OFFICE DEPOT PAGA $4.75 MILLONES A LOS ESTADOS UNIDOS PARA
RESOLVER LAS ACUSACIONES RELATIVAS A LA LEY SOBRE DECLARACIONES FALSAS

WASHINGTON, D.C. - El Departamento de Justicia anunció hoy que Office Depot, Inc. ha pagado $4.75 millones a los Estados Unidos para llegar a un acuerdo de resolución de las acusaciones de haber presentado declaraciones falsas cuando vendió productos de artículos de oficina fabricados en países no permitidos por la Ley de Convenios Comerciales a agencias gubernamentales de los Estados Unidos.

El acuerdo resuelve acusaciones de que Delray Beach, una compañía con sede en Florida, vendió productos de países, tales como China y Taiwán, que no tienen convenios comerciales bilaterales con los Estados Unidos. Según su contrato con la Administración de Servicios Generales (General Services Administration, GSA), se requería que Office Depot previniera que tales artículos fueran ofrecidos en venta a las agencias gubernamentales de los Estados Unidos.

“Los contratistas federales serán considerados responsables por sus prácticas de facturación”, dijo Peter D. Keisler, Secretario de Justicia Adjunto de los Estados Unidos para la División de lo Civil del Departamento de Justicia. “Este acuerdo de resolución es un ejemplo de la determinación del Departamento para asegurar que los fondos federales estén protegidos contra el fraude y el abuso”.

Este caso fue registrado por Safina Office Products y dos de sus ejecutivos, Edward Wilder y Robert Hsi Chou Lee, en enero de 2003, en el Tribunal Federal de Primera Instancia para el Distrito de Columbia bajo las disposiciones qui tam, o de denunciantes de prácticas ilegales, de la Ley sobre Declaraciones Falsas. Safina, Wilder y Roberts recibirán conjuntamente $712,500 de la recuperación total como su adjudicación legal. Bajo las disposiciones de denunciantes de prácticas ilegales de la Ley sobre Declaraciones Falsas, las partes particulares pueden entablar una acción en nombre de los Estados Unidos y recibir una porción de la recaudación de un acuerdo de resolución o de un fallo dictado contra un acusado.

El acuerdo de resolución fue el resultado de una investigación realizada por la División de lo Civil del Departamento de Justicia, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia, y la Oficina del Inspector General de la Administración de Servicios Generales. En mayo de 2005, el Departamento de Justicia llegó a un acuerdo de resolución de $9.8 millones con Office Max, Inc. fundamentado en las mismas acusaciones.

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