WASHINGTON – El ex luchador profesional Harrison Norris Jr., 42, alias “Hardbody Harrison,” de Cartersville, Ga., fue sentenciado hoy a prisión perpetua y libertad bajo supervisión de por vida por cometer múltiples violaciones de las leyes federales de tráfico sexual y trabajos forzados, en conexión con un ardid para forzar a mujeres a ejercer la prostitución. También fue sentenciado a pagar un cargo especial de 2,400 dólares.
"Estas víctimas vulnerables estadounidenses fueron atraídas por la falsa promesa de que recibirían entrenamiento como luchadoras profesionales y sufrieron abusos físicos, sexuales y psicológicos horribles", dijo Grace Chung Becker, Secretaria de Justicia Auxiliar Interina de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. "Felicito a estas mujeres por realizar la denuncia y ayudar al Departamento a responsabilizar a quienes exhibieron semejante conducta vergonzosa".
El Fiscal Federal David E. Nahmias dijo de la sentencia, "El demandado Norris administró una red de prostitución forzada, en la cual se agredía sexualmente a mujeres, se les imponían deudas y se las obligaba a trabajar y realizar actos sexuales contra su voluntad. Esta conducta atroz merece las sentencias estrictas emitidas hoy. El tráfico de personas elimina la libertad personal de elegir y puede tener efectos psicológicos duraderos en las víctimas. En este caso, numerosas víctimas tuvieron el coraje de denunciar el hecho y atestiguar en juicio contra su captor y abusador, el demandado Norris. El jurado específicamente encontró que el demandado Norris había cometido abuso sexual agravado, y el juez emitió una sentencia que debe disuadir a otras personas a explotar a otros seres humanos".
Norris fue sentenciado a prisión perpetua y libertad bajo supervisión de por vida, y se le ordenó pagar una multa de 2,400 dólares. Norris fue condenado el 22 de noviembre de 2007 por 24 cargos, incluido un cargo de conspiración, cuatro cargos de esclavizar a mujeres; cinco cargos de trabajo forzado; cinco cargos de tráfico con respecto a esclavitud; cinco cargos de tráfico sexual comercial; tres cargos de manipulación de testigos; y un cargo de obstrucción de la realización de una investigación de esclavitud. El peonaje es una condición de servidumbre involuntaria impuesta para recibir el pago de una deuda.
Desde 2001, Norris venía administrando un negocio de prostitución en el área de Atlanta, Ga. Entre abril de 2005 y agosto de 2005, Norris y su coconspiradora Aimee Allen, reclutaron y forzaron a mujeres, muchas de ellas pobres, sin techo o adictas a drogas, a trabajar para Norris como prostitutas y sirvientas en sus dos hogares de Cartersville, Ga. Norris atrajo a varias víctimas a sus hogares, prometiendo falsamente que las entrenaría para que pudieran convertirse en luchadoras exitosas en su empresa de luchadoras del sexo femenino. Allen, quien se declaró culpable y colaboró con el gobierno, atestiguó contra Norris en el juicio, luego siendo sentenciada a dos años y 10 meses en prisión. Uno de los principales papeles de Allen en la conspiración fue convencer a las víctimas que la empresa de luchadores de Norris era legítima. De acuerdo con pruebas presentadas en el juicio, otro coconspirador, Cedric Jackson, secuestró a por lo menos una víctima, proveyéndosela a Norris. Jackson fue sentenciado a cinco años en prisión.
Testigos atestiguaron que Norris aislaba a las víctimas, apartándolas de sus familias y amigos, y las monitorizaba en todo momento para evitar que escaparan. El control ejercido por Norris sobre las víctimas incluía una estructura militar estricta que había impuesto en su casa. El demandado asignaba a cada una de sus víctimas un "escuadrón" supervisado por una "líder de equipo", una mujer que conspiraba con Norris para mantener a las víctimas en régimen de esclavitud. Allen era una de las líderes de equipo.
Pruebas presentadas en el juicio establecieron que ocurrieron actos de prostitución forzada en clubes nocturnos hispanos, en apartamentos, hoteles, en la parte de atrás de la camioneta de Norris, y en Carolina del Norte y el norte de Georgia. Las ganancias provenientes del negocio de prostitución forzada de Norris eran cobradas por el mismo y guardadas en su caja fuerte, junto con los documentos de identificación y teléfonos celulares de sus víctimas. Asimismo, las víctimas atestiguaron que fueron obligadas a ejercer actos sexuales con Norris.
Además de forzar a las mujeres a trabajar como prostitutas, Norris obligó a las víctimas a trabajar en y alrededor de sus dos casas en Cartersville, realizando tareas domésticas, incluidos arrastrar árboles, cubrir con césped y pintar. Asimismo, las pruebas presentadas establecieron que Norris aplicaba reglas estrictas y multaba a las mujeres por infracciones como hablar demasiado o dejar de hacer ejercicio. Además, Norris mantuvo a las mujeres en deuda financiera con él al cobrarles comida, alquiler y cigarrillos. Norris luego dijo a las víctimas que no podrían irse hasta haber pagado sus deudas, todo mientras seguía aumentando el valor de la deuda que alegaba que tenían con él.
Los enjuiciamientos de tráfico de personas como este son una de las principales prioridades del Departamento de Justicia. En los últimos siete años fiscales, la División de Derechos Civiles, en conjunto con Fiscalías Federales, ha logrado un aumento de más de siete veces en el número de demandas de tráfico de personas en comparación con los siete años anteriores. En el año fiscal 2007, el Departamento obtuvo un número récord de condenas en enjuiciamientos de tráfico de personas.
Este caso fue investigado por el Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] con la asistencia del Departamento de Policía de Smyrna y la Oficina del Alguacil del Condado de Bartow. Estuvieron a cargo de la acusación en el caso la Fiscal Federal Auxiliar Susan Coopedge y la Abogada Litigante de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia Karima Maloney.
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