundadores lucharon por la independencia y la consiguieron para que nosotros pudiéramos disfrutar de las bendiciones que tiene ese sistema de gobierno, entre ellas la igualdad ante la ley y estar libres de medidas arbitrarias y caprichosas del gobierno.
Pero la supervivencia y prosperidad de un gobierno de leyes depende en gran medida de la integridad de los hombres y las mujeres que aprueban, hacen valer y administran las leyes por las que somos gobernados. Entonces una cosa es reconocer la persistencia de la corrupción y otra cosa es habituarse a ella, aceptarla simplemente como algo inherente en la naturaleza de las cosas o, peor aún, como otro costo de hacer negocios.
La corrupción pública puede provocar daños no solo costosos, sino también profundos. Cuando un servidor público en cualquier nivel de gobierno explota su puesto para propósitos indebidos, el daño se mide no solo en dólares y centavos, sino también en la erosión de la confianza pública: de la cual depende la supervivencia de nuestro sistema de gobierno.
Luchamos, investigamos y enjuiciamos la corrupción pública para garantizar que quienes trabajan en el gobierno sean dignos de la confianza del público y para desarrollar la confianza del público en la propia idea de gobierno, sin la cual el gobierno no puede funcionar.
Por lo tanto, la investigación y el enjuiciamiento de casos de corrupción pública se encuentran entre las mayores obligaciones de las fuerzas del orden público, por lo que no sorprende que yo considere que es una de las mayores prioridades del Departamento de Justicia. En los últimos años, los fiscales de carrera y los investigadores penales del Departamento han participado en una labor renovada para combatir la corrupción en todos los niveles y todos los poderes del gobierno.
El compromiso renovado del Departamento hacia la investigación y el enjuiciamiento de casos de corrupción pública se ve reflejado no tanto en un aumento en el número de casos - si bien el Departamento sí ha presentado más casos de corrupción pública en los últimos años - sino en la calidad, la complejidad y el perfil de los casos que hemos entablado con éxito. Al investigar y enjuiciar estos casos, el Departamento trabaja codo a codo con el Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] – que actualmente tiene más de 600 agentes dedicados a asuntos de corrupción pública, lo que representa un gran aumento respecto de los 358 que había en 2002 – así como también con otros asociados en las fuerzas del orden público a nivel federal, estatal y local.
Las investigaciones recientes del Departamento sobre corrupción pública generaron la condena de funcionarios federales en todos los poderes del gobierno y de funcionarios estatales y locales.
A nivel federal, solo en el mes pasado, el contratista de defensa Brent Wilkes fue sentenciado a 12 años de prisión por su participación en lo que el Washington Post denominó "la conspiración con sobornos más descarada en la historia moderna del Congreso". Wilkes canalizó efectivo, pagos de hipoteca, automóviles, comidas, viajes de lujo y prostitutas al congresista Cunningham a cambio de la ayuda del congresista para dirigir contratos a la empresa de Wilkes.
La corrupción del congresista Cunningham era tan evidente que tenía un "menú de sobornos" que informaba a los contratistas cuánto les constaría asegurarse un contrato de defensa. Según el menú, un contrato de defensa de 16 millones de dólares exigía el pago de un soborno de 140,000 dólares y un yate de lujo, y los sobornos subían 50,000 dólares por cada incremento de un millón de dólares en un contrato militar. El ex congresista se declaró culpable y ha cooperado con los fiscales en su investigación en curso. Actualmente está cumpliendo una pena de ocho años en prisión. La empresa de Wilkes no fue la única que se benefició de una relación corrupta con el congresista Cunningham. El Departamento también logró la condena de Mitchell Wade, cuya empresa contratista de defensa recibió millones de dólares en contratos federales como resultado de sus lazos con Cunningham: lazos que eran el resultado directo de pagos ilegales al ex congresista que incluyeron más de 1 millón de dólares en efectivo, antigüedades valiosas y un barco. El trabajo de Wade para inclinar el proceso de compra a favor de su empresa iba más allá de sus pagos al congresista Cunningham: La empresa de Wade contrató al hijo de un funcionario del Departamento de Defensa responsable de supervisar el trabajo de la empresa para ese Departamento y luego contrató al propio funcionario. La empresa de Wade también buscó ampliar su influencia en el proceso de apropiaciones al aportar casi 80,000 dólares en contribuciones ilegales a campañas: contribuciones que Wade esperaba que llevaran a más asignaciones en beneficio de su empresa.
