WASHINGTON – Grace Chung Becker, Secretaria de Justicia Auxiliar Interina de la División de Derechos Civiles; David E. Nahmias, Fiscal Federal para el Distrito Norte de Georgia; Gregory Jones, Agente Especial a Cargo del FBI ; y Richard Pennington, Jefe del Departamento de Policía de Atlanta [Atlanta Police Department (APD)], anunciaron hoy que Jimmie Lee Jones, también conocido como “Mike Spade,” 32, de Stone Mountain, Ga. fue sentenciado a cumplir 15 años de prisión por cargos federales de conspirar para realizar actividades de tráfico sexual y transportar a mujeres jóvenes a otros estados con el objetivo de prostituirlas.
La sentencia de Jimmie Jones a 15 años de prisión estará seguida por tres años de libertad bajo supervisión. Jones también debe pagar 60,600 dólares en restitución a seis víctimas.
"Este caso demuestra que el tráfico de personas puede ocurrir en cualquier momento y lugar, y contra cualquier víctima vulnerable, entre ellas ciudadanos estadounidenses y estudiantes universitarios", dijo Grace Chung Becker, Secretaria de Justicia Auxiliar Interina de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. "El Departamento de Justicia está comprometido a rescatar a víctimas del tráfico de personas y garantizar que quienes cometen estos delitos sean llevados ante la justicia".
"La sentencia del demandado Jones deja un mensaje claro de que quienes trafican con personas serán castigados duramente", dijo el Fiscal Federal David E. Nahmias. "El demandado Jones acechó a muchas jóvenes estadounidenses que creyeron su ardid fraudulento de ´modelaje´, firmaron contratos en los que le debían dinero al demandado, y luego se veían obligadas a prostituirse para pagar las sumas debidas por contrato. El caso salió a la luz cuando dos víctimas juntaron coraje, dieron un paso al frente e informaron los delitos de Jones al APD, cuya fuerza de tarea asociada al tráfico de personas trabajó codo a codo con el Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] para llevar justicia a las víctimas".
Según el expediente judicial, desde 2000 hasta 2005, Jones conspiró para obligar a seis víctimas, identificadas solo con iniciales, a participar en actos sexuales comerciales mediante el uso de la fuerza, el fraude y la coacción. Además, Jones hizo que dos víctimas menores de edad participaran en actos sexuales comerciales, aun sabiendo que las víctimas eran menores de 18 años. Jones atrajo y reclutó a las víctimas menores y adultas para la prostitución con promesas de modelaje legítimo o trabajo como bailarinas exóticas, y usó la violencia física, amenazas de violencia, engaño y otras formas de coacción para obligar a las víctimas a trabajar como prostitutas. Jones se declaró culpable justo antes del inicio de su juicio en agosto de 2007.
Muchas víctimas estaban presentes en el momento de la sentencia y testificaron que Jones las obligó a participar en actos sexuales, entre ellos sexo oral y penetración vaginal, con él y otras personas, pegándoles y amenazando con pegarles. Una víctima presentó su declaración al tribunal, en la que se subrayaba el abuso que ella había sufrido en manos de Jones y se afirmaba que Jones era "un hombre cruel y manipulador cuya vida giraba en torno a la explotación sexual, emotiva, física y psicológica de mujeres jóvenes". Ella afirmó que su vida se había caído a pedazos y que incluso había considerado suicidarse en más de una ocasión para escapar a la brutalidad de Jones.
Los enjuiciamientos de tráfico de personas como este son una de las principales prioridades del Departamento de Justicia. En los últimos siete años fiscales, la División de Derechos Civiles, en conjunto con Fiscalías Federales, ha logrado un aumento de más de siete veces en el número de demandas de tráfico de personas en comparación con los siete años anteriores. En el año fiscal 2007, el Departamento obtuvo un número récord de condenas en enjuiciamientos de tráfico de personas.
El caso fue investigado por agentes especiales del Buró Federal de Investigaciones y agentes del Departamento de Policía de Atlanta, Fuerza de Tarea contra el Tráfico de Personas. Estuvieron a cargo de la acusación en el caso la Abogada Litigante de la División de Derechos Civiles Karima Maloney y la Fiscal Federal Auxiliar Susan Coppedge.
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