DIVISIÓN DE MCWANE, INC. SENTENCIADA A $4,25 MILLONES EN MULTAS PENALES Y SERVICIO COMUNITARIO POR DELITO ASOCIADO A LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES Y EL MEDIO AMBIENTE

Las instalaciones de Union Foundry de McWane, Inc. se declaran culpables de violación de norma de la OSHA que resultó en la muerte de un empleado

WASHINGTON, D.C. - Union Foundry Company, una división de McWane, Inc., una empresa que opera fundiciones de hierro en varias localidades del país, fue sentenciada ayer a $4,25 millones en multas penales y servicio comunitario, después de haberse declarado culpable de dos cargos en el Distrito Norte de Alabama, anunciaron el Departamento de Justicia y la Agencia de Protección del Medio Ambiente [Environmental Protection Agency (EPA)]. Las declaraciones de culpabilidad y sentencia fueron el resultado de la investigación de contravenciones asociadas a la seguridad del trabajador y el medio ambiente en las instalaciones de Union Foundry en Anniston, Alabama. Las violaciones mencionadas en la información de dos cargos revelada la semana pasada, se referían a las operaciones de las instalaciones de diciembre de 1997 a agosto de 2000.

La división Union Foundry de McWane se declaró culpable del primer cargo de la información, admitiendo la violación deliberada de una norma de seguridad de la Administración de Seguridad y Salud Laboral [Occupational Safey and Health Administration (OSHA)], y que dicha violación deliberada resultó en la muerte de un empleado. Más específicamente, entre el 17 de marzo de 2000 y el 22 de agosto de 2000, la empresa permitió que sus empleados trabajaran en una cinta transportadora que no contaba con la protección de seguridad exigida por las normas de seguridad de la OSHA. El 22 de agosto de 2000, el empleado de mantenimiento Reginald Elston quedó atascado en una polea de la cinta transportadora y murió aplastado.

La división de Union Foundry de McWane también se declaró culpable del segundo cargo de la información, reconociendo que violó, a sabiendas, la Ley de Recursos, Conservación y Recuperación [Resource, Conservation and Recovery Act (RCRA)], al permitir que empleados trataran residuos peligros ilegalmente en sus instalaciones, sin contar con un permiso. El proceso de manufactura utilizado por el establecimiento consistió en derretir chatarra de metal ferroso en un horno de cubilote refrigerado con agua. El proceso de derretimiento generó cantidades significativas de polvo con contenido de plomo y cadmio, que fueron emitidas al aire y son consideradas residuos peligrosos de acuerdo con la RCRA. El polvo era capturado en grandes estructuras de filtraje conocidas como cámaras de filtros de bolsa. Luego, McWane permitió que sus empleados trataran el polvo contaminado en las instalaciones de Union Foundry, sin contar con un permiso.

"Ésta es la segunda vez que una división de McWane se declara culpable de cargos que alegan indiferencia sistemática a las leyes de seguridad y medio ambiente", dijo el Secretario de Justicia Adjunto Interino de los Estados Unidos de la División del Medio Ambiente y Recursos Naturales Kelly A. Johnson. "Este caso es especialmente atroz, ya que incluye la muerte de un empleado. Nos comprometemos a asegurar que los delitos ecológicos en el lugar de trabajo, especialmente aquellos que representen un peligro para los empleados, reciban castigos severos que disuadan a los demás de incurrir en dichas prácticas".

La división Union Foundry de McWane fue sentenciada a pagar una multa penal de $3,5 millones y a un período de tres años de libertad condicional. Las instalaciones de Union Foundry están sujetas, actualmente, a una serie de decretos de consentimiento emitidos por el Departamento de Administración del Medio Ambiente [Department of Environmental Management (ADEM)] de Alabama. La violación de cualquiera de estos decretos de consentimiento o normas y leyes asociadas al medio ambiente podría constituir una violación de la libertad condicional para la compañía matriz. Además, la división Union Foundry de McWane fue sentenciada a pagar $750.000 para un proyecto de servicio comunitario, aprobado por el Departamento de Justicia, con el objetivo de remediación asociada a la seguridad del trabajador o el medio ambiente en el área de Anniston. Si el Departamento no da su aprobación, se exigirá a la división Union Foundry de McWane que pague los $750.000 como multa penal adicional.

"La seguridad de cada uno de los empleados debe estar en primer lugar en la mente de una empresa, y la violación deliberada por McWane de normas de seguridad de la OSHA, con una muerte como resultado, debe ser sancionada", dijo la Fiscal Federal Alice H. Martin. "La declaración de culpabilidad y sentencia de hoy responsabilizan a McWane por la seguridad de sus trabajadores y los daños ecológicos llevados a cabo en Anniston".

En marzo de 2005, Tyler Pipe Company, una división de McWane, Inc., se declaró culpable de presentar una declaración falsa y violar la Ley del Aire Puro. Tyler Pipe acordó pagar una multa penal de $4,5 millones y está sujeta a un período de libertad condicional de cinco años. Como parte del acuerdo, Tyler Pipe también debe realizar mejoras significativas en sus instalaciones como condición de la libertad condicional. El costo estimado de las mejoras a ser realizadas en las instalaciones de Tyler Pipe es de hasta $24 millones.

En junio de 2005, en Birmingham, Alabama, McWane, Inc. y el antiguo vicepresidente y gerente general de McWane Cast Iron Pipe Company, James Delk, fueron encontrados culpables de conspiración para violar la Ley del Agua Limpia y de violar la Ley del Agua Limpia, al permitir el flujo de aguas residuales de procesos industriales hacia dentro del Arroyo Avondale en Birmingham, a través desagües de aguas pluviales, violando su permiso. Charles "Barry" Robison, Vicepresidente de Asuntos asociados al Medio Ambiente en McWane, Inc., también fue encontrado culpable de presentar una declaración falsa a la EPA. La fecha en que se dictará sentencia para este caso será el 25 de octubre de 2005.

El caso de la división Union Foundry de McWane resuelto hoy fue investigado por Agentes Especiales de la EPA, con la asistencia del FBI. El Abogado Litigante Superior Daniel Dooher, Abogado Litigante Superior Christopher Costantini de la Sección de Delitos asociados al Medio Ambiente [Environmental Crimes Section (ECS)] del Departamento de Justicia de EE.UU., y el Fiscal Adjunto Robert O. Posey llevaron la acusación del caso.

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