Sin embargo, la corrupción federal no siempre es tan evidente como el "menú de sobornos" de Cunningham. Menos evidente que el soborno directo quid pro quo, pero igual de insidioso, es el tipo de corrupción que intercambia un flujo constante de beneficios por un curso favorable de acciones oficiales. Un excelente ejemplo es la investigación exhaustiva en curso del Departamento sobre las actividades del cabildero Jack Abramoff, que ha generado más de 10 condenas, entre las que se encuentran la del propio Abramoff, el congresista Robert Ney y distintos ex miembros del Congreso con antigüedad. La investigación reveló que Ney y otros miembros de su personal solicitaron y aceptaron diversos objetos de valor de Abramoff y otros, todo con la intención de ser influenciados e inducidos a realizar acciones oficiales. La lista de cosas que Ney recibió y lo que se puede llamar "el botín" incluía:
- viajes internacionales y nacionales, entre ellos un viaje para ir a jugar golf a Escocia en agosto de 2002, con costos totales por el viaje que superaban los 160,000 dólares, pagado por Abramoff y sus clientes; un viaje para apostar y vacacionar en Nueva Orleáns en mayo de 2003, por un costo total aproximado de 7,200 dólares, pagado por Abramoff y sus clientes; y un viaje de vacaciones a Lake George, N.Y., en agosto de 2003, con gastos superiores a 3,500 dólares pagados por cabilderos;
- comidas y bebidas frecuentes con costos totales de muchos miles de dólares, principalmente en el restaurante de Abramoff, que se llamaba Signatures, en Washington;
- entradas a conciertos y eventos deportivos usando los palcos de Abramoff en lugares en las zonas de Washington y Baltimore, como el MCI Center (ahora conocido como el Verizon Center), FedEx Field y Camden Yards;
- decenas de miles de dólares de contribuciones para campaña y contribuciones en especie, tales como recaudadoras de fondos sin cargo.
A cambio de estos beneficios, Ney admitió haber aceptado realizar las siguientes acciones:
- apoyar y/o oponerse a legislación a pedido de Abramoff, lo que incluyó intentar insertar cuatro enmiendas separadas no relacionadas con elecciones solicitadas por Abramoff y sus clientes en legislación de reforma electoral conocida como la Ley Ayude a los Estados Unidos a Votar;
- apoyar la aplicación de una licencia y emitir la licencia para uno de los clientes de Abramoff en un contrato multimillonario para instalar infraestructura de telefonía inalámbrica en la Cámara de Representantes; y
- contactar a personal de agencias federales con la intención de influenciar las decisiones de esas agencias, como decirle a la Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano que la principal prioridad de Ney era la vivienda de tribus indígenas estadounidenses porque era un tema importante para los clientes de Abramoff.
En su acuerdo de declaración de culpabilidad, Ney también reconoció que aceptó decenas de miles de dólares en fichas de juego de azar de un empresario extranjero.
En tres ocasiones, Ney y miembros de su personal que lo acompañaban recibieron miles de dólares en fichas de juegos de azar cada uno de empresarios extranjero para usarlas en casinos privados en Londres. Como resultado, Ney terminó quedándose con más de 50,000 dólares.
Como demuestran estos hechos, si bien Ney no tenía un "menú de sobornos" bien organizado que establecía los distintos precios para comprar sus servicios, la traición de su deber hacia sus electores fue igual de grave que la del congresista Cunningham. Ambos explotaron un puesto de confianza para beneficio personal.
La investigación Abramoff del Departamento también demuestra que ningún poder del gobierno federal tiene monopolio en cuanto a la corrupción pública. Además de los funcionarios del Congreso nombrados anteriormente, el Departamento también logró la condena de distintos funcionarios del Poder Ejecutivo, entre ellos el ex Secretario Adjunto del Interior J. Stephen Griles, el ex jefe de personal de la Administración de Servicios Generales David Safavian, quienes mintieron sobre sus lazos con Abramoff u obstruyeron la investigación sobre las actividades de Abramoff.
El Departamento también ha tenido éxito en la lucha contra la corrupción pública a nivel estatal. A principios de este mes, el Departamento logró la séptima condena penal surgida de la investigación en curso sobre corrupción pública en el Estado de Alaska. Las condenas han incluido a tres ex miembros electos de la cámara de representantes estatal (entre ellos un ex presidente de la cámara), un jefe de personal de un ex gobernador y tres ejecutivos de alto rango de una importante empresa de servicios petroleros de Alaska. Los individuos condenados ganaron o recibieron miles de dólares en pagos corruptos así como también ofertas laborales a cambio de acciones oficiales – entre ellas votos en la legislatura – que beneficiaran a la empresa.
