WASHINGTON – Juan Luis Cadena-Sosa se declaró culpable hoy de violaciones federales a los derechos civiles por su conspiración en el contrabando de mujeres y niñas mexicanas a los Estados Unidos a fin de ubicarlas en condición de servidumbre involuntaria, lo anunció Grace Chung Becker, Secretaria de Justicia Auxiliar Interina de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, y R. Alexander Acosta, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida.
Cadena-Sosa se declaró culpable de dos cargos en una acusación formal sobreviviente que lo acusaba de la conspiración de retener personas en condición de servidumbre involuntaria, y conspiración para reclutar, albergar y transportar a personas extranjeras ilegales conocidas con fines de prostitución y extorsionar cobranzas de crédito prolongado a los extranjeros. Cadena-Sosa enfrenta una sentencia total máxima de 15 años de prisión y una multa de 500,000 dólares. El tribunal anunció hoy que el dictado de la sentencia se realizará el 20 de agosto de 2008.
Cadena-Sosa, ciudadano mexicano de 43 años, conspiraba con miembros de la familia y otros para contrabandear mujeres extranjeras ilegales desde México a los Estados Unidos, con el objeto de retener a las mujeres y a las niñas en condiciones de servidumbre en burdeles de propiedad de los conspiradores o manejados por ellos. Utilizando medios de intimidación, violencia y amenazas de daño físico, los conspiradores forzaban a las mujeres y a las niñas a trabajar en los burdeles de los conspiradores hasta que éstas hubiesen cancelado sus deudas por el contrabando.
En 1998, 16 demandados fueron acusados mediante una acusación formal sobreviviente en esta materia. Cadena-Sosa continuó prófugo en este caso hasta que fue extraditado desde México a los Estados Unidos en noviembre de 2007. Nueve acusados, incluyendo a Cadena-Sosa, han sido hallados culpables por un tribunal federal de los Estados Unidos. Un acusado fue condenado por un tribunal del Estado de Florida por cargos emergentes de esta operación delictiva. Otro acusado fue condenado en México por cargos relacionados. Un tercer acusado murió mientras estaba prófugo. Finalmente, tres acusados continúan prófugos.
"El acusado conspiraba para atraer con engaños a mujeres y niños a los Estados Unidos con falsas promesas de una vida mejor, solamente para retenerlos en una condición de servidumbre involuntaria en burdeles ubicados en Florida y Carolina del Sur," dijo la Secretaria de Justicia Auxiliar Interina Grace Chung Becker. "Evadió la justicia durante años, pero el Departamento de Justicia no descansó y, con la cooperación del gobierno mexicano, ahora fue traído ante la justicia."
"Las personas que trafican con mujeres y niños comercian con la miseria humana," dijo R. Alexander Acosta, Fiscal Federal. "A pesar de los esfuerzos del acusado para permitir que el paso del tiempo disminuya sus delitos, seguimos comprometidos en nuestra labor hasta ver que estos delincuentes sean traídos ante la justicia."
Los enjuiciamientos de tráfico de personas como este son una de las principales prioridades del Departamento de Justicia. En los últimos siete años fiscales, la División de Derechos Civiles, en conjunto con Fiscalías Federales, ha logrado un aumento de más de siete veces en el número de casos de tráfico de personas presentados en tribunales en comparación con los siete años anteriores. En el año fiscal 2007, el Departamento obtuvo un número récord de condenas en enjuiciamientos de tráfico de personas.
Al anunciar la declaración de culpabilidad, la Secretaria de Justicia Auxiliar Interina Becker, y el Fiscal Federal Acosta, elogiaron al FBI, la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, el Buró del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el Buró de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la Oficina del Alguacil del Condado de Palm Beach, el Departamento de Policía de Avon Park, el Departamento de Policía de Boynton Beach, y la Oficina del Alguacil del Condado de Lee, por su trabajo en esta investigación y enjuiciamiento cooperativos.
Representaron al gobierno en la causa la Fiscal Federal Auxiliar Jennifer Millien y el abogado de la División de Derechos Civiles Jim Felte.
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