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JUEVES, 20 DE MARZO DE 2008
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Las fuerzas del orden público de EE.UU. y Brasil desmantelan organización de fraude de valores por la suma de 50 millones de dólares

WASHINGTON – Un gran jurado federal en Miami emitió hoy una acusación formal de 16 cargos contra Rodrigo Molina, 32, de Miami, y Marcos Macchione, 31, de Aventura, Fla., por su supuesta participación como proveedores de servicios de lavado de dinero en una sofisticada organización internacional de fraude de valores, anunciaron la Secretaria de Justicia Auxiliar Alice S. Fisher de la División de lo Penal y el Fiscal Federal R. Alexander Acosta del Distrito Sur de Florida.

Esta acusación formal es el resultado de importantes operativos de las fuerzas del orden público llevados a cabo el 25 de febrero de 2008, los cuales culminaron en los arrestos de Molina y Macchione en Florida, así como 18 individuos en Brasil. La operación brasileña atrapó al supuesto líder de esta organización delictiva, Doron Mukamal, así como sus socios, asociados y empleados. También fueron arrestados en Brasil "doleiros", o lavadores de dinero, que asistieron a la organización al proveer una maraña complicada de cuentas bancarias que ocultaban rápidamente el dinero enviado por las víctimas. Se alega que Molina y Macchione fueron responsables por la parte estadounidense de las operaciones de los doleiros, manejadas desde Brasil.

"Los estafadores que intenten embaucar a inversionistas alegando que representan a servicios financieros legítimos, serán enérgicamente enjuiciados tanto en EE.UU. como en el exterior", dijo la Secretaria de Justicia Auxiliar Fisher. "Deseo agradecer a todas las dependencias domésticas e internacionales por su labor diligente en el enjuiciamiento enérgico de este caso".

Este caso se refiere a una organización delictiva internacional que utilizó al mercado de valores estadounidense para estafar a inversionistas extranjeros en más de 50 millones de dólares en los últimos tres años. Según alega la acusación formal, esta organización fraudulenta victimizó a inversionistas de empresas "micro cap" estadounidenses a través de una operación que abarcaba a América del Norte y América del Sur. Un equipo compuesto por la Sección de Fraude del Departamento, el Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)], el Servicio de Inspección Postal de EE.UU., la Comisión de Valores y Bolsa [Securities and Exchange Commission (SEC)], el Buró de Valores y la División de Justicia Penal de la Oficina del Secretario de Justicia de Nueva Jersey, la Comisión de Valores de Alabama y la Policía Federal Brasileña llevó a cabo una investigación internacional conjunta de tres años de duración, la cual fue responsable por el desmantelamiento del fraude.

Investigadores de Nueva Jersey intervinieron en el caso en 2005, cuando víctimas de todo el mundo se comunicaron con el Buró de Valores de Nueva Jersey para denunciar que un corredor de valores de Nueva Jersey los había defraudado. Heritage Financial de Trenton, N.J., una de las empresas que los investigadores determinaron ser completamente ficticia, ofreció comprar acciones prácticamente sin valor de inversionistas, pagándoles mucho más de lo que valían las acciones. Poco antes de la supuesta transacción de compra de acciones, el corredor ficticio requería que la víctima pagara algún tipo de cargo por adelantado. Estos cargos eran, supuestamente, para pagar impuestos, pagos de custodia u otros servicios no requeridos en transacciones legítimas. Una vez enviados dichos "cargos" a cuentas bancarias, la mayoría de Miami, los corredores ficticios simplemente abandonaban la transacción. En muchos casos, los inversionistas fueron victimizados nuevamente al comunicarse con el corredor ficticio para preguntar qué había sido de su dinero. En muchas ocasiones, se les dijo que el corredor había ubicado permisos o derechos para comprar más acciones pertenecientes a las víctimas. Dichos permisos eran imaginarios, pero los "corredores" ofrecían pagar sumas adicionales enormes a los inversionistas por los mismos. Nuevamente, atraídos por la promesa de ganancias enormes, los inversionistas remitían pagos adicionales para cargos adicionales ficticios.

Los demandados brasileños utilizaron portales en Internet bien diseñados para llevar a sus víctimas a creer que eran corredores de valores legítimos. Los delincuentes, a fin de llevar a cabo su ardid, robaron las identidades de verdaderos corredores estadounidenses y crearon otros que eran ficticios. En muchos casos, hasta crearon entidades gubernamentales falsas que pregonaban la legitimidad de los corredores ficticios. Asimismo, se utilizaron proveedores de servicios telefónicos "Voice over Internet Protocol" (VoIP); por lo tanto, los corredores ficticios tenían números de teléfonos de EE.UU., aunque estaban ubicados en Brasil y otros países.

Desde 2005, este ardid fraudulento ha sido responsable por la mayor cantidad de denuncias de víctimas recibidas por la Oficina de Educación y Asistencia a los Inversionistas de la SEC. Hasta la fecha, el equipo de investigación ha confiscado y/o congelado varios millones de dólares a través de la investigación. Además de arrestar al líder y gerentes de la organización fraudulenta, el operativo brasileño denominado "Operacao Pirita" invadió una oficina clandestina de corredores ilegítimos ubicada en un hotel de Sao Paulo, llena de estafadores quienes, a través del telemarketing, llevaban a cabo el fraude. Además de los arrestos, la Policía Federal Brasileña, con la asistencia de personal de la Oficina de Valores y la División de Justicia Penal de Nueva Jersey, confiscó 17 armas de fuego, 17 vehículos, drogas, por lo menos una casa, y más de 1.5 millones de dólares en dinero en efectivo y joyas.

Si se los condena, los demandados enfrentan un máximo de 20 años en prisión cada uno. Asimismo, la acusación formal pide la confiscación penal del contenido de varias cuentas bancarias utilizadas para facilitar el lavado del producto del fraude.

Una acusación formal es apenas una acusación. Se supone que los demandados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario más allá de la duda razonable.

El Abogado Litigante Matthew Klecka de la Sección de Fraude de la División de lo Penal estará a cargo de las acusaciones en Miami. La investigación está siendo realizada por el FBI, el Servicio de Inspección Postal de EE.UU., el Buró de Valores de Nueva Jersey, la División de Justicia Penal de Nueva Jersey y la SEC.

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