Una parte clave del ardid de la empresa para obtener los servicios de los legisladores era una suite en un hotel en la capital del estado, cerca de la legislatura, en la que los altos ejecutivos de la empresa se encontraban con legisladores. En estas reuniones, los ejecutivos realizaban pagos en efectivo y hablaban abiertamente de ofertas laborales para los legisladores a cambio de que los legisladores aceptaran promover los planes legislativos de la empresa, que incluían un nuevo oleoducto de gran envergadura. El propósito corrupto de estas reuniones fue explicitado por un legislador que fue escuchado diciendo: "Ustedes tendrá su oleoducto . . . y yo tendré mi trabajo".
Otro ejemplo del éxito del Departamento en su lucha contra la corrupción a nivel estatal fue la condena del ex gobernador de Illinois George Ryan: una condena confirmada hace poco por el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito. El gobernador Ryan y miembros de su familia recibieron miles de dólares en pagos ilegales en efectivo, préstamos, regalos, vacaciones y servicios personales. A cambio de estos pagos – y otros cientos de miles de dólares pagados a un socio cercano – Ryan realizó acciones a sabiendas en su calidad oficial para otorgar contratos estatales que beneficiaban los intereses personales y financieros de sus socios. Ryan también permitió a sabiendas que sus socios participaran en el proceso gubernamental de toma de decisiones y les brindó material, información no pública, sobre eventuales decisiones gubernamentales.
La investigación que terminó con la condena de Ryan comenzó hace muchos años, después de un terrible accidente en una autopista de Wisconsin. Un pedazo del chasis inferior de un camión se soltó en la autopista y pinchó el tanque de combustible de otro vehículo – una camioneta familiar que transportaba a la familia Willis – lo que provocó un accidente feroz. Seis de los nueve niños Willis murieron en el accidente. Luego se supo que era posible que el conductor del camión que provocó el accidente hubiera pagado un soborno para obtener su licencia de conducir comercial de Illinois. El conductor, que casi no hablaba inglés, no había podido entender las advertencias de otros camioneros sobre la condición insegura de su vehículo antes del accidente. El accidente generó una investigación sobre corrupción en la oficina del secretario de estado de Illinois, que supervisaba la emisión de licencias, y luego se amplió para incluir la conducta de Ryan como secretario de estado y gobernador. La condena del gobernador Ryan sirve como un recordatorio particularmente crudo y trágico de los costos reales de la corrupción pública.
La investigación y el enjuiciamiento de casos de corrupción pública como los que acabo de describir – que involucran a funcionarios públicos en todos los poderes y en todos los niveles de gobierno – seguirán siendo una de las principales prioridades del Departamento. Sin embargo, estos casos no constituyen la totalidad de las iniciativas del Departamento contra la corrupción. La labor del Departamento va más allá de nuestras fronteras e incluye investigaciones y enjuiciamientos de empresas con prácticas comerciales corruptas en el extranjero, así como también corrupción relacionada al proceso de compra y nuestras operaciones militares en curso en Afganistán e Irak. La corrupción de este tipo es particularmente dañina porque no solo mina nuestra capacidad de luchar adecuadamente contra nuestros enemigos en Irak y Afganistán, sino que también frustra nuestros esfuerzos para fomentar la transparencia y el Estado de Derecho en esos países.
El otoño pasado, por ejemplo, John Allen Rivard, un ex comandante de la Reserva del Ejército fue sentenciado a 10 años de prisión por conspiración, soborno y lavado de dinero por el otorgamiento y la administración fraudulentos de contratos del gobierno de los EE.UU. en Irak. Mientras estaba sirviendo en Irak en el área de apoyo logístico, Rivard dirigió contratos gubernamentales a un contratista a cambio de sobornos equivalentes al cinco por ciento del valor de cada contrato otorgado. El valor total de los contratos que Rivard desvió hacia el contratista era aproximadamente 21 millones de dólares y el propio Rivard recibió aproximadamente 220,000 dólares: fondos que intentó lavar enviándoselos a otras personas para cosas como alquilar un apartamento de West Hollywood, California, o hacer el pago inicial de un convertible BMW.
