WASHINGTON – El residente en Miami, Juan Carlos Castañeda, 47, se declaró culpable hoy de participar en una conspiración para lavar aproximadamente 3.8 millones de dólares del producto de varios ardides de fraude contra medicare, anunciaron el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Matthew Friedrich de la División de lo Penal y el Fiscal Federal R. Alexander Acosta del Distrito Sur de Florida. Castañeda se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero ante el Juez Federal de Distrito Federico Moreno en Miami. La lectura de la sentencia fue programada para el 7 de noviembre de 2008.
En conexión con su declaración de culpabilidad,
Castañeda admitió que, aproximadamente en junio de 2003, aceptó auxiliar a su codemandada Dilcia
Marínez y otros en el lavado de dinero del producto de fraude cometidos contra Medicare, obtenidos a través de G&S Medical Center Inc. (G&S), una clínica de Miami que alega especializarse en el tratamiento de pacientes con VIH.
Castañeda admitió que sabía que G&S presentaba reclamos fraudulentos al programa de Medicare de servicios para el VIH supuestamente provistos a beneficiarios de Medicare y admitió que acordó auxiliar a
Marínez y otros a ocultar su control de fondos de Medicare obtenidos por G&S.
Castañeda fue acusado formalmente el 22 de mayo de 2008.
De acuerdo con los documentos de su declaración de culpabilidad, Castañeda admitió que instruyó a Marínez que emitiera cheques contra las cuentas bancarias de G&S en nombre de diversas compañías, muchas de las cuales eran empresas falsas, por sumas inferiores a 10,000 dólares. Castañeda admitió que sabía que los cheques emitidos en nombre de empresas y cobrados por sumas inferiores a 10,000 dólares no estarían sujetos a exigencias de informe de transacción de moneda. Castañeda admitió que luego cobrara los cheques de G&S, típicamente con compañías falsas figurando como beneficiarias, en un establecimiento de cobro de cheques de Miami, la cual pagaba una tarifa del dos por ciento. Luego, Castañeda cobraba a Marínez una tarifa total del 10 por ciento de los fondos lavados, con lo cual Castañeda se quedaba con el ocho por ciento del valor de los cheques cobrados. Castañeda admitió que también depositaba cheques de G&S emitidos en nombre de empresas que controlaba, incluidos Proline Investments Inc., New Millennium Investments Inc. y Waterfront Vacation Rental Inc., y que luego sacaba el efectivo, menos una tarifa del 10 por ciento, y devolvía el efectivo a Marínez. En total, Castañeda lavó aproximadamente 1.8 millones de dólares del producto del fraude contra Medicare en G&S.
Después del cierre de G&S en enero de 2004, Castañeda admitió que conspiró con terceros para lavar fondos adicionales para otra clínica para el VIH, Best Medical Inc. (Best Medical). Best Medical, como G&S, presentaba facturas fraudulentas al programa de Medicare de servicios de infusión para el VIH que eran médicamente innecesarios y servicios que nunca fueron provistos. Castañeda admitió que estaba activamente involucrado en la administración y el control de Best Medical, y que lavó fondos para ocultar su control y el control de sus coconspiradores de los fondos obtenidos ilícitamente. Entre aproximadamente marzo de 2004 y diciembre de 2004, Castañeda admitió haber cobrado cheques de Best Medical en diversos establecimientos de cobro de cheques en Miami utilizando el mismo método que había empleado en G&S. Luego, Castañeda distribuyó el dinero en efectivo entre sí mismo y sus coconspiradores en Best Medical, a fin de ocultar la titularidad y el control de los fondos. Entre aproximadamente marzo de 2004 y diciembre de 2004, Castañeda lavó aproximadamente 2 millones de dólares del producto de fraude cometido contra Medicare en Best Medical.
En un caso relacionado, los hermanos Carlos, Luis y José Benítez fueron acusados formalmente el 11 de junio de 2008 por su papel en un ardid de fraude y lavado de dinero asociado con infusiones a pacientes con VIH por un valor de 110 millones de dólares. La acusación formal alega que los hermanos Benítez fueron los autores intelectuales de un gigantesco fraude de infusión para VIH en todo el sur de Florida con al menos 11 clínicas y que habían lavado las ganancias de sus delitos. Los tres hermanos Benítez siguen fugitivos. De acuerdo con la acusación formal, Carlos y Luis Benítez eran los verdaderos propietarios de G&S.
En julio de 2007, Castañeda se declaró culpable, sin un acuerdo de declaración de culpabilidad, de todos los cargos de una acusación formal separada que acusaba a Castañeda de conspirar para pagar comisiones ilícitas en efectivo a 72 propietarios de empresas de equipos médicos durables (EMD) a cambio de recetas de medicamentos en aerosol compuestos. Castañeda facturó a Medicare por estos medicamentos a través de International Surgical-Med Pharmaceuticals Corporation, una farmacia en Miami de la que era propietario y administrador, y luego pagaba el 50 por ciento de los pagos de Medicare a los propietarios de las empresas de EMD en forma de comisiones ilícitas. En la sentencia, el tribunal determinó que Castañeda recibió más de 4.5 millones de dólares de Medicare y pagó comisiones ilegales quincenales por un total de 2,040,500 dólares a propietarios de empresas de EMD como parte del ardid. Castañeda está cumpliendo actualmente la sentencia de prisión de 63 meses que recibió el 28 de marzo de 2008 en conexión con estos delitos.
Están a cargo de la acusación en el caso Hank Bond Walther y John K. Neal de la Sección de Fraude de la División de lo Penal. El vaso fue investigado por el Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.
Las demandas fueron entabladas como parte de la Fuerza de Ataque al Fraude contra Medicare, supervisada por el Jefe Adjunto Kirk Ogrosky de la Sección de Fraude de la División de lo Penal y el Fiscal Federal Acosta del Distrito Sur de Florida. Los fiscales federales han emitido 82 acusaciones formales en 82 casos con 142 demandados en el sur de Florida desde que las investigaciones se iniciaron durante el periodo de las operaciones de la fuerza de ataque entre marzo y octubre de 2007. En conjunto, estos demandados facturaran fraudulentamente al programa Medicare más de 492 millones de dólares.
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