WASHINGTON – Un gran jurado federal en San Juan, Puerto Rico, emitió hoy una acusación formal contra el Gobernador de Puerto Rico Aníbal Acevedo Vilá, una consejera principal y un ex director de campaña por fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero, anunciaron el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Matthew Friedrich de la División de lo Penal y la Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico Rosa Emilia Rodríguez-Vélez. La acusación formal de hoy ocurre después de una acusación anterior emitida el 24 de marzo de 2008, la cual acusa a los mismos demandados de otros delitos relacionados.
La acusación formal compuesta por cinco cargos emitida hoy en el Tribunal Federal de Distrito en Puerto Rico, acusa a Acevedo Vilá, 46, de San Juan; Luisa Inclán Bird, 47, de Guaynabo, Puerto Rico; y Miguel Nazario Franco, 61, de San Juan de fraude electrónico de servicios honestos y conspiración para cometer lavado de dinero. Acevedo Vilá fue el Comisionado Residente de Puerto Rico en la Cámara de Representantes de EE.UU. entre 2001 y 2005, y es Gobernador de Puerto Rico desde 2005. Inclán Bird, una abogada, era la consejera legal de la Oficina del Comisionado Residente de San Juan cuando el demandado Acevedo Vilá era Comisionado Residente y voluntario en el departamento financiero de la campaña electoral de 2004 de Acevedo Vilá. Actualmente, Inclán Bird es consejera principal del Gobernador Acevedo Vilá. Nazario Franco, un empresario de Puerto Rico, fue director del departamento financiero de la campaña electoral de Acevedo Vilá de 2004.
De acuerdo con la acusación formal, los cargos se concentran en dos modos de conducta relacionados. El primero, en los cargos uno a cuatro, alega que los demandados privaron a los ciudadanos de Puerto Rico de los servicios honestos de Acevedo Vilá como Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Específicamente, la acusación formal alega que, durante su campaña para gobernador, y después de haber sido electo y de haber asumido el cargo, Acevedo Vilá y otros relacionados con su campaña solicitaron y recibieron aproximadamente 250,000 dólares de un empresario local, denominado "Colaborador 18", en beneficio de Acevedo Vilá y su campaña. Asimismo, la acusación formal alega que, durante su periodo como gobernador, Acevedo Vilá participó en acciones oficiales con la finalidad de beneficiar los intereses comerciales del Colaborador 18, sin revelar la naturaleza y el alcance de su relación financiera con el Colaborador 18.
En la acusación formal, el cargo cinco establece el segundo modo de conducta relacionado y alega que los demandados conspiraron para conducir transacciones financieras con los fondos ilegales proporcionados por el Colaborador 18. Estas transacciones fueron diseñadas para ocultar y disimular la naturaleza y la fuente del dinero, el cual era el producto del fraude de servicios honestos alegado en los cargos anteriores. La acusación formal también alega que la empresa de medios utilizada por la campaña de Acevedo Vilá creó aproximadamente 250,000 dólares en facturas falsas, las cuales fueron entregadas a la compañía del Colaborador 18 como comprobante de que la empresa de medios había prestado servicios de buena fe cuando, de hecho, no había realizado ningún trabajo para el Colaborador 18 y su compañía. Estas facturas fueron diseñadas para ocultar el hecho de que los 250,000 dólares, que luego pagó la empresa del Colaborador 18 y fueron utilizados para pagar deudas incurridas por la campaña, era el producto del fraude de servicios honestos cometido por los demandados.
Si se los condena por los cargos uno a cuatro, cada demandado enfrenta un máximo de 20 años en prisión y una multa de 250,000 dólares. Si se los condena por el quinto cargo, cada demandado enfrenta un máximo de 20 años en prisión y una multa del doble del valor de la propiedad asociada a la transacción ó 500,000 dólares - de los anteriores, el de mayor monto.
Están a cargo de la acusación en el caso la Fiscal Federal Auxiliar Primera María A. Domínguez y el Fiscal Federal Auxiliar Ernesto López del Distrito de Puerto Rico, así como los Abogados Litigantes Daniel A. Schwager, Ethan H. Levisohn y Peter M. Koski de la Sección de Integridad Pública de la División de lo Penal. La Sección de Integridad Pública está encabezada por el Jefe William M. Welch, II. El caso está siendo investigado por el Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] y Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)], con la asistencia y colaboración de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
La investigación de corrupción asociada y otros delitos es constante en el Distrito de Puerto Rico. Una acusación formal es una acusación de conducta delictiva, no una prueba. El demandado se presume inocente, a menos que se lo condene con la debida garantía procesal.
###
08-733