Cuando el Departamento de Justicia sigue casos como estos y otros en nombre de los Estados Unidos, tiene una responsabilidad solemne. Como los funcionarios públicos que a veces investigamos y enjuiciamos, nosotros también somos servidores públicos, depositarios de una confianza pública que juramos respetar.
Tenemos y ejercitamos el deber de garantizar que las investigaciones sobre corrupción pública del Departamento se realicen sin temor o favoritismo, y sin ninguna consideración respecto de la afiliación política de un determinado funcionario público. A fin de cuentas, una investigación sobre corrupción motivada por política partidaria simplemente es corrupción con otro nombre.
Permítanme aclarar: La política no tiene ningún papel en la investigación o el enjuiciamiento de la corrupción política o cualquier otro delito penal, y no he visto evidencia alguna de este tipo de incorrección en el tiempo que llevo en el Departamento, ni tampoco lo toleraría.
Considero que una de mis responsabilidades primordiales es asegurar que el Departamento siga manejando sus investigaciones y enjuiciamientos de casos de corrupción de manera coherente, no partidaria y correcta en todo el país. Mi experiencia personal con los fiscales e investigadores de carrera que llevan adelante estos casos de corrupción me da plena confianza de que esto es así y seguirá siéndolo. Habiendo estado en sus zapatos como Fiscal Federal Auxiliar a cargo de la Unidad de Corrupción Oficial de mi oficina, reconozco especialmente el trabajo que realizan. Es un gran honor servir con ellos como Secretario de Justicia de los Estados Unidos.
Los fiscales en general tienen una difícil labor, y los fiscales en casos de corrupción pública tienen una labor particularmente difícil. Generalmente hacen falta cientos, o miles, de horas de trabajo jurídico y de investigación, estos no son casos fáciles de armar: y esa dificultad se acrecienta por ser un asunto inherentemente delicado y polémico. Como resultado, los agentes y fiscales que investigan y enjuician estos casos a menudo son blanco de fuertes ataques públicos y no es raro que esos ataques incluyan alegatos de que los propios fiscales son corruptos o tienen todo tipo de motivaciones indebidas para presentar estos casos.
Conozco a un fiscal de carrera, por ejemplo, que ha sido acusado de motivos partidarios: por ambos partidos políticos. Primero, cuando presentó un caso contra un funcionario prominente de un partido, y después cuando presentó otro caso contra un funcionario prominente del otro partido. Hasta cierto punto, tales ataques son de esperarse. Pero estos son cargos graves que minan la confianza en nuestro gobierno y no deben ser lanzados de manera irresponsable. Generalmente alguien tiene interés de acusar de politización siempre que una figura pública importante es investigada o enjuiciada. Me llama la atención el hecho de que estas acusaciones se realicen en los medios en vez de ante un tribunal. El Departamento de Justicia no lleva a juicio sus casos en los medios: y nunca lo hará. Litiga en los tribunales, basándose exclusivamente en la evidencia y la ley.
Considero que es mi deber asegurar que los enjuiciamientos del Departamento por casos de corrupción se mantengan libres de interferencias o motivaciones políticas indebidas. Asimismo, también considero que es mi deber asegurar que el Departamento siga luchando contra la corrupción pública donde sea que esté, sin importar estos ataques.
Para cerrar, me gustaría volver al punto que dio inicio a mi discurso. En medio de los "enjuiciamientos de chanchullos" de San Francisco, cuando la labor contra la corrupción en esta ciudad parecía destinada al fracaso, el Presidente Theodore Roosevelt envió una larga carta a los líderes cívicos que defendían la causa anticorrupción. La carta finaliza con esta vehemente advertencia: "No se desanimen; no flaqueen. Están en una lucha por la simple decencia, por la simple democracia de la gente simple, que cree en la honestidad y los negocios justos entre hombres. No pierdan el aliento. Continúen la lucha".
Esta ciudad y nuestro país han recorrido un largo camino desde principios del siglo pasado. Tenemos un sistema de democracia representativa que, a pesar de sus defectos, sigue siendo un modelo de países que aspiran a ser democracias y de países que experimentan los dolores de nacer como democracia en todo el mundo. Sin embargo, incluso ahora – ahora especialmente – debemos mantener la lucha contra la corrupción pública, en el país y el extranjero. Y estoy aquí para decirles que lo haremos.
Gracias.
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