WASHINGTON – El ex Director de la División de Protección Ambiental del Departamento de Planeamiento y Recursos Naturales [Department of Planning and Natural Resources (DPNR)] de las Islas Vírgenes Estadounidenses se declaró culpable de conspirar para defraudar al gobierno de las Islas Vírgenes por un valor aproximado de 1.4 millones de dólares, anunciaron hoy la Secretaria de Justicia Auxiliar de la División de lo Penal Alice S. Fisher y el Fiscal Federal Anthony J. Jenkins del Distrito de las Islas Vírgenes.
Hollis L. Griffin, 43, se declaró culpable ante el Juez del Tribunal Federal de Distrito Clarence Cooper en Atlanta, Ga. Enfrenta una sentencia mínima de cinco años de prisión, una multa de 250,000 dólares y confiscación por un valor de 1.4 millones de dólares. La lectura de la sentencia ha sido programada para el 19 de diciembre de 2006 a las 8:30 a.m.
Griffin fue acusado anteriormente en el Distrito de las Islas Vírgenes el 21 de junio de 2006, junto con el ex empleado del Cuartel de Bomberos de las Islas Vírgenes Earl E. Brewley y Esmond J. Modeste, el supuesto Gerente de Proyecto de una compañía ficticia llamada Elite Technical Services (Elite), de participar en un elaborado ardid de sobornos y comisiones ilícitas para defraudar al gobierno territorial por un valor aproximado de 1.4 millones de dólares en fondos federales y locales. Brewley y Modeste se declararon culpables de los cargos ante el Juez Federal de Distrito Curtis V. Gomez el 12 de julio de 2006. La lectura de la sentencia está programada para el 15 de noviembre de 2006. A pedido de Griffin, el caso en su contra fue transferido al Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Norte de Georgia para el propósito de una declaración de culpabilidad y la sentencia correspondiente.
Según documentos del tribunal, a principios del año 2000, Griffin, Brewley, Modeste y otros formaron Elite y luego usaron la compañía ficticia, así como también otras compañías, para solicitar que se les otorgaran al menos siete contratos gubernamentales por un valor aproximado de 1.4 millones de dólares. Si bien casi no se realizaron trabajos a raíz de los contratos—los cuales fueron otorgados por el DPNR y el Departamento de Propiedad y Compra [Department of Property and Procurement (DP&P)] de parte del DPNR y el Cuartel de Bomberos de las Islas Vírgenes—se realizaron pagos de más de 1.1 millones de dólares a Elite y otras compañías. Una vez pagadas las ganancias del contrato a Elite y las otras compañías, Brewley, Modeste y otros pagaron sobornos y comisiones ilícitas por un total de 300,000 y 350,000 dólares al menos a cuatro funcionarios del gobierno territorial, entre los que se encontraba Griffin.
Griffin, así como Brewley y Modeste, se declaró culpable de participar en una conspiración de cinco años para cometer soborno respecto de programas que recibían fondos federales, fraude postal en servicios honestos, y estructurar transacciones de divisas, todo lo cual viola la ley federal. Muchos de los contratos cuestionados eran financiados con fondos federales y tanto el DPNR como el Cuartel de Bomberos recibieron asignaciones anuales de fondos federales para financiar tales programas y contratos. Se alega que Brewley, Modeste y otros realizaron una serie de retiros de efectivo de 9,900 dólares—que sumaron un total de 350,000 dólares—después de depositar las ganancias del contrato en FirstBank, Wachovia, y Banco Popular. Al igual que Brewley y Modeste, Griffin admitió que estos retiros de efectivo fueron hechos para pagar los sobornos y las comisiones ilícitas en efectivo para evitar que los bancos presentaran Informes de Transacción de Divisas.
Este caso está siendo enjuiciado conjuntamente por Armando O. Bonilla de la Sección de Integridad Pública de la División de lo Penal y el Fiscal Federal Auxiliar Ejecutivo Major R. Coleman de las Islas Vírgenes. La fuerza de tarea que investiga este caso está compuesta por agentes del Buró Federal de Investigaciones, el Departamento del Tesoro de los EE.UU./Servicios de Impuestos Internos, el Servicio de Inspección Postal de los EE.UU. y la Oficina del Inspector General de la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. La Oficina del Inspector General de las Islas Vírgenes también contribuyó con esta investigación.
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