WASHINGTON – Un desarrollador de tierras y un contratista han acordado realizar un acuerdo conciliatorio en resolución de supuestas violaciones de la Ley de Agua Limpia por demoler, rellenar y desviar aproximadamente cinco millas del Río Santa Cruz, una importante vía fluvial de Arizona, anunciaron hoy el Departamento de Justicia y la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU.
De acuerdo con el acuerdo conciliatorio, el desarrollador George H. Johnson, sus empresas Johnson International, Inc., y General Hunt Properties, Inc., y un contratista de limpieza de tierras, 3-F Contracting, Inc. pagarán una multa civil total de 1.25 millones de dólares. La multa es la mayor obtenida en la historia de la Región Sudoeste del Pacífico de la Agencia de Protección Ambiental [Environmental Protection Agency (EPA)], y una de las mayores de la historia de la EPA, bajo la Sección 404 de la Ley de Agua Limpia, la cual protege contra el rellenado no autorizado de vías fluviales con protección federal, a través de un programa de permisos administrado conjuntamente por la EPA y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU.
El acuerdo conciliatorio resuelve una denuncia asociada a la Ley de Agua Limpia presentada en 2005 por el Departamento de Justicia y la EPA contra Johnson y sus empresas por limpiar y rellenar un trecho amplio del bajo Río Santa Cruz, y un afluente importante, en Los Robles, Wash, sin el permiso del Cuerpo de Ingenieros.
"Una multa de siete cifras en este tipo de caso de coacción prácticamente no tiene precedentes", dijo Ronald J. Tenpas, Secretario de Justicia Auxiliar de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia. "Resalta el compromiso del Departamento de Justicia de hacer valer las leyes de la nación que protegen a los recursos de agua valiosos en Arizona y otros estados occidentales áridos, y hacer pagar a los violadores de dichas leyes".
"El Río Santa Cruz es una joya en el centro de Arizona, ya que fluye de Arizona a México y nuevamente a Arizona, brindando sostenimiento a la vida, un hábitat para animales y plantas, y muchísimos beneficios a los residentes del sur de Arizona", dijo Alexis Strauss, director de la División de Agua de la Región Sudoeste del Pacífico de la EPA. "Este acuerdo conciliatorio refleja tanto el énfasis fuerte colocado por la EPA en proteger esta importante vía fluvial como la gravedad de las supuestas violaciones".
"Las acciones de hoy contribuyen para los resultados de coacción sin precedentes de la EPA", dijo Granta Nakayama, administrador auxiliar de la Oficina de Coacción y Garantía de Cumplimiento de la EPA. "Hasta la fecha, la EPA ha concluido acciones de coacción que requieren que los contaminadores inviertan un estimado de 11 mil millones de dólares en proyectos de control de la contaminación, limpieza y ambientales, lo cual representa un record para la EPA. Una vez concluidas estas actividades, la EPA espera reducciones anuales de la contaminación de más de tres mil millones de libras".
Las supuestas violaciones ocurrieron en 2003 y principios de 2004, cuando los demandados demolieron 2000 acres del histórico Rancho King y el Rancho La Osa en el Condado de Pinal, Ariz. Las áreas demolidas se encuentran en las tierras activas susceptibles de inundación más grandes del bajo Río Santa Cruz, la cual serpentea a través de los dos ranchos en trenzas naturales, lo cual es una rareza para esta vía fluvial fuertemente canalizada. Antes de las actividades de limpieza de tierras realizadas por los demandados, este tramo del Río Santa Cruz contenía una gran variedad de vegetación, incluida una de las pocas florestas de mezquite amplias que quedaban en la región del Desierto Sonora de Arizona. Estas áreas forman un corredor crítico para el movimiento de la fauna a lo largo del Río Santa Cruz y del Parque Estatal Picacho Peak al Monumento Nacional de la Floresta de Ironwood.
El caso fue referido a la EPA por el Cuerpo de Ingenieros después de que ciudadanos, tribus y agencias locales, estatales y federales preocupados se quejaron de los peligros graves de inundación y el impacto ecológico asociado a las actividades de limpieza de tierras llevadas a cabo por los demandados. Los demandados Johnson vendieron los ranchos en 2004.
El decreto por consentimiento propuesto, presentado en el Tribunal Federal de Distrito en Phoenix, está sujeto a un periodo de 30 días para comentarios y aprobación final del tribunal. Se encuentra una copia del decreto por consentimiento propuesto en el portal del Departamento de Justicia en www.usdoj.gov/enrd/Consent_Decrees.html.
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