GLAXOSMITHKLINE PAGA $150 MILLONES
PARA LLEGAR A UN ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE EL CASO DE FRAUDE DE FIJACIÓN DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS

WASHINGTON, D.C. - El Departamento de Justicia anunció hoy que GlaxoSmithKline ha pagado más de $150 millones para resolver acusaciones de que la compañía cometió contravenciones de la Ley sobre Declaraciones Falsas por medio de la fijación de precios y comercialización fraudulentas de dos medicamentos contra el vómito, Zofran y Kytril, utilizados principalmente en conjunto con radioterapia y tratamientos oncológicos.

Estados Unidos acusó en los documentos del acuerdo de resolución a GlaxoSmithKline, uno de los fabricantes farmacéuticos más grandes del mundo, de participar en planes para establecer y mantener precios fraudulentos e inflados para Zofran y Kytril a sabiendas de que los programas de atención médica federales establecieron los tipos de reembolso fundamentados en esos precios. La diferencia entre el tipo de reembolso de los programas de atención médica federales y el precio real pagado por los proveedores de atención médica por un medicamento se conoce comúnmente como “margen”. Mientras más grande sea el margen para un medicamento, mayor será la ganancia o rendimiento de la inversión para el proveedor. GlaxoSmithKline fue acusada de utilizar el margen para comercializar, promocionar y vender los medicamentos a clientes establecidos y potenciales. Debido a que el reembolso por parte de los programas federales estaba fundamentado en los precios fraudulentos e inflados, Estados Unidos sostuvo que GlaxoSmithKline ocasionó la presentación de reclamos falsos y fraudulentos a los programas de atención médica federales.

“Este acuerdo marca otro más en una serie de casos en que un fabricante farmacéutico ha llegado a un acuerdo de resolución sobre denuncias de que su fijación de precios fraudulentos de medicamentos cuesta millones de dólares tanto a los programas de atención médica federales como a los contribuyentes”, comentó el Secretario de Justicia Adjunto de los Estados Unidos, Peter D. Keisler, de la División de lo Civil del Departamento de Justicia. “El Departamento de Justicia continuará buscando enérgicamente estos tipos de planes de fraude para que quede claro que no toleraremos las prácticas de fijación de precios fraudulentas diseñadas para beneficiar a las compañías farmacéuticas y a los médicos con ganancias a expensas de los programas de atención médica para los pobres y los ancianos”.

Con respecto a Kytril, Estados Unidos también acusó a la compañía farmacéutica de participar en un plan de facturación de “doble cobranza” al exhortar a los clientes a reunir los viales con sobrantes de Kytril para crear una dosis adicional, la cual sería entonces administrada al paciente y cobrada nuevamente a Medicare y a otros programas de atención médica federales.

“La fijación de precios fraudulentos de medicamentos cuya venta requiere receta puede costar millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses y socavar la integridad financiera del sistema de atención médica”, dijo Michael J. Sullivan, Fiscal Federal del Distrito de Massachusetts. “A fin de proteger los programas de atención médica de nuestra nación, continuaremos a investigar con empuje y a interponer acciones judiciales en casos de contravenciones en materia de fraudes en el área de la atención médica, independientemente de si son cometidas por compañías farmacéuticas o proveedores individuales”.

“A medida que nuestra nación lucha para contener los costos de la atención médica, debemos asegurar que los fabricantes farmacéuticos no se aprovechen de los pobres, los ancianos o los enfermos, al inflar ilegalmente el precio de los medicamentos cuya venta requiere receta. El hecho de que un fabricante infle fraudulentamente el costo de un medicamento utilizado principalmente para reducir los efectos secundarios del tratamiento del cáncer es inmoral”, dijo R. Alexander Acosta, Fiscal Federal del Distrito del Sur de Florida.

La investigación comenzó después de que una pequeña compañía de infusiones domésticas, Ven-A-Care of the Florida Keys, Inc., y sus [accionistas] principales, entablaron una demanda civil bajo la Ley sobre Declaraciones Falsas. La Ley sobre Declaraciones Falsas permite que las personas particulares entablen demandas civiles bajo las disposiciones de denunciantes de prácticas ilegales para proporcionar al gobierno información sobre las fechorías. Cuando las personas presentan o causan que otros presenten reclamaciones falsas o fraudulentas a los Estados Unidos, el gobierno tiene el derecho a recuperar triple compensación económica por daños y una cantidad de $5,500 a $11,000 por cada reclamo falso o fraudulento. En los casos donde el gobierno tiene éxito en resolver o litigar sus denuncias, el denunciante de las prácticas ilegales podría recibir una parte de lo recuperado, recibiendo del 15 al 25% de la cantidad recuperada. Como parte de este acuerdo de resolución, los denunciantes de prácticas ilegales, de Ven-A-Care, recibirán una suma de aproximadamente $26 millones.

Como parte de una de las condiciones para continuar haciendo negocios en el futuro con proveedores que negocian con programas de Medicare y Medicaid, GlaxoSmithKline ha acordado aceptar la adición de un apéndice al Acuerdo de Integridad Corporativa establecido con la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos que, entre otras cosas, requerirá que la compañía presente informes con valores exactos de los precios promedio de venta y de los precios promedio del fabricante para sus medicamentos cubiertos por Medicare y por otros programas de atención médica federales.

“Cualquier compañía farmacéutica que infle intencionalmente el costo de los medicamentos cuya venta requiere receta mediante planes detallados de fijación de precios roba millones de dólares de Medicare y Medicaid a Estados y beneficiarios en todo el país. No toleraremos que ninguna compañía abuse de los programas destinados a beneficiar a nuestros ciudadanos más vulnerables”, comentó Daniel R. Levinson, Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

“CMS tiene un compromiso fuerte para proteger la integridad de los programas de atención médica federales, con el fin de asegurar que las cargas económicas no se transfieran a los programas, los beneficiarios o los contribuyentes. Este acuerdo refuerza ese compromiso”, dijo Mark B. McClellan, M.D., Ph.D., Administrador para los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

Del pago de $150 millones del acuerdo de resolución, la recuperación federal es de aproximadamente $140 millones y la recuperación estatal correspondiente a la parte de Medicaid es de $10 millones.

La investigación fue realizada por la División de lo Civil del Departamento de Justicia, la Oficina de Fiscales Federales para los Distritos de Massachusetts y el Distrito del Sur de Florida, la Oficina del Inspector General para el Departamento de Salud y Servicios Humanos, la Oficina del Programa de Integridad de Actividad Administrativa de TRICARE y la Asociación Nacional de Unidades de Medicaid para el Control del Fraude.

05-489